Fracking: De ser expropiados a formar parte del negocio
Los ganaderos de Soba, de Valderredible o de Campoo saben que, aunque las empresas autorizadas para explorar su subsuelo encuentren yacimientos importantes de gas, ellos no recibirán más que una indemnización por el escaso suelo que ocupen la sonda y el estanque que se necesita para bombear el agua a alta presión que utilizan para romper las rocas de pizarra donde están atrapadas las burbujas de gas. Eso es todo lo que puede sacar de vivir sobre una bolsa de hidrocarburos, y no le compensa en absoluto. Pero ¿qué ocurriría si él participase en el negocio? ¿Si fuese socio de Repsol o de las multinacionales que van a realizar los sondeos, y se pudiese repartir con ellas lo que salga de los pozos?
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha optado por probarlo. Con un giro sutil en la legislación, trata de convertir a los opuestos en aliados, porque la mecha antifracking que prendió en Cantabria se ha extendido a todos los demás lugares donde se han realizado concesiones de exploración. Hasta los gobiernos regionales del PP se han puesto al frente de la manifestación, con regulaciones legales que pretenden impedir esta práctica, aunque se trata de una materia que queda fuera de sus competencias.
Con la decisión del Ministerio de Industria de implicar a los propietarios, que cambia la filosofía del suelo en España, Soria quiere sacar adelante su gran apuesta energética para el país, que en realidad procede del anterior gobierno socialista, que concedió la mayoría de las licencias de exploración en vigor.
Antes de que acabe el año, el Gobierno nacional realizará varias modificaciones en la Ley de Hidrocarburos destinadas a desbloquear esta práctica extractiva, haciendo partícipes del proyecto a los propietarios del suelo, en calidad de accionistas, al otorgarles un derecho sobre los subsuelos que ahora no tienen. Los dueños de los terrenos donde se explore la existencia de hidrocarburos, en vez de ser expropiados y recibir un modesto dinero a cambio (se trata de suelo rústico), serán integrados en el proyecto, con derechos societarios, participando de los rendimientos de la futura explotación.
55 solicitudes más
Hasta agosto había 55 solicitudes de exploración de hidrocarburos en España pendientes de ser autorizadas por el Ministerio de Industria; otras 68 ya han sido aprobadas y hay 23 permisos de explotación vigentes.
Por muchas protestas públicas y presiones que reciba de sus propios militantes y cargos, el Ministerio de Industria no quiere renunciar al gas pizarra, al entender que se trata de una oportunidad de oro en un país que importa el 99,8% de los hidrocarburos que consume. Además de afrontar un problema económico eterno para el país, el fracking es la única herramienta que el Ministerio tiene a mano para asegurar el suministro energético estable y competitivo al que se había comprometido con los empresarios en la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial.
La gran industria española está haciendo grandes presiones al Gobierno para conseguir un precio de la energía que no le penalice con respecto a sus competidores internacionales. El ejemplo de Estados Unidos, donde la explotación del gas procedente de la fractura hidráulica ha hecho caer radicalmente los costes de la energía, es demasiado tentador, tanto para las fábricas como para el propio Gobierno que recortaría sustancialmente el desequilibrio en la balanza de pagos, ya que España emplea todos los años más de 30.000 millones de euros en la importación de petróleo y gas.
También habrá para autonomías y ayuntamientos
El puzzle que pretende resolver el Gobierno con la fractura hidráulica no encajará mientras no pueda sofocar los fuegos que han surgido alrededor de esta práctica y, para conseguirlo, no solo está dispuesto a poner a su lado a los propietarios del suelo. También aceptará repartir beneficios con las entidades locales. Antes de que finalice el año establecerá un nuevo tributo que grave la extracción de hidrocarburos en España con la intención de aportar esos ingresos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos donde se ubiquen los yacimientos. Una medida que oposición y organizaciones ecologistas interpretan como un intento de desarmar a las corporaciones reticentes, que en Cantabria son todas. Y es que cuando participen en el negocio pueden cambiar muchas cosas.
