200 millones para hacer 4.000 atraques deportivos

Los puertos deportivos van a tomar el relevo de las carreteras en las obras impulsadas desde el Gobierno cántabro. El proceso, iniciado ya en los puertos de Santoña y Laredo, va a tener continuidad con un ambicioso plan cuyo avance ha sido presentado por la Consejería de Obras Públicas, en el que se prevé una inversión de 200 millones de euros en la construcción de nuevos puertos deportivos y la reordenación de las dársenas de Castro Urdiales, Laredo, Colindres, Santoña, Suances y San Vicente de la Barquera, además de la modernización de otros ya existentes.
Si bien muchas de estas actuaciones estaban ya previstas con anterioridad, la Ley de Puertos de 2004 ha propiciado su inclusión en un un Plan a ocho años que supondrá cuatro mil atraques más para la navegación deportiva, una oferta muy superior a las necesidades actuales, que se cifran en unos mil amarres.
El Plan de Puertos estima que potenciar la náutica deportiva puede permitir captar un turismo de calidad para la región dentro y fuera de España gracias a “la localización de Cantabria, a camino entre los países del Norte de Europa y los del Mediterráneo”. Según el estudio que acompaña al documento, realizado por la consultora Apia XXI, la náutica recreativo-deportiva supone un 0,25% del VAB de la comunidad cántabra, un porcentaje susceptible de elevarse hasta el 0,42% a poco que se aprovechen las cualidades de la región.

La participación de la iniciativa privada

El problema es que es una apuesta muy cara, sobre todo en lo que tiene que ver con los puertos deportivos nuevos, que van a costar 200 millones de euros, una cuantía muy superior a la estimada anteriormente. La Administración regional no tiene capacidad para dedicar un volumen semejante de recursos y confía en despertar el interés de la iniciativa privada mediante la concesión para la explotación de los atraques y de los aparcamientos subterráneos, como el que se proyecta construir debajo del parque Amestoy, en Castro Urdiales.
En el Plan se espera que al menos el 50% de la inversión en estas grandes actuaciones pueda obtenerse por esta vía. Sin embargo, el precedente del Puerto de Laredo no invita al optimismo. En esta obra, adjudicada ya a una UTE formada por FCC, Ascán y Puntida, la administración regional va a acabar por aportar 45,8 millones de euros, el 71% del coste total de la obra. Las empresas concesionarias sólo aportarán el 29% restante y a cambio obtendrán el derecho a explotar las nuevas instalaciones durante 40 años. La complejidad de la obra, para la que será necesario levantar un gran dique de protección, y la renovación de la dársena pesquera explican el encarecimiento y la significativa aportación de las arcas públicas, según el Gobierno cántabro.
La necesidad de ejecutar costosos diques de protección también se va a dar en otros dos puertos deportivos: Suances y San Vicente de la Barquera. En el caso de Suances, la peligrosa entrada a la Ría de San Martín hace imprescindible la construcción de un dique que, por sí solo costaría unos 30 millones de euros.
La defensa del puerto exterior que se había planeado hacer en San Vicente de la Barquera puede ser tan costosa o más y por ese motivo todo indica que se va a renunciar al proyecto original, que colocaba el puerto en mar abierto, entre la barra de acceso a la bahía de San Vicente y el Faro, lo que exige la construcción de un dique de abrigo y dispara el presupuesto de la marina deportiva hasta los 50 millones de euros.
Escarmentado por lo ocurrido en Laredo, el Gobierno regional parece ahora dispuesto a que el puerto sea interior. Si bien el número de atraques se reducirá a poco más de trescientos y habrá que resolver delicadas cuestiones medioambientales, nadie duda de que es la opción más barata.
Peor solución tiene el caso de Suances. El único lugar donde se puede construir el puerto deportivo, la playa de La Ribera, en la desembocadura del Besaya, requiere la construcción de un rompeolas que cambie las corrientes que crean una peligrosa barra móvil de arenas allí donde se juntan las aguas de la Ría y las del mar. El Gobierno cántabro ha intentado que sea la Administración central la que se haga cargo de los costes de este dique que protegería la Ría, pero la Dirección General de Costas ha hecho hasta el momento caso omiso a esa petición. Si a esa dificultad se le añaden los problemas medioambientales que plantea la zona –especialmente después de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la depuradora de la Vuelta Ostrera–, la posibilidad de que Suances cuente a medio plazo con un nuevo puerto deportivo se presenta incierta.
El hecho de que haya que contar con la financiación privada, ha llevado al Gobierno cántabro a crear una empresa pública al efecto, como ha ocurrido con otros proyectos sometidos a la nueva política de financiación estructurada.
Zonas en reserva

En la elección de los emplazamientos para los nuevos puertos de recreo se ha buscado satisfacer una demanda ya existente y eso conduce inevitablemente a las localidades costeras con más población. Pero no siempre es ambientalmente posible y por ese motivo se ha descartado una localidad como Noja, con un gran atractivo turístico y una alta ocupación estival. Los técnicos temen que una instalación de esas características provoque un cambio en la dinámica litoral con repercusiones impredecibles sobre las playas próximas.
Donde no se descarta construir nuevos puertos deportivos es en Comillas y en la propia bahía de Santander, aunque se consideran áreas de reserva hasta ver como evoluciona la demanda de atraques en los próximos ocho años. Ruiloba y la zona situada al pie de la Universidad Pontificia son las posibles ubicaciones para Comillas, mientras que, en el caso de la bahía santanderina, las posibilidades de construir una marina deportiva son muy amplias y van a lo largo de todo el arco sur, desde Astillero a Somo.

Laredo, en 2007

El Plan de Puertos va a ser sometido al informe del resto de las Consejerías y de los municipios afectados. Se espera que en ocho meses esté concluido y pueda ser sometido a información pública y presentado al Parlamento de Cantabria.
Salvo en el caso de Laredo, donde está a punto de iniciarse la ejecución material de la obra, que durará dos años, o el de Castro Urdiales, cuya primera fase para reformar el frente marítimo también está a punto de arrancar, el resto de los puertos deportivos tiene plazos bastante inciertos. La ordenación de la dársena de Colindres es la que menos dificultades plantea. En Santoña sólo resta un pequeño muelle circular, que aumentará la capacidad de los ya construidos, pero queda por analizar el impacto que esa obra puede tener en la dinámica litoral de las marismas.
Lo que sí está claro es que la construcción de los 4.000 nuevos amarres tendrá un coste total de 200 millones de euros. Por el momento, no es fácil presumir qué parte podría llegar a aportar la iniciativa privada pero lo probable es que no supere el 30%. La inversión, sea pública o privada, va a suponer 50.000 euros por amarre, bastante más de lo que costarán la inmensa mayoría de los barcos que atracarán en ellos. Quizá sea un ejemplo de lo que en economía se entiende por costes sumergidos.