San Miguel de Aguayo, el pueblo de menos de 200 vecinos que espera una lluvia de millones

Tiene por delante la difícil tarea de gestionar una fortuna sin precedentes por la ampliación de la central de Repsol

San Miguel de Aguayo ingresará unos 16 millones de euros este verano cuando Repsol solicite la licencia de obras para la ampliación de su central de bombeo. Además, el canon que paga cada año por el uso de espacio público se duplicará. Para un municipio de menos de 200 vecinos que ya gestiona un presupuesto envidiable gracias a esta instalación, la cifra es difícil de dimensionar. Su alcalde, Eduardo Gutiérrez, reconoce sin rodeos que el problema no será gastar el dinero, sino no malgastarlo.


San Miguel de Aguayo es uno de los municipios más pequeños de Cantabria. Rodeado de montes, en plena comarca de Campoo, muchos cántabros tendrían dificultades para localizarlo en el mapa. Pero lo que casi todos saben es lo que alberga en sus tierras: el embalse de Alsa y una central hidroeléctrica de bombeo reversible que Repsol heredó cuando absorbió Viesgo. Esa instalación, en funcionamiento desde 1982, es la que llena las arcas municipales y la que explica una anomalía difícil de encontrar en la España rural.

Con menos de 200 vecinos, el Ayuntamiento maneja un presupuesto anual de 1,1 millones de euros. El canon que la central abona cada año por uso del suelo y vuelos asciende a unos 800.000 euros, una cifra que permite al Consistorio ofrecer servicios que son la envidia de toda la comarca. Los escolares tienen subvenciones para estudiar, clases particulares y de inglés. Los lunes, día de mercado en Reinosa, un taxi municipal lleva gratis a los mayores que ya no conducen para que puedan hacer sus recados. Nadie paga por la leña, que llega ya cortada a las casas. Las fiestas tienen un programa más amplio y ambicioso que otros pueblos similares. Durante años se organizaron viajes para los vecinos con todos los gastos pagados, que más tarde se sustituyeron por una generosa cesta de Navidad para cada casa.

Todo eso está a punto de quedarse pequeño. La ampliación de la central traerá al pueblo una inyección económica sin precedentes. Su alcalde, lejos de frotarse las manos, reconoce que el verdadero problema será saber qué hacer con tanto dinero.

El municipio tiene un presupuesto municipal de apenas 1,2 millones de euros, uno de los más modestos de la región.

El proyecto que lo cambia todo se llama Aguayo II. Es la ampliación de la central de bombeo reversible de San Miguel de Aguayo, una de las mayores apuestas de Repsol en renovables y la inversión privada más cuantiosa de la historia de Cantabria, en el entorno de los 900 millones de euros. La obra multiplicará casi por cuatro la potencia de la instalación, de los 361 megavatios actuales hasta los 1.400, y la convertirá en la segunda central de bombeo más grande de España, solo por detrás de la de Cortes-La Muela, que tiene Iberdrola, en Valencia.

Dos vías de ingresos

Para un municipio del tamaño de San Miguel de Aguayo, una obra de esa magnitud significa dinero. Mucho. Y llegará por dos vías. La primera, de una sola vez, a través de la licencia de obra que Repsol debe solicitar al Ayuntamiento antes de empezar a construir. La segunda, año tras año, mediante el canon que la empresa abona por su actividad en el término municipal.

Las cifras que se manejaron  cuando el proyecto cobró impulso eran espectaculares: hasta 25 o 30 millones por la licencia y un canon anual que podría llegar hasta los cinco millones. La realidad, según ha podido confirmar Cantabria Económica con el propio Ayuntamiento, será más contenida, pero, en cualquier caso, extraordinaria.

El embalse de Alsa data de 1920 y nació para abastecer la central de Torina. En los años ochenta pasó a ser el depósito inferior del sistema de bombeo, al construirse el de Mediajo aguas arriba y conectarse ambos mediante tuberías.

“Como ha habido cambios de presupuesto de obra no sabemos exactamente la cuantía que va a suponer la licencia”, explica el alcalde, Eduardo Gutiérrez. Lo que sí puede confirmar es que rondará los 16 millones, nueve menos de la estimación inicial. La merma tiene una explicación técnica: no toda la obra tributa. La licencia urbanística se calcula sobre el presupuesto de ejecución material, y buena parte de la inversión de Aguayo II queda fuera de ese cómputo.

El montante definitivo no se conocerá hasta que Repsol pida formalmente la licencia, un trámite que el Ayuntamiento espera para junio o julio. El municipio recibirá entonces, y de un solo golpe, una cantidad que podía cubrir el 100% de su presupuesto anual ordinario durante más de una década.

Pero no va a ser el único ingreso.  Hay otro –y ese de carácter recurrente– que se va a multiplicar. Se trata de un canon que el municipio viene cobrando desde que se construyó la central y que ronda los 800.000 euros anuales, por la ocupación de terrenos y las actividades económicas vinculadas a su funcionamiento. Con la repotenciación de la central, las previsiones más optimistas lo elevaban a cinco millones de euros por ejercicio. Sin embargo, el alcalde se muestra más cauto. “No será tanto, seguro, pero sí creemos que, como mínimo, se duplique”. En este caso, la rebaja de las expectativas tiene que ver con la naturaleza del proyecto: como tanto las tuberías como las turbinas de Aguayo II irán excavadas en el interior de la montaña, la ocupación de superficie apenas va a crecer. El aumento en el recibo que pague Repsol será consecuencia, sobre todo, del salto en la producción. Incluso así, la cuantía económica que va a ingresar anualmente es superior al presupuesto ordinario del municipio y no admite comparación con cualquier otro pueblo de este tamaño.

El regidor socialista, a punto de concluir su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento, no se deja llevar por la euforia: “Queremos gastarlo con responsabilidad, porque cuando te viene algo así, la preocupación es no malgastarlo”, apunta.

De hecho, ha planteado la posibilidad de contratar una consultora que diseñe un plan de acción con iniciativas concretas, un paso poco habitual en un municipio de este tamaño pero que da la medida de lo que se le viene encima.

Hay necesidades que ya están identificadas. La primera es el soterramiento de los tendidos en todo el municipio, lo que mejoraría tanto la seguridad como la imagen de los tres núcleos que lo componen. La segunda, la reparación de calles y muros. La tercera, una línea de subvenciones para que los vecinos rehabiliten tejados y fachadas en mal estado, con un objetivo estético y de cohesión que el propio alcalde resume en que el pueblo “se armonice un poco” y luzca a la altura de su fama.

Calefacción para todos

Pero el proyecto que de verdad ilusiona al regidor es más ambicioso. Se trata de una central de biomasa que daría calefacción, mediante agua caliente, a todas las viviendas del municipio, que por su altitud media tiene un clima áspero de montaña. Una red de calor centralizada, alimentada con recursos forestales de la zona, que convertiría un pueblo conocido por almacenar energía bajo tierra en un ejemplo de autoabastecimiento térmico en superficie.

El Ayuntamiento ya ha dado los primeros pasos: ha contactado con la Universidad de Cantabria para que estudie la viabilidad de la idea y explore fórmulas de generación de calor y de energía.

La gran incógnita es si el dinero alcanzará para tanto. El alcalde no lo da por hecho. “Estamos esperando que nos digan el coste total. Posiblemente no nos llegue para hacer todo, pero de alguna manera habría que invertir a largo plazo y llevarlo a cabo”, reconoce.

Mil personas trabajando

Todo en la zona va a cambiar cuando empiecen las obras. Aunque la central está apartada de los núcleos poblados y la mayor parte de los trabajos se harán en el interior de la montaña, el movimiento de trabajadores y máquinas va a ser continuo, porque una inversión de 900 millones no pasa desapercibida. Tampoco para el sistema eléctrico español, que Aguayo II hará más robusto y eficiente. Es, en esencia, una batería gigante. Cuando sobra energía renovable en el sistema —cuando el viento produce más de lo que se consume, por ejemplo, por las noches—, la instalación usa ese excedente para bombear agua del embalse inferior al superior. Cuando la demanda aprieta –de día– suelta el agua, que al retornar mueve las turbinas y genera electricidad. Almacena cuando sobra y produce cuando falta.

Con 1.400 megavatios de potencia y una producción anual estimada en 2.000 gigavatios hora —equivalente al consumo de más de 800.000 hogares—, la central reforzaría la estabilidad de la red peninsular. Es lo que ha valorado la Unión Europea para declararlo Proyecto de Interés Común en 2023 y concederle una subvención de 180 millones de euros del llamado Mecanismo Conectar Europa, la mayor ayuda individual entre catorce infraestructuras energéticas estratégicas de toda la UE, que se van a repartir 650 millones de euros. Para Cantabria, el proyecto supone situarse en el mapa de la transición energética española.

A diferencia de lo ocurrido con los parques eólicos, la ampliación de la central no ha despertado rechazo en el municipio. El Ayuntamiento se opuso en su momento a los aerogeneradores porque, según el alcalde, todo el pueblo estaba en contra. Con Aguayo II la posición institucional es distinta. Hay objeciones puntuales —algún propietario afectado por una variante a la altura de Santa María de Aguayo—, pero nada comparable a la contestación que generan los molinos.

Además, la relación con Repsol es estrecha. “Han venido aquí y han explicado el proyecto. Todas las semanas hablamos con ellos”, cuenta el alcalde, que detalla las contraprestaciones que la empresa contempla más allá del canon.

Hay un convenio en preparación que compensará a la ganadería por los pastos que se verán afectados durante la obra y una cantidad anual para la promoción turística del municipio.

Queda la incógnita del impacto en la vida diaria de una obra que durará cuatro años y medio y empleará hasta mil personas en los momentos de mayor actividad. El alcalde no edulcora lo que se viene. “En el pueblo va a ser bastante duro, no hay que negar las cosas”, admite. Pero matiza enseguida esos temores: la zona de trabajos está a kilómetro y medio del casco urbano y la mayoría de los operarios se alojarán fuera y llegarán en autobús. La escasa oferta del municipio apenas suma una veintena de plazas. “Yo creo que no nos va a afectar demasiado”, concluye.

San Miguel de Aguayo comparte con buena parte de la Cantabria rural su problema más persistente: el envejecimiento y la pérdida de población. El dinero le ha permitido mantener durante décadas servicios que otros municipios no podían permitirse, pero no ha bastado para invertir esa tendencia. Ese es el verdadero reto que tiene por delante: que la fortuna frene el vaciamiento del pueblo y, a ser posible, que atraiga nuevas actividades económicas.

Rubén Alonso

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