Parálisis absoluta en la obra pública

A comienzos de año llegaban malas noticias para el sector de la obra pública en Cantabria: el Estado, acuciado por las dificultades para cumplir los límites de endeudamiento exigidos por sus socios comunitarios, decidía paralizar muchas de las obras que estaba acometiendo. Cantabria resultó especialmente afectada, o al menos así lo entendieron los empresarios locales, el Partido Popular y el PRC. Lo que no cabía imaginar, por entonces, es que tres meses después las obras municipales recorrerían el mismo camino y a partir de junio las regionales. Y no por una decisión expresa de la Consejería, sino por el cerrojazo a las nuevas licitaciones.
La situación es dramática para todo el sector, aunque por el momento sólo se han atrevido a explicitarla los excavadores. Ni la CEOE ni la patronal de Promotores y Constructores han querido pronunciarse, probablemente por la situación de crisis que han atravesado ambas. Pero también es sintomático que ninguno de los tres candidatos que se presentaban a la presidencia de los constructores, tras la dimisión de González Cuevas, haya hecho manifestaciones contundentes al respecto.
Nadie quiere indisponerse con el nuevo Gobierno regional, pero la realidad acosa a todos. Las obras que se sacan a licitación son tan pocas que no es raro encontrar veinticinco candidatos a la adjudicación, o ver a las grandes empresas disputarse modestísimas actuaciones que antes descartaban pero que ahora necesitan para mantener la actividad. En muchos de los casos, el adjudicatario sólo lo consigue ofreciendo un precio por debajo de los costes, una victoria que le da liquidez pero que a medio plazo produce descapitalización de la empresa. Si a eso se le añaden las dificultades para renegociar las líneas de crédito y su encarecimiento desproporcionado (el euríbor más nueve puntos ya no escandaliza a nadie), la situación se parece demasiado al colapso que se produjo a finales de 1991. Un sector sobredimensionado por el gasto del primer gobierno de Hormaechea no fue capaz de encarar una segunda legislatura en la que no hubo ningún tipo de inversiones y las empresas que sobrevivieron lo hicieron después de pensar muy seriamente en la suspensión de pagos.
En esta ocasión hay un factor bastante más tranquilizador: la Administración paga. A pesar de las declaraciones del nuevo Gobierno sobre una situación de bancarrota, los pagos nunca se han interrumpido. Pero lo más esperanzador son las recientes declaraciones de Diego en las que se rectificaba a sí mismo en cuanto a la gravedad del problema y anunciaba que los Presupuestos para 2012 serán prácticamente los mismos que los de 2011.
Otro rayo de esperanza está en la decisión del Ministerio de Fomento de reactivar la Ronda de la Bahía, una de las obras más importantes que realiza en Cantabria, tanto por el volumen de inversión como por su efecto sobre el tráfico en algunas de las principales arterias de acceso a Santander. También se dejará notar la entrada en servicio, a finales de año, del túnel que prácticamente deja concluido el Distribuidor de la Marga, una obra que se ha demorado como consecuencia de las dificultades del Ayuntamiento de Santander para entregar los solares que ocupaban las cocheras de los autobuses municipales y el cuartel de los bomberos.
A las obras estatales paradas hay que añadirle la de Valdecilla, donde el Gobierno regional mantiene una actividad meramente testimonial hasta encontrar financiación. Entre enero y agosto apenas se han licitado en Cantabria 111 millones de euros en obra pública (un 55% menos que el año anterior, que ya fue muy escaso). Y desde agosto, prácticamente nada. El recorte ha sido 20 puntos mayor que la media estatal, lo que resulta difícil de entender si se parte de la idea de que Cantabria, a pesar de todo, es una de las comunidades menos endeudadas. Todas las administraciones son culpables de esta evolución, pero mientras que las licitaciones del Estado cayeron entre un 11 y un 23% según los organismos, las del Gobierno regional y los ayuntamientos prácticamente se hundieron, al descender nada menos que un 70%.
La estadística será aún peor en el segundo semestre, una vez pasadas las elecciones regionales y municipales, que siempre provocan asfaltados y acondicionamientos de última hora, con los cuales los alcaldes intentan volver a ganarse el apoyo de sus convecinos. Aunque esta vez, ni siquiera eso se ha notado.