La crisis no ahorra en energía

La excelente imagen pública que rodea a las energías renovables y las subvenciones que fomentan su implantación no pasan inadvertidas para el sector de la calefacción, que se va lanzando hacia nuevos mercados. Primero fue la energía solar y ahora debería tocarle el turno a otras, como la biomasa –materia orgánica derivada de la naturaleza–, la geotermia –energía procedente del suelo– y la microcogeneración, que permite aprovechar el calor residual que se produce al generar electricidad.
El problema de estas tecnologías es que son experimentales y hasta ahora solo se han puesto a prueba en el sector industrial y en unas cuantas viviendas unifamiliares de nueva construcción, lo que obliga a los instaladores a hacer cuentas pensando en el futuro.
El presidente de la Asociación de Fontanería, Calefacción, Gas y Afines de Cantabria (Afonca), Luciano Valle, reconoce que el futuro del sector es ya inseparable del campo de las renovables, pero apunta a un claro retraso en su implantación si se compara con lo que está ocurriendo en otras comunidades. Como dato, señala que sólo un 1% de los edificios construidos en la región durante los últimos años emplea energías alternativas, pese a que el Código Técnico de la Edificación obliga a que parte del agua caliente sanitaria se obtenga a través de captadores solares. Incluso en los que se han colocado estos sistemas, se ha hecho con falta de previsión, ya que nueve de cada diez instalaciones están ubicadas sobre tejados, la mayoría inclinados, y son inaccesibles para su reparación.
Detrás de esta situación de desventaja está, según Valle, la crisis de la construcción: “Las energías renovables están en pañales porque en los buenos años se construía sin criterios de eficiencia energética y estas tecnologías comenzaron a pisar fuerte justo cuando empezó el parón”, lamenta.

Falta de controles

“No pedimos nuevas reglamentaciones, ni siquiera que se proteja nuestro trabajo. Sólo queremos que se cumpla la normativa legal para que se genere más negocio a base de ahorrar energía”. Su deseo lo comparten las más de 300 empresas cántabras de fontanería, calefacción, climatización y aire acondicionado agrupadas en Afonca. Y es que no han dejado de aparecer leyes comunitarias dirigidas a mejorar la eficiencia energética de los edificios y su seguridad, pero de la mayoría de ellas se hace caso omiso.
Luciano Valle repasa algunas de esas normativas que se incumplen de forma reiterada: Faltan controles sobre la veintena de instaladores de gasóleo que operan en la comunidad, lo que hace que sigan existiendo instalaciones no declaradas; no se respetan las normas sobre filtros y depuración de aguas y tampoco se revisan periódicamente las calderas. Valle aclara, en este sentido, que desde hace dos años todas las calderas que tienen salida a la fachada –la mayoría– deben ser de la clase NOx categoría 5 –menos contaminante– o de condensación, algo más caras pero que consumen un 20% menos. Sin embargo, el usuario tiende a colocar las más baratas del mercado sin la necesaria supervisión de las compañías suministradoras.
El presidente de la patronal cántabra de los instaladores extiende su queja a la Administración: “Todos hemos visto levantar las aceras con el llamado Plan E y, sin embargo, nadie ha visto cambiar las conducciones, cuando sabemos que el 25% del agua se desperdicia a través de las redes de saneamiento”, dice.
Los profesionales piensan que debería ser la Administración la primera en dar ejemplo de ahorro energético regulando las condiciones de temperatura de los edificios públicos, que no pueden superar los 21 grados en invierno ni bajar de los 26 en verano, ya que cada grado de más implica un incremento del 7% en el consumo de combustible.

Intrusismo y morosidad

Pocas profesiones pueden decir, como ésta, que tienen trabajo de sobra en los tiempos que corren. Sin embargo, el que se sigan reclamando sus servicios no garantiza su cobro y el alto grado de morosidad se ha convertido en el principal problema de muchos instaladores cántabros de sistemas de calefacción, climatización y aire acondicionado. En palabras de Luciano Valle, “están atravesando un momento caótico”, porque la mayoría son pequeñas empresas que ven peligrar su continuidad.
Otro problema añadido es que buena parte de ese trabajo acaba cayendo en manos de personas ajenas al sector, que carecen de una formación específica o que no disponen de la acreditación profesional pertinente. Por ejemplo, del carnet de instalador térmico que se exige para poner en marcha un sistema de energía solar térmica desde la aprobación del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) en agosto de 2007; o del carnet de instalador eléctrico requerido para instalar paneles fotovoltaicos: “Hoy en día cualquiera que asiste a un cursillo ya cree saberlo todo sobre energías renovables”, protesta Valle.
La formación continua es la única fórmula para combatir el intrusismo; de ahí que el colectivo organice constantemente cursos de actualización y reciclaje dirigidos a los trabajadores del sector a través de la Fundación Laboral del Metal, sobre todo en el campo de las renovables y en el de las reparaciones.
Están pidiendo a los consumidores y a la Administración que hagan un esfuerzo en materia de eficiencia energética, pero los instaladores también están obligados a actualizar sus conocimientos sobre las nuevas normas y tendencias que conducen al ahorro. Dicen que la clave para conseguirlo será la conjunción de los nuevos sistemas renovables con los tradicionales para producir toda la energía posible y evitar que siga desperdiciándose un gran porcentaje en el transporte, como ocurre ahora.

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