Editorial
Dicen la estadísticas que la fuente más importante de nuevo empleo en Cantabria son las administraciones públicas, lo cual no es, obviamente, para sentirnos muy satisfechos, máxime cuando la política oficial del Gobierno Aznar es justo la contraria. Desde 1997 el Ministerio de Administraciones Públicas no consiente que las autonomías y los ayuntamientos convoquen más de un 25% de las plazas que quedan vacantes por jubilación o fallecimiento, es decir, una mínima tasa de reposición.
En Cantabria, la Administración regional tiene una tendencia natural al gigantismo, pero nunca habíamos llegado a suponer semejante contribución al empleo que probablemente sea mucho mayor, ya que en estas cifras no se incluyen las desmesuradas contrataciones de las empresas públicas que surgen por doquier, para que nadie diga que no se crean empresas en la región.
Este verano en Menorca, Aznar hacía un discurso con capacidad de ilusionar, una virtud de la que el presidente nunca está sobrado. Decía textualmente: “Seguimos creyendo que la gente debe prosperar en virtud de su propia iniciativa, sin esperar favores de ningún poder público, ni deberle favores a ningún administrador (…) Cuanto más poder se atribuyan las autoridades, más parcelas de la vida económica y social dependerán de quienes en cada momento gobiernan, más licencias hay que pedir, más prebendas se pueden conceder y eso genera favoritismo o, en el mejor de los casos, simple y llana arbitrariedad”. (…) Ahora bien, devolver el poder a la sociedad exige reforzar los controles del Estado de Derecho, exige intensificar la actuación de órganos de control y supervisión, garantías del respeto por parte de todos”.
Si el presidente hubiese pensado en los cántabros al escribir su discurso, no habría encontrado trazos más finos para definir la situación, lo que invita a pensar que en todas partes cuecen las mismas habas y reconforta que el titular del Gobierno sea consciente de ello. Ahora bien, parece un poco tardía esta declaración de intenciones a la vista de que hasta ahora el Gobierno del PP ha buscado la forma de mantener el control en todos aquellos ámbitos de poder que teóricamente el Estado abandonaba. Si bien es cierto que se han privatizado muchas empresas públicas (las que pierden dinero, no, que son las que más nos interesaba vender), también es real que el control ha quedado en manos de amigos personales del presidente o del ministro de Economía (primero Juan Villalonga y más tarde César Alierta en Telefónica; Francisco González en Argentaria y, tras la fusión, en el BBVA; Martín Villa en Endesa…) Curiosamente, ninguna junta de accionistas privatizada se ha atrevido a cambiar el gestor que había puesto el Gobierno en su día y si cayó Villalonga no fue por la presión de sus nuevos propietarios, sino por su alejamiento de La Moncloa. Este régimen de control se mantiene también en las empresas sin privatizar y basta ver cómo en el consejo de la empresa de Maliaño Equipos Nucleares, Giménez Reyna nos colocó a uno de sus cada vez más famosos hermanos.
En Cantabria, la Administración tampoco lleva camino de reconducirse a ese papel secundario que propone Aznar. Después del doloroso desajuste económico en la nueva competencia de Educación, que va a producir un quebradero de cabeza a la hora de confeccionar cada presupuesto y de otro problema parecido en la Universidad, se han convocado nuevas oposiciones de funcionarios; la Universidad también ha convocado plazas de docentes que en algunos casos van exclusivamente dirigidas a acomodar a ex altos cargos y va a consolidar, antes de que la nueva ley lo impida, a un sinnúmero de interinos; las empresas públicas están recogiendo a los caídos de la última remodelación gubernamental y, después de disponer del Gabinete de Prensa más nutrido del país, que bastaría para cubrir la redacción de una periódico, el consejero de Sanidad se permite el lujo de contratarse particularmente una asesoría de comunicaciones de Madrid a cargo del presupuesto de la Fundación Valdecilla, quizá para irse abriendo nuevos horizontes políticos en la capital de España, que con esto de las remodelaciones, nunca se puede estar seguro de nada. Así nos va.
