Las marismas

Un siglo después de que fuesen entregadas a los Ferrocarriles del Norte para su desecación, las Marismas de Boo volverán a ser recuperadas por la comunidad. Con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se cierra una larguísima historia de avatares que parecía inevitablemente destinada a la construcción de alrededor de 1.000 viviendas en unos terrenos que en un 90% cubren las mareas.
El trazado de la vía de ferrocarril entre Santander y Bilbao dio origen a varias concesiones de costas a lo largo del recorrido. El tren de vía estrecha atravesaba algunas zonas de marisma y una de ellas, a la salida de Santander, le facilitaba un sustancial recorte de las distancias en el camino hacia El Astillero. Tanto que luego, el mismo trazado sería aprovechado por la carretera dividiendo en dos la marisma de Boo. Era una época de difícil control de las enfermedades epidémicas y los terrenos pantanosos eran considerados como una incubadora de males, por lo que las autoridades públicas tenían más interés en su desaparición que en su permanencia. Por este motivo, las compañías obtenían fácilmente las concesiones de marismas a cambio de su saneamiento, que en el lenguaje de la época no significaba otra cosa que su relleno.
Los Ferrocarriles de Santander a Bilbao se limitaron a rellenar la plataforma que necesitaban para la caja de la vía y nunca se interesaron por desecar el resto de la marisma. Muchas décadas después, en 1953, con la explotación del tráfico ferroviario ya nacionalizado, la vieja compañía privada del ferrocarril pasó a dedicarse a la explotación de líneas de autobús bajo la denominación Inmuebles y Transportes Santander Bilbao y, por supuesto, con mucho más interés por esta actividad que por la búsqueda de utilidades para los terrenos que había ido acumulando en su actividad anterior. A pesar de que cotizaba en la Bolsa de Bilbao, la empresa nunca se había planteado rentabilizar estas propiedades hasta que, a comienzos de los 80 los hermanos cántabros Serrano Goyría decidieron activar las acciones de su madre en la compañía, movidos, entre otras razones, por la constatación de que el patrimonio era muy superior a la valoración que tenía en el mercado bursátil. Los Serrano, importantes accionistas del Banco Santander, compraron otras participaciones en Inmuebles y Transportes hasta hacerse con una mayoría de control, algo que prácticamente pasó desapercibido hasta que trasladaron la sede de su participada, Turytrans, a Santander.

Aparece Intra

Inmuebles y Transportes se convirtió poco después en Intra, una corporación financiera de que la que colgaban áreas de actividad muy distintas: las líneas de autobuses, las sociedades de cartera y las propiedades inmobiliarias. Entre estas últimas, la más jugosa era, por sus posibilidades, la olvidada marisma de Boo, de 170 hectáreas de extensión.
El Plan General de Astillero de 1955 había dado a los terrenos la consideración industrial, en realidad, la misma que tenía cuando se otorgó la concesión, pero a partir de 1983, los hermanos Serrano intentaron la recalificación. Eran años en los que toda la zona atravesaba una durísima reconversión industrial, con una nula demanda de suelo para empresas y, en cualquier caso, las posibilidades de obtener plusvalías, entonces y ahora, eran muy superiores con los usos residenciales.
Las gestiones de Intra encontraron receptividad en el entonces alcalde del municipio, el centrista Censuro Ayllón, que autorizó la construcción de 978 viviendas a cambio de la cesión al municipio de los terrenos suficientes para la construcción de un campo de fútbol, un instituto y un centro de preescolar.

Deslinde

El plan parcial fue aprobado por un estrechísimo margen en la Corporación (nueve votos a ocho) y quizá por esa división se inició una polémica que finalmente impediría ponerlo en práctica. Pocos meses después llegaba a la alcaldía el socialista Sebastián Alonso y la nueva Corporación suspendía el Plan Parcial Las Marismas, lo que obligaba a Intra a renegociar de nuevo las condiciones.
La Consejería de Obras Públicas volvió a tramitar las modificaciones de las normas subsidiarias, pero la redacción de un plan urbanístico en el municipio dio lugar a una nueva paralización.
Aunque los socialistas ganaron de nuevo las elecciones de 1987, una coalición del CDS con AP volvió a colocar a Censuro Ayllón al frente de la alcaldía. El nuevo alcalde devolvió las normas subsidiarias a la Diputación para que fueran aprobadas definitivamente, pero el tiempo había corrido en contra de Intra. Cuando parecía despejado el panorama para acometer la que entonces hubiese sido la mayor promoción urbanística de la historia de Cantabria y en un momento dulce del mercado inmobiliario, aparecían los funcionarios de la Demarcación de Costas para proceder al deslinde marítimo.
El hecho de no haberse realizado ninguna actuación sobre las marismas a lo largo de un siglo, era considerado un incumplimiento de las condiciones bajo las que se realizó la concesión a perpetuidad y, por tanto, se iniciaba un expediente de caducidad de la concesión. Astillero Parque, la filial de Intra propietaria de los terrenos, presentaba un recurso y acudía, incluso, a un informe de García de Enterría, además de tratar de demostrar que la finca tenía unos usos agrícola-ganaderos. Incluso, durante algún tiempo, hubo guardas-jurados para preservar los escasos eucaliptos que crecían descuidadamente en algunas partes de la marisma.
Los trámites, mientras tanto, seguían su curso. La Comisión Regional de Urbanismo aprobaba por fin las normas subsidiarias de Astillero, pero dejaba en suspenso el Plan Parcial de Las Marismas hasta que quedase resuelto el recurso de Costas, lo que representaba un duro golpe para la empresa. Un mes después, el grupo encabezado por el alcalde Ayllón presentaba al pleno un recurso contra la decisión de la CRU que echaron abajo los restantes grupos municipales. El alcalde se quedaba sólo en la defensa de la urbanización, que justificaba por las dotaciones que se conseguirían para el municipio, pero no conseguía convencer a sus coaligados.
Los acontecimientos se precipitaron en las semanas siguientes. El 29 de julio de 1988 se aprobaba la Ley de Costas y por aquellas fechas un informe del Colegio de Arquitectos de Cantabria se mostraba contrario al Plan Parcial porque ocupaba “una zona de marismas que no es idónea para la edificación, por su gran valor ecológico y paisajístico”.

Fuenteovejuna

Los sucesos que definitivamente marcarían el rumbo de los terrenos se produjeron un año más tarde. En mayo de 1989 las asociaciones de vecinos y la totalidad de los grupos políticos, con excepción del CDS, que gobernaba el Ayuntamiento, iniciaban un movimiento popular ante los problemas sanitarios que originaba el estancamiento de agua en la marisma, convertida en un foco de infección y de mosquitos. Partidos y vecinos reclamaban la apertura de la compuerta superior para que volviese a entrar el agua con el movimiento de las mareas y desapareciese la plaga de insectos. Intra no accedió y la pugna alcanzó momentos de cierta tensión hasta el punto que los vecinos, en una réplica de Fuenteovejuna, abrieron por la fuerza dos de las esclusas para inundar de nuevo las marismas.
La evolución de los acontecimientos había desbordado al alcalde, que a la vista de ello, optó por variar su postura y solicitó al Ministerio de Obras Públicas la expropiación y la cesión de la zona húmeda para hacer un parque público.
Tres días antes, Hormaechea había revelado en un mítin su escaso interés porque se construyese en la zona, asegurando que era mucho más razonable que el municipio orientase su crecimiento hacia los terrenos de Agruminsa. De alguna manera, esta declaración de principios justificaba la actitud poco proclive que había tenido la Comisión Regional de Urbanismo hacia el proyecto de Intra y, sobre todo, anunciaba algo que sólo resultaría posible interpretar con el paso del tiempo. El polémico presidente regional estaba pensando ya en Cabárceno y en la forma de pagar los terrenos de la explotación minera con la recalificación de los terrenos de la compañía propietaria y no tenía mucho interés en que otros proyectos urbanísticos interfiriesen en sus planes.

Expropiación

La Corporación astillerense aprobó por unanimidad calificar las marismas como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, modificación que fue ratificada por la CRU. Sin embargo, Intra aún logró una pírrica victoria, al declarar el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria nulo el expediente de caducidad incoado por la Demarcación de Costas. Pero no le serviría de mucho. La sociedad había entrado en una crisis galopante a consecuencia de una carísima OPA sobre Cementos Lemona que fracasó en sus objetivos de control de la compañía, y de haber perdido la confianza del Banco Santander, lo que provocó la suspensión de pagos y, más tarde un proceso de administración judicial y de liquidación. Sin un empresario al frente, la sociedad Astillero Parque, que había pasado a manos de Mobiliaria Sergoysa como resultado de las deudas cruzadas entre las empresas del grupo Intra, pareció perder capacidad para batallar por unos terrenos que había valorado en al menos 1.100 millones de pesetas pero que, sin la posibilidad de construir quedaban tasados en alrededor de 300.
En 1999, el Ayuntamiento de Astillero optó por proceder a la expropiación de toda la marisma (172.000 metros cuadrados, de los cuales 162.000 están anegados) para recuperar medioambientalmente la zona, absolutamente degradada ya que durante años ha servido como auténtico vertedero industrial y de aguas fecales. La empresa propietaria recurrió ante los tribunales la expropiación, pero éstos han acabado por dar la razón al Ayuntamiento, no sin antes recordar “el lamentable estado en que se encuentra la marisma”, consecuencia de su abandono ya que la empresa concesionaria ni procedió a la desecación ni ha mantenido la zona en “unas mínimas condiciones de higiene y salubridad”.
Ayuntamiento y empresa han entrado en negociaciones para llegar a un precio de mutuo acuerdo, pero las posiciones difícilmente van a casar, cuando el representante de los liquidadores reclama 1.500 millones de pesetas y el municipio no parece dispuesto a dar más de 17. En esas circunstancias, todo parece indicar que se llegará al procedimiento expropiatorio y el Ayuntamiento impondrá su intención de construir unas nuevas esclusas que regulen el área de inundación, limpiar la vegetación de la zona y acondicionar las orillas con un pequeño parque. Una vez que las obras del Saneamiento de la Bahía ha evitado los vertidos en la marisma, parece factible controlar el estado de las aguas y los problemas sanitarios que planteaba. Quizá algún día se pueda, también, retirar los lodos acumulados, compuestos en gran parte por residuos industriales, que al menos quedarán disimulados por una revegetación.