De Todo

El Gobierno optará por declarar desierto el concurso de la TDT local

Industria convocará en las próximas semanas un nuevo concurso para las licencias de la TDT local y autonómica si finalmente la Mesa de Contratación estima el informe técnico que propone declarar desierto el ya convocado. De esta manera tiene la posibilidad de introducir cambios en las demarcaciones sin verse obligada a anular el concurso anterior, lo que podría dar lugar a reclamaciones por los gastos en que incurrieron los concurrentes.
En el nuevo concurso se sacarán tanto los canales autonómicos –probablemente tres de los cuatro que tiene adjudicada la comunidad–, como las demarcaciones locales, que son seis. Cada una tiene la posibilidad de emitir en tres canales.

LA EMIGRACION A EXAMEN.– La aportación laboral de los inmigrantes ha influido más que cualquier otra circunstancia en el aumento de la renta de los países occidentales, según Guillermo de la Dehesa, que ha publicado un libro titulado ‘Comprender la inmigración’. Se estima que 200 millones de personas han emigrado por motivos económicos en todo el mundo y hay otros 850 millones de potenciales candidatos cuya irrupción podía ser conflictiva, tanto si entran sin ningún tipo de barrera como si los países receptores intentan ponerlas, algo de cuya eficacia duda De la Dehesa. El consejero del Banco Santander y ex secretario de Estado de Comercio cree que la globalización ha reducido las diferencias de renta entre países y que el comercio puede ser la alternativa a esa emigración, por lo que lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio. El libro fue presentado en La Magdalena por el secretario general del Club de Madrid, Fernando Perpiñá, y los catedráticos Víctor Pérez Díaz y Rafael Domínguez.

La Cornisa no quiere oir hablar de la desaparición de las cuotas lácteas

Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco han consensuado una defensa colectiva frente a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), sobre todo en cuanto a la redistribución social de las ayudas públicas y al mantenimiento del sistema de cuotas lácteas más allá de 2015.
«Nuestra posición debería tener mucho peso en la del Estado», sostiene el conselleiro de Medio Rural gallego, Alfredo Suárez, tras recordar que las cuatro comunidades registran el 80% de los agricultores y ganaderos de España, así como más del 60% de la cuota láctea del Estado.
Los responsables de las cuatro comunidades coincidieron al exigir la continuidad del actual sistema de cuotas lácteas más allá de 2015 o, al menos, el aplazamiento de este debate hasta que se haga público el dictamen sobre el impacto de su desaparición en junio de 2011.
Si se mantiene la decisión de eliminarlas, las comunidades de la Cornisa demandarán la creación de un Fondo, con una asignación que cubra las necesidades locales hasta adaptarse a la nueva coyuntura. También reclamarán a la Comisión Europea una compensación económica para los ganaderos que hayan invertido en la adquisición de cuotas.
Los consejeros rechazan, igualmente, el incremento lineal del 1% de la cuota láctea hasta 2015 para el conjunto de los estados miembros aprobado por el Ejecutivo comunitario y defienden, por el contrario, una «cuota de convergencia» que acerque la capacidad de producción de leche a las necesidades de consumo interno, tras recordar que España es francamente deficitaria.

Froxá rechaza ser responsable del desastre ecológico del Besaya

Un vertido de amoniaco procedente de las tareas de mantenimiento que se realizaban en la empresa Froxá ha matado a 40.000 peces en el Besaya. El desastre ecológico en un río que se recuperaba de su mal estado histórico surgió, según el Seprona, de una tubería que parte de la empresa de congelados ubicada en Cartes. Este hecho ha dado lugar a que el Gobierno de Cantabria haya trasladado el expediente a la Fiscalía, que decidirá si se trata de una causa civil o penal.
El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, indicó que, una vez concluido el proceso judicial, el Gobierno retomará el expediente para establecer la correspondiente sanción, cuya cuantía dependerá de la calificación de la falta como grave o leve.
Actualmente hay tres expedientes abiertos por el vertido, uno de la Confederación Hidrográfica del Norte, que tramita un expediente sancionador; otro de la Consejería de Biodiversidad de Cantabria en el mismo sentido, y el de la Fiscalía.
El consejero considera confirmado que cuando se produjo el vertido había una empresa contratada por Froxá trabajando en el mantenimiento del proceso de congelación, pero será la investigación de los agentes judiciales y del Seprona la que determine la responsabilidad de ésta o de Froxá. «Lo que está claro es que el vertido surge de un tubo que comienza en Froxá», subrayó.
Froxá señala a la firma de mantenimiento

Por su parte, Ultracongelados Froxá niega tener cualquier tipo de responsabilidad en el vertido de amoniaco. Según su director general, Aquilino Fernández, ese día la planta estaba parada (era festivo) y se aprovechó para que la empresa Johnson Controls Refrigeration realizase labores de puesta al día del circuito cerrado de amoniaco que se utiliza en los procesos de congelación y conservación.
«Froxá no ha tenido ninguna responsabilidad», sentenció Fernández, quien insistió en que el amoniaco no se utiliza en el sistema de producción de la fábrica, sino que se trata de un refrigerante «que se emplea en un circuito cerrado y, salvo accidente, resulta imposible su presencia en el río».
Aquilino Fernández consideró lo sucedido un «lamentable accidente» y mostró su «más sincero disgusto» por lo ocurrido.

La Universidad contará con un vehículo submarino
no tripulado

El Departamento de Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cantabria va a adquirir un vehículo submarino no tripulado de altas prestaciones. El presupuesto de licitación era de medio millón de euros y la empresa suministradora será Simrad Spain, una comercial de la compañía noruega Kongsberg Maritime.
El vehículo se manejará de forma remota a través de un cable de fibra óptica y servirá para tareas de inspección marina, que podrá desarrollar a grandes distancias, con altas prestaciones, entre ellas la guía, navegación, control y maniobrabilidad autónoma.
Contará, entre otras equipamientos tecnológicos, con un puntero láser, sonar de barrido lateral, una unidad de control de cubierta, sensor de movimiento, cámara submarina y el sistema DGPS, para correlacionar su posición mediante señales acústicas.
El vehículo podrá sumergirse hasta los 300 metros, con una autonomía de unas dos horas, gracias a la energía que le suministran unas baterías. Tiene un peso de 40 kilos y su tamaño es reducido, para ser puesto en funcionamiento por una sola persona.
El vehículo alcanzará una velocidad de hasta seis nudos avante, tres a popa y hasta cuatro nudos en el desplazamiento vertical. El alcance máximo de trabajo es de 5.000 metros.

13.800 cántabros reúnen un patrimonio de 10.000 millones

El pasado año se presentaron en Cantabria 13.794 declaraciones del Impuesto de Patrimonio correspondiente a 2006, en las que se declaraban unas propiedades por valor de 10.086 millones de euros, lo que arroja una media de 731.220 euros (unos 122 millones de pesetas) por declarante. El grueso de este patrimonio (7.631 millones de euros) estaba formado por inmuebles, cuyo valor supone una media de 555.755 euros por declarante. En cambio, los depósitos en cuenta corriente o de ahorro sólo sumaban 1.200 millones de euros.
En 2.084 declaraciones se reconocía la posesión de bienes suntuarios, como joyas, pieles, objetos de arte y antigüedades, por un importe conjunto de 111 millones de euros (unos 18.500 millones de pesetas).
El resultado de la declaración de 2006 de este impuesto, que desaparecerá este año, arrojó una cuota a ingresar de más de 35 millones de euros, lo que supone una media de 2.625 euros (436.000 pesetas) por cada uno de 13.403 contribuyentes a los que les correspondió pagar.

Visto bueno a la planta de áridos de la cantera de Santullán

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha dictado una estimación de impacto ambiental aprobatoria para la ampliación de la planta de tratamiento de áridos de la cantera de Santullán, dentro del término municipal de Castro Urdiales, aunque establece condiciones para reducir el efecto que tendrá el recrecimiento.
La empresa estará obligada a cumplir varias medidas de atenuación de impacto ambiental que ha añadido la Consejería a las que ya proponía el proyecto presentado.

Del Olmo considera improbable que se autorice el ciclo combinado de Solvay

El consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo, considera la energía como «un factor indispensable» para el desarrollo industrial de la región, lo que pasa por tener «una buena red de distribución y una buena red privada de generación». En este sentido, destacó en declaraciones a RNE que se necesitan centrales de ciclo combinado, «cuando menos» dos grupos de 400 megavatios cada uno, siendo «absolutamente imprescindible» una planta de 400, precisó.
Estas centrales se contemplaban en el Plan Energético, pero las circunstancias «han variado» y se ha producido una evaluación negativa de los dos grupos de Sniace por razones que «probablemente puedan ser transmisibles», a su juicio, a la planta de Viesgo-Solvay en Torrelavega, que es «muy difícil pensar que vaya a tener una evaluación positiva, por lo que habrá que buscar ubicaciones alternativas», algo en lo ya está trabajando el Gobierno.

El Gobierno calcula una inversión de 47 millones de euros
Ascan, Bolado y Siec dispuestas a entrar en la promoción del Polígono de Cudeyo

Tres grupos se han presentado al concurso para la selección de un accionista privado de la Sociedad Industrial de Marina y Medio Cudeyo y para financiar la urbanización del área industrial que ha previsto allí el Gobierno. Se trata de Ascan, Emilio Bolado-MIRA Promoción, y Siec-Tirso-Talleres Orán. El concurso establecía un presupuesto base de licitación de 47,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.
La participación que tendrá en esta iniciativa el socio privado elegido será del 74,9%, mientras que los socios públicos (Suelo Industrial de Cantabria y la CEP) aportarán el 25,1% restante a partes iguales.
El periodo de colaboración entre la parte pública y la privada es de cinco años a partir de la formalización de la adjudicación, con una posible prórroga de otros dos años.
La fórmula que combina la inversión pública con la privada va a ser una constante en la futura gestión y creación de suelo industrial por parte del Gobierno.
Centro logístico

Este proyecto supone una de las actuaciones más significativas del Gobierno de Cantabria en cuanto a promoción y desarrollo de suelo industrial en la comunidad. El polígono dará preferencia a las actividades de logística-industrial, comercial y de servicios (empresas de transportes), además de equipamientos sociales y deportivos y tendrá dos zonas destinadas a realojos de compañías.
La aprobación definitiva del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), que impulsará la actuación, fue publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el pasado 17 de abril y se estima que propiciará 600 millones de euros de inversión cuando se implanten las empresas en los 1.452.392 metros cuadrados del área industrial que, según las estimaciones darán trabajo a unas 3.000 personas.

EL TSJC NO ADMITE A TRAMITE EL RECURSO DE STEEL BETON SOBRE LA RECALIFICACION DE SU SOLAR.– La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha avalado la decisión del Gobierno regional de no admitir a trámite un recurso de la empresa Steel Beton, situada en Astillero, con motivo de una modificación urbanística. La empresa recurrió contra un acuerdo de la Comisión Regional de Urbanismo que rechazó la modificación puntual de las normas subsidiarias aprobada por el Ayuntamiento de Astillero, debido a que no estaba justificado el aumento de edificabilidad respecto a la media y a la necesidad de ampliar esta actuación a todas las naves existentes. El Gobierno alegó que el recurso de alzada debió presentarse ante el acuerdo del Consejo de Gobierno y no al de la CROTU, una postura que avala este sentencia.