Editorial

Las soluciones tienen que venir ahora y eso ya será más discutible. Por lo pronto, en su afán por hacer algo, los países están acumulando medidas de todo tipo que pueden acabar por causar más estropicios de los que arreglen. Por ejemplo, y a pesar de que a Solbes se le ha acusado de hacer el dontancredo ante la crisis, España lleva ya cinco tacadas de medidas, lo que parece una exageración. A su vez, las autonomías han adelantado obras, se han lanzado como posesas al endeudamiento y parecen dispuestas a gastar lo que no tienen con tal de que la máquina de la obra pública y del consumo siga funcionando. En ese suma y sigue, los empresarios cántabros han pedido algunas medidas muy sensatas, como la activación de Sogarca con diez millones de euros para que sus avales rescaten a las pymes, tan angustiadas como asombradas de que los mismos que hace un año les invitaban a endeudarse más ahora se nieguen, incluso, a renovarles las líneas de descuento.
Junto a estas medidas, los empresarios plantean otras tan discutibles como acabar con los límites legales a la edificabilidad de un suelo, para que los ayuntamientos campen aún más a sus anchas, como si no hubiesen causado ya bastantes destrozos. A la vista de todas las viviendas que hay sin vender y del número de parcelas construibles que ya nadie quiere comprar, suponer que el mercado se reactivará por el hecho de permitir levantar en ellas rascacielos de pueblo es no querer darse cuenta de que hemos agotado un modelo de crecimiento basado en la construcción masiva y ese modelo no va a volver en muchos años.

Se harán casas, como se siguieron haciendo ferrocarriles después de la burbuja ferroviaria o siguieron apareciendo empresas tecnológicas tras pincharse el globo de las puntocom, pero como un negocio más. Ya nadie volverá a pensar que en cada garaje donde se junten varios chicos con un ordenador hay una multinacional informática en potencia, ni que cada parcela costera de Cantabria pueda ser un Manhattan en miniatura. Los últimos que lo creyeron viven ahora con el desasosiego de que en cualquier momento aparezca por su puerta un policía con una orden de detención, porque así de crudas se han puesto las cosas para muchos alcaldes, promotores, concejales y funcionarios que han jugado con fuego en estos años. A la vista de que no se quemaban, se multiplicaron las manos dispuestas a agarrar las astillas prendidas y todo depende ahora de hasta dónde sea capaz de llegar el juez que ha empezado a tirar de la manta con la detención del ex arquitecto de Castro Urdiales y de su esposa.
Pase lo que pase habrá quedado demostrada la ineficacia de los controles previos. Si los ayuntamientos, los funcionarios, los jueces y fiscales, los partidos y la antigua Comisión Regional de Urbanismo hubiesen actuado cuando ya era evidente lo que estaba ocurriendo en Cantabria, nos hubiésemos ahorrado daños irreparables. Pero la complacencia ha sido general. La autonomía también está para decir no y la autoridad de un gobernante no la da el tener uno, dos o tres constructores de cabecera, como han creído muchos de ellos. Para su dolor o para su sosiego, la urbanopolítica se ha acabado. Sólo nos resta ya conocer el balance de víctimas.

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