Cantabria regula el fondo de mejoras de los montes públicos, dotado con casi 7 millones

El Gobierno de Cantabria aprobará este jueves, en la reunión semanal de los consejeros, el decreto por el que se regula el fondo de mejoras de los montes de utilidad pública de la región, dotado en la actualidad con cerca de 7 millones de euros a repartir entre los 483 titulares, juntas vecinales y ayuntamientos en su mayoría.

La nueva normativa también regulará los planes particulares de mejoras y la comisión regional de montes de la comunidad, en la que tendrán mayor representatividad y protagonismo las entidades propietarias y que se prevé reunir el próximo mes de enero.

El decreto, que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, ha sido presentado este martes por el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el director general de Medio Ambiente, Antonio Lucio, y el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Pablo Diestro.

El titular de la Consejería ha destacado que con el nuevo decreto se da «un paso fundamental» en la actualización de la gestión de los rendimientos económicos que se obtienen de los montes regionales de utilidad pública y ha indicado que el objetivo es garantizar que la gestión del porcentaje (15%) destinado a mejoras se haga conforme a la normativa autonómica de finanzas y a la Ley de Montes.

Según ha explicado, la normativa estatal que regula la gestión de todos los montes cántabros establece que los titulares de aquellos que son de utilidad pública destinarán una cuantía no inferior al 15% del valor de sus aprovechamientos forestales a la conservación y mejora de los incluidos en el catálogo de los Montes de Utilidad Pública de Cantabria.

Así, este año el Plan de Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública de la comunidad ha tenido un presupuesto de 12,1 millones de euros para licitar esos aprovechamientos a lo largo del presente ejercicio, y el 15% de los mismos se ha ingresado en el fondo de mejoras para realizarlas en aquel del que se obtiene el rendimiento.

Blanco ha recordado que hasta la fecha ese fondo se gestionaba en base a un decreto de 1985, por lo que esos aprovechamientos precisaban de una nueva norma acorde a los tiempos actuales que se ajustara al control financiero y fiscal de la Ley de Finanzas de Cantabria de 2006 y también a la propia Ley de Montes nacional, tal y como señala en su Dictamen el Consejo de Estado que ha realizado una valoración positiva de la nueva norma.

En todo caso, el consejero ha aclarado que durante todo este tiempo no se han producido irregularidades en la gestión de esos fondos, si bien ha considerado necesario actualizar la normativa para garantizar que la gestión de los recursos económicos que son propiedad de las entidades locales se realice conforme a la actual normativa regional en materia de finanzas.

También ha indicado que esta falta de ajuste del fondo de mejoras a la Ley de Finanzas vigente no ha impedido que durante todo este tiempo las entidades propietarias hayan podido invertir parte del 85% de los ingresos generados por los montes cántabros, así como sumar el 15% restante en el fondo de mejoras correspondiente al monte de su propiedad, y que hace que la cuantía global haya pasado de más de 4 millones a cerca de 7 millones.

En este punto, el también responsable de Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha remarcado que los 483 montes de utilidad pública que hay en Cantabria -y que suman casi el 50% de la superficie de la región- son propiedad de juntas vecinales y ayuntamientos prácticamente en su totalidad, ya que el Ejecutivo autonómico solo tiene uno pequeño en Castro Urdiales.

NOVEDADES NUEVO DECRETO

El nuevo decreto implica el ajuste de la gestión del Fondo de Mejoras y el funcionamiento de la Comisión Regional de Montes, órgano encargado de velar por el adecuado destino de los fondos, a la normativa de finanzas y de régimen jurídico de la Administración regional de Cantabria, «garantizando la continuidad del Fondo y que los recursos económicos que son propiedad de las entidades locales se sometan a todos los mecanismos de control propios de las finanzas públicas».

Además, refuerza y asegura el carácter extrapresupuestario y finalista del Fondo de Mejoras, de tal manera que los presupuestos generales de la Consejería de Medio Ambiente asumen la totalidad de los gastos e inversiones que deban realizarse en los montes de Cantabria, pero sin detraer recursos propios de las entidades propietarias, dado que la Ley de Montes «indica de forma clara y meridiana cuál es el destino del Fondo de Mejoras».

Con el nuevo decreto se dota también de «mucho mayor protagonismo» a las entidades locales propietarias de los montes, mientras que la Consejería se centrará en velar por el adecuado uso del Fondo para la conservación y el uso sostenible de los montes de utilidad pública, «pero nunca desde el papel de propietario porque no lo es».

Todo ello se completa con la decisión de mantener la Comisión Regional de Montes como órgano colegiado integrado en la administración y adscrito a la Consejería competente en materia de montes, «siendo sus competencias la aprobación de los planes particulares de mejoras y la liquidación anual del Fondo, con los correspondientes ingresos y gastos de cada monte».

MODERNIZACIÓN

Para finalizar, Guillermo Blanco se ha mostrado confiado en que con el cumplimiento de este compromiso de legislatura «se acabe con las intoxicaciones, infundios y manipulaciones con las que algunos han pretendido dinamitar lo que no es otra cosa que la regularización de una situación que no era acorde con la normativa vigente en Cantabria».

Finalmente, ha destacado que este nuevo decreto se enmarca en el proceso de modernización de la gestión forestal que el Gobierno de Cantabria está llevando a cabo en esta legislatura, junto a otras herramientas, como el desarrollo del Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales; la mejora de los medios materiales y humanos del Operativo de Lucha contra los incendios, o la nueva regulación de las quemas controladas y prescritas.

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