Crece la lista de enfermedades profesionales

El sector preventivo sigue luchando por reducir la accidentalidad, su gran guerra, pero por el camino va librando otras batallas. Este año ha culminado el proceso de segregación de las actividades preventivas de las mutuas en pro de la libre competencia y, a principios del 2007, entrará en vigor el nuevo catálogo de enfermedades profesionales que llevan reivindicando desde finales de los noventa. Un asunto de gran trascendencia, ya que el reconocimiento del origen laboral de ciertas patologías puede evitar que éstas vuelvan a producirse o, al menos, que se tripliquen como ha ocurrido en los últimos cinco años, en especial, con las causadas por agentes físicos en empleos industriales.
El nuevo listado de enfermedades profesionales que acaba de aprobar el Gobierno añade unos 1.800 trastornos a los 25.000 que ya figuraban; por ejemplo, los músculo-esqueléticos o los nódulos en las cuerdas vocales que padecen los profesores por usar su voz como instrumento de trabajo.
Abrir el abanico de dolencias reconocidas era necesario para adaptarse a riesgos que en 1978 ni se conocían, a nuevas profesiones o a ciertas sustancias que con el tiempo han resultado ser nocivas, pero obligaba a quien lo hiciese a asumir un fuerte incremento en las prestaciones sociales, por lo que todos los Gobiernos lo han ido aplazando hasta ahora.
El decreto de Trabajo no se conforma con actualizar la lista de enfermedades profesionales sino que también refuerza sus mecanismos de notificación para que se animen a declararlas las empresas, las mutuas y los propios médicos del Servicio Cántabro de Salud o de las sociedades de prevención. Eso va a evitar que muchas dolencias permanezcan ocultas como hasta ahora por la escasa formación en salud laboral de algunos profesionales, por la falta de sensibilidad para considerar el trabajo como un escenario de riesgo y, desde un punto de vista más práctico, “porque, en caso de diagnosticarlas, las empresas y mutuas tenían que pagar la incapacidad temporal del trabajador, lo que las convertía en juez y parte”, explica el doctor Pérez Bouzo.
El nuevo catálogo también va a recoger en varios anexos aquellas patologías de las que se sospecha su carácter laboral, aunque científicamente no se hayan demostrado, y las que aún no se han presentado pero podrían hacerlo a medio o largo plazo.

Actualización permanente

Hasta ahora, resultaba de vital importancia para un trabajador que su dolencia fuera considerada como una enfermedad profesional, para tener acceso a las indemnizaciones. Y es que, en este caso, el empleado cobraba entre el 75 y el 100% de su salario durante los 20 primeros días de baja y no tenía que pagar el tratamiento médico o farmacéutico, mientras que sólo recibía el 60% del sueldo y había de pagar el 40% del precio de los medicamentos si se trataba de una contingencia común.
No es de extrañar así que muchos trabajadores enfermos estuvieran dispuestos a emprender largos y costosos procesos legales para conseguir estas compensaciones. Algo que ya no será necesario porque el texto añade otro cambio importante, al considerar que una enfermedad contraída en el desempeño de un trabajo, aunque no esté tipificada como tal, tiene la misma consideración que un accidente laboral y conlleva prestaciones económicas parecidas.
Además, a partir de ahora, será difícil que el registro de enfermedades quede obsoleto porque va a renovarse de forma automática a través de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad. Los médicos comunicarán a las gestoras de la Seguridad Social la existencia de dolencias susceptibles de ser calificadas como profesionales y éstas investigarán su origen en colaboración con los Ministerios de Trabajo, Sanidad y los organismos competentes en cada comunidad. Todo ello sin perjuicio de las mutuas, que seguirán identificando las contingencias profesionales y tramitando los partes, que estrenan un nuevo modelo para su transmisión electrónica.
Así se podrán elaborar estadísticas que ayuden a desvelar la causa de nuevas patologías como algunos tipos de cáncer contraídos en el puesto de trabajo que, según Comisiones Obreras, causan alrededor de 5.000 muertes al año. El sindicato ha denunciado que ahora menos del 1% computan como enfermedad profesional a diferencia de otros países como Francia, donde representan un 9%, o Alemania que son un 13%.

¿Fracaso de la prevención?

Año tras año, los datos de siniestralidad laboral generan cierta sensación de fracaso ya que el número de accidentes no se reduce en proporción a los esfuerzos realizados. Y ya ha transcurrido una década desde que entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según los expertos, la más completa de Europa y la que ha sido objeto de una mayor divulgación.
En Cantabria, en lo que llevamos de 2006, la siniestralidad ha aumentado más de un 6% respecto a 2005 ya que se han producido 8.546 accidentes, casi medio millar más que el año pasado por estas fechas. Además, se han incrementado tanto los accidentes mortales (54%) como los leves (6,2%) y sólo han disminuido ligeramente los graves (1,7%).
Con la esperanza de no sumar ninguna más, se han registrado 22 muertes en centros de trabajo y, como viene siendo habitual, octubre ha sido el mes más negro, con más mil accidentes, la cifra de percances en un solo mes más alta de los últimos cuatro años.
Todos los sectores productivos han vivido un aumento de la siniestralidad aunque el de servicios es el que más accidentes acumula. La construcción, con 2.423 siniestros, ha registrado un 6,8% más que en 2005 y la industria, con 2.208, también ha subido un 2,5%.
Ante estas desalentadoras cifras, el sector sigue exigiendo que tanto empresarios como trabajadores interioricen la cultura preventiva y, si esto no fuera suficiente, que se aplique una visión más economicista de la prevención que endurezca los castigos por incumplir la ley y premie su correcta aplicación. De hecho, por ahí van a girar las nuevas políticas gubernamentales que pretenden incentivar con bonus o reducciones de las cotizaciones por accidentes laborales y enfermedades profesionales de las empresas que demuestren tener unos índices de siniestralidad menores que los de su sector.
Quizá diez años no hayan dado el fruto esperado pero no será por no haberlo intentado.