Editorial

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Así es como funciona (o como no funciona) la Administración y, a pesar de tantos controles bienintencionados para evitar que el cargo electo se salga de la vía legal, no deja de darnos disgustos, con una relación infinita de escándalos. Pero eso hace que los políticos tengan la irrefrenable tentación de valerse de empresas públicas, para estar menos constreñidos. Desde que Rajoy puso coto la creación de nuevos organismos, corren como pollos sin cabeza cuando han de resolver los problemas urgentes y algunas de esas soluciones se les vuelven en contra, como las ayudas concedidas por el Gobierno cántabro a los ayuntamientos para contratar a parados durante un semestre, por unos 700 euros al mes.
Si alguien pensó que encontraría una respuesta entusiasta en el colectivo de desempleados por haber salido temporalmente del paro y que eso se transformaría en una cosecha de votos, se equivocó. Muchos de los parados contratados se han revuelto y han denunciado a sus Corporaciones, porque quieren cobrar lo mismo que el trabajador municipal equivalente (prácticamente el doble) y las reclamaciones judiciales que empiezan a llegarles a los ayuntamientos –y que no tienen fondos para pagar– les van a llevar a rechazar cualquier regalo que el Gobierno les envíe con el mismo fin, porque no saben cómo salir de este embrollo económico y legal.

Semejante lío se hubiese podido evitar si el Gobierno hubiese optado por una vía mucho más práctica: utilizar las empresas privadas, que para eso están, y gastar esos 30 millones de euros en contratarles pequeñas obras. En primer lugar, porque hubiese salvado a varias decenas de compañías de la región que están al borde del cierre por falta de actividad y así se daba continuidad al sector en un año catastrófico para sus intereses. En segundo término, porque serían ellas las contratantes y los trabajadores hubiesen cobrado según el convenio. Además, las empresas tienen las herramientas adecuadas, mientras que los ayuntamientos ni cuentan con ellas ni con partida para adquirirlas y, mucho menos, para afrontar las reparaciones. Finalmente, porque los concejales se hubiesen quitado otro problema de encima: el tener que dirigir a un personal que han de tratar con guante de seda porque, al fin y al cabo, son sus votantes. Son muchos los alcaldes que reconocen no saber qué hacer con las cuadrillas de parados que contratan con las subvenciones y más aún los que no se atreven a llamar la atención a este personal, aunque pierda el oremus, para no enemistarse con una familia de electores.

Esos son los problemas prácticos de un método de contratación que tiene más agujeros que un colador y unos resultados muy cuestionables. Basta recordar las cuadrillas de limpiezas de montes que el año pasado estuvieron mano sobre mano esperando que pasase la temporada de nieves, porque la prioridad de quienes tomaron la decisión no eran los montes sino el contar con esos supuestos votos para las elecciones.
Cuando acabe la crisis, si acaba algún día, en el sector cántabro de la construcción habrán desaparecido al menos el 80% de las pymes. Aún a día de hoy, siguen ‘cayendo como moscas’, según la expresión de uno de los pocos supervivientes, y los que quedan se darían con un canto en los dientes si pudiesen acceder a estas pequeñas obras municipales. La mala prensa del Plan E de Zapatero ha hecho que los Gobiernos hayan evitado cualquier cosa que se le pareciera pero la realidad es que, por muchos defectos que tuviese (y la mayoría fueron culpa de la improvisación de los alcaldes, que no tenían proyectos preparados o que inflaron los precios para no poner el 20% que les correspondía) era mucho más práctico que tirar el dinero en estas cuadrillas municipales, sin tareas concretas, sin herramientas adecuadas y con posibilidades ciertas de armar un buen lío en los juzgados de lo social.

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