Solo 19 ayuntamientos cántabros cumplen la obligación de tener censado el amianto

En 2022, el Estado dio a los ayuntamientos un año para localizar el amianto presente en su territorio y planificar su retirada. A día de hoy, solo 19 de los 102 municipios cántabros han elaborado el inventario obligatorio de este material cancerígeno instalado en cubiertas, naves y edificios públicos. Mucho más retrasada va su retirada, aunque en este caso tienen de plazo hasta 2028

El amianto no se ve, no huele y no se percibe hasta que alguien lo corta, lo rompe o lo tritura. Entonces libera fibras microscópicas que pueden quedar suspendidas en el aire y alojarse en los pulmones durante décadas. Y es ahí donde radica el peligro de esta sustancia cancerígena, que durante gran parte del siglo XX fue un material estrella en la construcción y en la industria.

Un producto barato, resistente y aislante. Por eso está presente en cubiertas de fibrocemento, bajantes, tejados de naves industriales, depósitos de agua, paneles aislantes, garajes, edificios públicos… En Cantabria, como en el resto de España, miles de estructuras levantadas antes de 2002 —año en que se prohibió su uso— siguen conteniéndolo.

Su retirada ha pasado a ocupar un lugar relevante en las preocupaciones sanitarias, sociales y ambientales, pero exige medios y cautelas, lo que ha retrasado el derribo de la antigua Residencia Cantabria en Santander, en cuya construcción se utilizaron miles de toneladas de materiales con amianto. Entre otras cosas, era necesario tener un vertedero específico para depositar estos residuos, que se ha construido en Castañeda.

Más allá de estas actuaciones ya conocidas, existe una obligación legal de la que apenas se habla. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular estableció en 2020 que los ayuntamientos debían elaborar, antes de transcurrir un año desde su entrada en vigor, un inventario de las instalaciones y emplazamientos con amianto que hay en su municipio, incluyendo un calendario de retirada. El censo debía incluir edificios públicos y privados (viviendas, industrias e infraestructuras) y priorizar la recogida y traslado a vertedero del material de este tipo que se encuentre en zonas más concurridas o con más afecciones.

Menos del 20% cumple la ley

Aunque la comunidad autónoma tiene competencias en materia de residuos, la ley señaló de forma expresa a los ayuntamientos como responsables de elaborar este censo. Sin embargo, tres años después de vencer el plazo, menos del 20% lo han cumplido.

De los 102 ayuntamientos cántabros, solo 19 tienen elaborado ya el inventario y el calendario de retirada. Se trata de Ruente, Potes, Tudanca, Peñarrubia, Cillorigo de Liébana, Colindres, Hermandad de Campoo de Suso, Cabezón de Liébana, Comillas, Cabuérniga, Mazcuerras, Cartes, Reinosa, Castro Urdiales, Villacarriedo, Polaciones, Valle de Villaverde, Los Tojos y Torrelavega.

A la vista de la escasa diligencia general para cumplir la ley, el Gobierno de Cantabria puso a disposición de los ayuntamientos el año pasado una línea de ayudas para facilitar el trabajo técnico que requiere el inventario. 38 ayuntamientos recibieron esta financiación, los 19 que ya han completado el inventario y otros tantos que aún no han entregado el censo.

La Consejería de Medio Ambiente dispuso para este fin una partida de 150.000 euros con cargo a los presupuestos de 2025, que resultó muy insuficiente, porque otros 19 municipios vieron denegada su solicitud por haberse agotado la cuantía presupuestada. En otro caso, el de Santa María de Cayón, la denegación obedeció a que la solicitud se presentó fuera de plazo.

Si se excluyen los municipios que ya han hecho el inventario, los que han recibido dinero pero aún no lo han elaborado, y los que han mostrado interés por la convocatoria pero no obtuvieron financiación, queda constancia de que una parte considerable del mapa regional —44 municipios— no ha mostrado a día de hoy ninguna intención de hacer ese censo que la ley les exige.

Para facilitarles el trabajo, el Ministerio de Sanidad publicó en junio de 2024 unas directrices técnicas con una metodología estandarizada, que además debía servir para tener criterios homogéneos en todo el territorio.

Ahí se detalla cómo debe abordarse el proceso, la identificación del tipo de material con amianto y la valoración del riesgo potencial de exposición. También introduce prioridades para planificar la retirada en función del estado de conservación, la accesibilidad del material o la presencia en el entorno de población vulnerable.

El objetivo es evitar que el inventario se limite a una mera enumeración de ubicaciones y se convierta en una herramienta de planificación, capaz de orientar decisiones futuras. Las directrices subrayan la necesidad de dar prioridad a los edificios públicos y a aquellos espacios donde exista mayor probabilidad de exposición, en línea con el horizonte fijado por la normativa estatal para la eliminación progresiva del amianto en instalaciones públicas antes de 2028. Teniendo en cuenta el ritmo que llevan los ayuntamientos cántabros, resulta arriesgado suponer que ese plazo pueda cumplirse.