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AVErías

El tren cántabro de alta velocidad es un tipo de tren muy raro. Adquiere velocidad con cada noticia y la pierde con cada presupuesto. Cuando se planteó por primera vez ni siquiera se le quiso dar el nombre de alta velocidad, que se reserva para aquellos que circulan a más de 200 kilómetros por hora, entre ellos el AVE, que alcanza los 350. El nuestro iba a ser de velocidad alta, que parece lo mismo pero no lo es, y esa sutil diferencia sirve para confundir a los incautos.
Como hubo una parte de la ciudadanía que no se dejó impresionar, al comprobar que el nuevo tren tardaría desde Madrid a Santander más del doble que desde Madrid a Bilbao, en cada nueva nota oficial del Ministerio de Transportes el tren circulaba más rápido. De esta manera, y en sucesivas noticias, pasó de 3 horas 40 minutos a tres horas y media, tres horas y veinte y así hasta rebajar el umbral de las tres horas, que sigue siendo mucho más de lo que se tardará a Bilbao, pero acostumbrados como estamos a tantas mejoras, no se pueden descartar que el tiempo siga disminuyendo.
Hay que reconocer que el tren cada vez va más rápido sobre el papel. Lo que nadie sabe es a qué velocidad se desplazará por los despachos, porque hasta el día de hoy toda esta retahíla de noticias no se basa en proyecto alguno. Nuestro ave vuela aún demasiado alto y no va a aterrizar en mucho tiempo. Los Presupuestos del Estado, que son el único argumento fiable para saber lo que se va a hacer y cuándo, asignan a nuestro tren veloz unas cantidades en los próximos cuatro años que, como mucho, podrán sufragar el proyecto, lo cual quiere decir que en el mejor de los casos comenzaría a construirse a finales de la década.

Aún en la hipótesis optimista de que tengamos un tren de alta velocidad veinte años después de que en 1992 entrase en servicio el AVE a Sevilla y nueve después de que comiencen a funcionar los de Cataluña y la Comunidad Valenciana, difícilmente podrá justificarse que la velocidad de crucero sea la mitad y mucho menos que en el mismo tiempo que un pasajero haga el recorrido desde Madrid a Santander, el que va a Valencia llegue a la capital del Turia, pueda estar allí 40 minutos y aún le de tiempo a volver a Madrid, después de haber hecho 700 kilómetros.
A la vista de la espera, que ya parece irremediable, no estaría de más actualizar mínimamente el tendido existente, donde no se invierte nada desde hace muchos años y al paso que va llegará a entregar el testigo en unas condiciones tan lamentables que para entonces no habrá en Cantabria viajeros de ferrocarril. No hay que olvidar que, además, deberá competir con la novedad de la Autovía de la Meseta.

Iberoamérica: estado de cabreo

La crisis de Iberoamérica ha dado tantos quebraderos de cabeza a las grandes empresas españolas que ha creado un cierto aturdimiento. Todos esperamos que la situación económica empiece a controlarse para evitar que nos sigan alcanzando los latigazos de sus estertores. Nadie parece mirar más allá, incluidos los Estados Unidos, que no se sabe bien si no quieren mojarse más o están esperando a que las empresas españolas ya maduras, abandonen la zona definitivamente.
La miopía con que se comporta el mundo con respecto a lo que allí ocurre es preocupante. Nadie parece darse cuenta de los cambios políticos que empiezan a darse en la zona donde los electorados parecen cada vez menos controlables y en su descontento, no dudan en derribar gobiernos y apoyar a candidatos extremos.
Es el caso de Lula, el primer candidato no gubernamental que consigue la presidencia de aquel país en los últimos 42 años. Lula fue el eterno perdedor y en varias ocasiones anteriores ni siquiera había conseguido votos suficientes para su propio escaño. ¿Por qué consigue ahora el 60% de los votos del país, la cuarta democracia más grande del mundo? ¿Por qué el candidato gubernamental queda a años luz del vencedor, a pesar de que la política del presidente Cardoso ha sido no solo razonable, sino muy alabada por el Fondo Monetario Internacional?
Se están rompiendo muchas ataduras con el pasado en toda Sudamérica. En México, el PRI fue desalojado del poder por primera vez desde la revolución. En Argentina ya da prácticamente lo mismo el candidato que los partidos tradicionales pongan al frente del país, porque son conscientes de que si convocan elecciones, van a ser barridos del mapa.
En Nicaragua han llevado al expresidente Alemán ante los tribunales por robo manifiesto y continuado, con una crisis de confianza popular. En Venezuela ya se impuso la revolución institucional y los países occidentales que apostaron por el derribo del presidente a través de un golpe militar, entre ellos España, han quedado en ridículo. Uruguay y Chile se desestabilizan…
Todo esto ocurre en el patio trasero de los Estados Unidos, aunque al parecer le preocupa bastante menos que lo que pase en las montañas de Afganistán o de Irak, pero la verdad es que a nosotros nos afecta bastante más. La experiencia demuestra que en Iberoamérica casi todo es contagioso. Lo bueno y lo malo. Ocurrió con las dictaduras y más tarde con las democracias. Ahora llega el estado de cabreo, muy difícil de definir pero de evidentes consecuencias prácticas. La gente rompe las viejas ataduras y en aquellos lugares como Argentina donde se queda sin nada a lo que aferrarse, resulta impredecible.
Dado lo que se juega España en la zona, y que ya le ha costado un puñado de billones de pesetas a sus empresas y a millones de inversores en Bolsa, hay que pensar que habría que haberle dedicado alguna atención más desde las instancias políticas nacionales, tan preocupadas como están por lo que ocurre en otras zonas del mundo con las que tenemos una relación económica, política y sentimental irrelevante.

Licencias para especular

Las concesiones públicas siempre son una distorsión del mercado, puesto que se basan en el hecho de que sólo pueden operar en él quienes sean elegidos por el Estado, lo que supone el más antiliberal de los sistemas. Y para justificar este intervencionismo se echa mano del concepto de utilidad pública o las especiales circunstancias de ese servicio. Es el caso de las concesiones de licencias para radio y televisión. Todo el mundo sabe que este sistema propicia el amiguismo y, por tanto, debe ser limitado al máximo y ejercido con una coherencia absoluta. Por eso, parece insólito que el ministro de Ciencia y Tecnología anuncie que en la próxima Ley Audiovisual se permitirá la venta de las concesiones telefónicas y de TV, de modo que el adjudicatario, como ya ha ocurrido anteriormente, ni siquiera ha de hacer la más mínima inversión. Puede limitarse a poner en venta su concesión el mismo día que la obtiene y embolsarse con ello una cantidad ingente de dinero de forma que la licencia se convierte en un escandaloso regalo público.
Todo el mundo da por hechas algunas de estas transacciones: Xfera podrá deshacerse ahora de una licencia de telefonía móvil UMTS que en otros países ha costado hasta un billón de pesetas y que en España ha sido adjudicada prácticamente gratis, lo que significa que un particular va a hacer el negocio que el Estado no quiso hacer. Pero puede ser el caso también de El Mundo o ABC, a las que el Gobierno concedió sendas licencias de televisión digital, el único sistema de televisión que habrá en el futuro, y que no parecen en condiciones de explotar.

Que alguien pueda sacar miles de millones de pesetas de una medida gubernamental graciosa es moralmente inaceptable, pero más discutible aún es el hecho de que una licencia que, en teoría, se otorga por la calidad del proyecto presentado, finalmente vaya a parar a un tercero cuyo proyecto ya no importa a nadie y que puede ser abiertamente discrepante con el presentado por el concesionario. Basta ver cómo se han vendido anteriormente licencias de radio (en Cantabria hay varias experiencias) y se van a seguir vendiendo, porque en la convocatoria del Gobierno regional para nuevas emisoras –si se falla algún día– se admite tácitamente que sean enajenadas inmediatamente después.
Cuando un fraude de ley es tan reiterado en sucesivas oleadas de concesiones, está claro que está perfectamente consentido y propiciado por el poder. Alguien tiene interés en hacer regalos a terceros, afines ideológica o empresarialmente, a costa del interés público. Si el titular de una licencia no es capaz de explotarla como había previsto, lo lógico es que la devuelva y que ese derecho se le otorgue en las mismas condiciones –es decir gratuitamente– a otro candidato. Lo contrario es una tomadura de pelo colectiva propia de regímenes bananeros.

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