Cambio de ‘malos’ en la película de las preferentes

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La foto del presidente regional cántabro firmando una carta de los afectados de las preferentes en las que exigen que se les devuelva todo su dinero llamó la atención, ya que son las autoridades las que tienen en sus manos regular una salida para este problema, que afecta a entidades financieras privadas y a otras que ya han pasado al sector público. Pero ni los afectados ni quienes al día siguiente leyeron la noticia sabían que el propio Diego había aprobado emisiones de preferentes cuando era consejero de Caja Cantabria. Algo que el presidente de la comunidad también debió olvidar al firmar ese escrito, en el que, además, se proponía cambiar el nombre de Liberbank por el de ‘Carcelbank’.
Las protestas de los afectados por las preferentes se han convertido en un insidioso problema para Liberbank, cuya imagen se resiente y de poco le ha servido al banco que preside Manuel Menéndez insistir en que se trata de un asunto heredado. Quizá por ese empeño cada vez más evidente de echarle encima la responsabilidad, ha acabado por tirar de la manta y ante la reclamación judicial de los propietarios, les ha propuesto que pidan explicaciones a quienes aprobaron las cuatro emisiones que hizo Caja Cantabria.
Liberbank sabe que la carga de profundidad está en los nombres, puesto que en los consejos de administración de Caja Cantabria de 2001, 2003, 2006 y 2009 que respaldaron la venta de este producto financiero a clientes de la entidad que difícilmente podían conocer su complejidad y riesgos estaban el actual secretario general de CC OO, Vicente Arce, que ahora ha asumido un papel muy activo en defensa de los afectados; su antecesor, Javier Puente, actual secretario general de Caja Cantabria a propuesta del PP; el consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez y el propio Ignacio Diego.
Liberbank pretende desembarazarse así del papel de ‘malo de la película’ y dejar las cosas en su sitio. Un cambio de papeles muy incómodo para el PP, sobre todo si fuesen llamados a declarar el presidente regional y otros cargos públicos de su partido que en su día participaron en los consejos de administración de la Caja, en los que también votaron a favor los representantes del PSOE, PRC, sindicatos, impositores y entidades sociales, porque los acuerdos se solían tomar por unanimidad.

Una salida a un problema histórico

La idea de emitir participaciones preferentes fue del director general, Javier Eraso (que el PP ha pretendido convertir recientemente en presidente de la Caja con poco éxito, al elegir una vía errónea). Eraso estaba presionado por el Banco de España para fortalecer la ratio de capital de la entidad, tradicionalmente muy endeble, y no tenía muchas vías para conseguirlo. La Caja cántabra no generaba un volumen suficiente de beneficios y, como otras muchas entidades, optó por una alternativa de cierta complejidad, la de vender una deuda perpetua que, por esta circunstancia, computaba como capital propio.
Aunque el valor de estas participaciones preferentes está vinculado a que los emisores sigan obteniendo beneficios, por entonces nadie parecía tener en cuenta el riesgo de que el sector financiero español pudiese entrar en pérdidas o que, incluso, algunas entidades llegasen a desaparecer. Hasta los expertos daban por hecho que el negocio financiero era sinónimo de seguridad y rentabilidad indefinida. El peor escenario para un banco o una caja parecía, simplemente, que los beneficios no creciesen con respecto al ejercicio anterior.
Pero no hay ninguna garantía de que los negocios sean rentables de por vida. Y tampoco hay garantías de que quienes toman las decisiones asuman luego las consecuencias de sus actos.

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