Los hitos de la historia económica de España (9)

El liberalismo se estableció en España en unas circunstancias excepcionales, puesto que en esos momentos el territorio se hallaba ocupado por tropas francesas y la población al completo luchaba contra los invasores. En semejante estado de cosas, se puede suponer con cierto fundamento que los liberales no encontraron mucha resistencia para formular sus reformas, aunque no tuviesen dónde aplicarlas.
En realidad, no todo el territorio estaba ocupado. Quedaba Cádiz y fue allí donde se reunieron las famosas Cortes que aprobaron en 1812 la Constitución del nuevo régimen. Claro que una cosa era aprobarla y otra ponerla en práctica. Los primeros dos años (1810-1812) los pasaron los constituyentes elaborando el nuevo sistema político, que fundamentalmente consistió en establecer la soberanía popular y la separación de poderes, siguiendo la teoría del aristócrata Montesquieu, la misma que, paradójicamente, inspiraba a los revolucionarios franceses que invadían España.
Los liberales también se preocuparon de centralizar y racionalizar los organismos e instituciones, lo cual también era sorprendente, porque eso era lo que querían hacer los franceses en España. Así que, por una vía o por otra, nuestro país iba a quedar sometido a la cuadrícula mental que dominaba el pensamiento de nuestros vecinos del norte y que aún perdura, al menos en los nombres: provincias, gobernadores civiles, diputaciones, audiencias y delegaciones de hacienda.
En el aspecto social, se rompió con el orden estamental anterior y se suprimieron los señoríos, aunque curiosamente no los títulos ni las propiedades, lo que da una idea de la extracción de quienes estaban en Cádiz. Eso sí, se declaró la igualdad de todos ante la ley y se suprimió el Tribunal de la Inquisición.
Entre 1813 y 1814 los diputados abordaron la reforma de la economía, de manera que en Cádiz se declaró la libertad de producción, de tráfico, de comercio, de precios y de todo lo que hiciera falta, de acuerdo con las ideas más avanzada de la época, que consistía en favorecer el desarrollo a través de la iniciativa privada. Es decir, que se abrió la puerta al capitalismo y a la libre competencia.
Esta obra legislativa que, en un país como España, empezaba la casa por el tejado, ha sido comparada por algunos historiadores con la llevada a cabo por la misma Revolución Francesa, pero sin guillotinas. De manera que, cuando acabó la Guerra de la Independencia, los españoles se encontraron sorprendidos con que las leyes necesarias para una nueva organización de la vida diaria ya estaban hechas.

América
Ni que decir tiene que las cosas no se quedaron así. Después de la guerra, el país quedó deshecho y para colmo de males, la llama de la revolución prendió en las colonias americanas y quisieron independizarse, de manera que nos quedamos sin los recursos económicos de Ultramar cuando más falta hacían para reconstruir la depauperada metrópoli.
En España no quedaba ni dinero, ni metales preciosos, de manera que la demanda disminuyó y los precios automáticamente bajaron, mermaron los beneficios y quebraron las pocas empresas existentes, de forma que los obreros se quedaron sin trabajo. Un triste escenario después de haber ganado una guerra, lo que demuestra que en los conflictos armados casi nunca hay vencedores.
Los españoles salieron de la contienda contagiados por una extraña enfermedad, una gran politización, y no dudaron en entregarse a su causa con un exceso de apasionamiento por el liberalismo o por el conservadurismo y los gobiernos que formaron unos y otros se hicieron excluyentes. Como resultado, los asuntos diarios de la administración del Estado quedaron abandonados y si bien la libertad comercial produjo algunas realizaciones capitalistas, el colapso económico fue monumental y la deuda pública alcanzó niveles de catástrofe.
Después de la conservadora Década Ominosa, hubo una cierta recuperación. La industria textil mejoró, sobre todo en Cataluña, donde se instaló en 1830 la primera máquina de vapor; en Málaga creció la industria de la forja y el cultivo de la caña de azúcar, para compensar la pérdida de envíos de América, y la población aumentó visiblemente. El censo de 1826 sumaba ya trece millones de habitantes en España.

Mendizábal
Si hay algo con lo que se identifica el régimen liberal en España es por la famosa desamortización de Mendizábal. Este hombre, Juan Alvarez Mendizábal, fue nombrado primer ministro con el prestigio de ser un liberal puro y un economista genial. Sus partidarios esperaban de él la solución de los problemas de España y él mismo aseguraba tenerla. La receta se plasmó en los tres decretos que suprimían todas las órdenes religiosas, excepto las que se dedicaban a la beneficencia pública, y declaraban “nacionales” todos aquellos bienes que no se explotaban. Como el Estado no los quería para nada, todos ellos salieron a pública subasta. Pero no solo hubo una desamortización eclesiástica sino que también de los bienes comunales y de los que poseían los nobles, ya que el objetivo era poner a producir todos aquellos activos del país de los que no se obtenía utilidad alguna, fuesen de quien fuesen.
Sin embargo, las ventas no fueron tan bien como se pensaba debido a la escasez general de dinero y al hecho objetivo de que se ponía en el mercado mucho más de lo que podía admitir. No hubo más remedio que vender a plazos y aceptar canjes por bonos del Estado, bastante depreciados.
¿Se produjo el reparto de la propiedad que se pretendía? En realidad, no. Hay que tener en cuenta que el Estado también tenía necesidad de dinero urgente, y tuvo que ceder a la evidencia: quienes podían comprar y, sobre todo, pagar, eran quienes ya poseían tierras o personas de la burguesía que decidieron aprovechar la oportunidad para convertirse en terratenientes. Así que, más que repartirse, la propiedad se concentró.
Lo que sí consiguió Mendizábal fue crear un clase de propietarios nueva, partidarios de mantener el régimen liberal que les había concedido las tierras, dado que si los conservadores desmontaban la reforma, corrían el riesgo de perderlas. Pero la mayoría de estos nuevos propietarios no se hicieron del partido del primer ministro sino que optaron por otros liberales más moderados.
Los bienes comunales, que incluían las propiedades de los municipios, también se subastaron o se repartieron por decreto y su destino fue muy similar al de los eclesiásticos. En la primera o en la segunda compra fueron a manos de grandes propietarios. Ahora bien, en la tercera desamortización, la de la nobleza, Mendizábal no fue tan lejos, aunque si cumplió con lo que la palabra desamortización quiere decir exactamente, autorizó a desvincular las tierras y, por tanto, a repartirlas en herencia, ya que anteriormente debían pasar al primogénito indivisas. Visto lo anterior, los aristócratas no tenían motivo para quejarse. No sólo conservaban la propiedad, sino que al disponer con libertad de las tierras, éstas adquirían mayor valor.
La desamortización civil tuvo una importancia económica bastante mayor que la eclesiástica, a pesar que en las valoraciones históricas no se haya entendido siempre así. Quizá porque los bienes de la Iglesia, que según estimaciones ocupaban aproximadamente el 8% de las tierras cultivadas en España, se empezaron a desamortizar en 1837 y en siete años ya había llegado a la mitad, mientras que la desamortización civil no se concretó hasta mediados del siglo y su extensión en el tiempo ha podido minusvalorar su trascendencia.
Todas ellas produjeron un reajuste de la propiedad en beneficio de unos pocos, aunque es cierto que movilizaron capitales que hasta ese momento estaban sin emplear. Y se creó una corriente de compraventas. Una situación normal a mediados del siglo XIX en España era vender tierras para hacerse empresario o accionista de ferrocarriles.
Las nuevas fórmulas jurídicas relacionadas con estas operaciones inmobiliarias supusieron no solo la desaparición de las vinculaciones sino que también arrastraron los históricos contratos de arrendamiento rústico a largo plazo, colonato y enfiteusis que, al menos, permitían a los campesinos beneficiarse de los productos de la tierra. Los nuevos contratos a corto plazo o de jornalero, lo que hicieron fue crear un amplio grupo de población empobrecida en el campo.