Las nuevas plazas concertadas en residencias de mayores no logran aliviar las listas de espera

El Gobierno de Cantabria tiene previsto concertar 200 nuevas plazas en residencias de mayores, que se sumarán a las 169 creadas en los últimos dos años. Sin embargo, las listas de espera no paran de crecer. Más de 700 cántabros están pendientes de ocupar una plaza, que ahora pueden disfrutar en el centro que elijan, tras recuperar el Ejecutivo de Buruaga el sistema de libre elección. Pero este modelo concentra la demanda en las residencias de los grandes núcleos de población, eleva las esperas y pone en entredicho el futuro de los centros rurales.

Cantabria alcanza cada ejercicio la mayor tasa de envejecimiento de su historia: uno de cada cuatro cántabros ya tiene más de 65 años. De cada 100 residentes en la región, solo once son menores de quince años, frente a casi 25 que tienen más de 64 años.

La esperanza de vida se alarga y cada vez son más quienes llegan a la tercera edad y lo hacen, además, en mejores condiciones. Los avances médicos y un estilo de vida más saludable hacen que la condición física y mental de muchas personas de 80 años tengan muy poco que ver con las de hace solo unas décadas. No obstante, a cierta edad resulta indispensable contar con ayuda, al menos en cierto grado.

Sin embargo, el cuidado de las personas de la tercera edad sigue siendo una asignatura pendiente y el apoyo a los mayores va a ser un problema de primer orden, especialmente en Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria, las comunidades más envejecidas de España. En ellas la tasa regional de dependencia (la ratio entre mayores y jóvenes) ha superado el 56%, muy por encima de la media nacional (51,6%) y los problemas que plantea ese alto porcentaje de personas que van a necesitar atención cada vez son más difíciles de resolver: en estos momentos, en Cantabria ya hay alrededor de 700 a la espera de una plaza concertada en una residencia de mayores.

700 cántabros esperan una plaza concertada en una residencia de mayores

La consejera cántabra de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, anunciaba recientemente la creación de 200 nuevas plazas concertadas, que se incluirán en los Presupuestos de 2026. Se suman a las 169 habilitadas desde 2024 pero siguen siendo insuficientes: la región cuenta con 4,94 plazas en residencias por cada cien personas mayores de 65 años y el mínimo recomendable es de 5.

Desde 2023 esa tasa de cobertura ha mejorado ligeramente. Entonces había 6.031 plazas en residencias, frente a las cerca de 6.570 actuales, de las que 4.390 están concertadas por el Gobierno, un estímulo muy importante para los empresarios del sector, que se garantizan una clientela fija, aunque el rendimiento que obtienen por esas plazas sea menor que el de las privadas. Esta política de concertaciones se ha mantenido en el tiempo, porque Cantabria partía de un censo de residencias muy reducido, y se ha empleado también en las más recientes, como las de Rubayo, Solares o la que se ha construido en Requejada.

Estos avances quedan mitigados por el acelerado ritmo con el que se inflama la demanda, y las listas de espera no dejan de crecer. El problema se ha intensificado desde que el usuario puede elegir en qué residencia tendrá su plaza concertada y han vuelto las listas de espera por centros, sistema que estuvo vigente hasta 2020.

La posibilidad de decidir dónde pasar los últimos años de vida hace que algunas residencias tengan esperas significativas mientras que en otras del mismo municipio haya vacantes. Si esto no se ha convertido aún en un problema grave para estos centros menos elegidos es porque la demanda es “aún mucho mayor” que la oferta, como señala Rubén Otero, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) en Cantabria y a nivel estatal. No obstante, podría serlo en los próximos años.

Mayor espera vs. capacidad de decisión

Entre 2020 y 2023 se probó un mecanismo diferente en la adjudicación de plazas concertadas, siguiendo criterios geográficos y de proximidad. Las camas se ofrecían en función de la disponibilidad en cada zona y no de los centros. Si se rechazaba la vacante, la persona quedaba automáticamente excluida de las listas de espera, y con ello fuera del sistema.

El cambio –priorizar la libre elección– está engrosando las listas. Muchos mayores prefieren esperar, si sus condiciones lo permiten, hasta que se libera una cama concertada en el centro que desean. Saben que rechazar una plaza disponible en otro lugar no conlleva ningún perjuicio, ni siquiera salir de lista de espera, a diferencia del modelo anterior.

Esta forma de asignar plaza está acentuando las diferencias entre municipios: casi la mitad de plazas concertadas se han concentrado en Santander. También crecen las asimetrías entre unas residencias y otras. “Si una persona quiere una plaza en Santander, quizá tenga que esperar nueve meses, pero si elige una en Solares, el tiempo se reduce a dos, y si opta a la residencia de Rubayo, es bastante probable que tenga la plaza en días o pocas semanas”, explicó recientemente la consejera de Inclusión Social.

Así, mientras que un sistema equilibra la demanda y el reparto geográfico, pero va en detrimento de la capacidad de elección, el que favorece la libertad de decidir incrementa las esperas y los desequilibrios entre zonas.

Desde la propia Consejería de Inclusión Social admiten esta contradicción, pero defienden los beneficios de la libre elección: “Antes, a una persona dependiente que vive en Santander se le podía ofertar una plaza en Vega de Pas, dado que pertenecían al mismo área; si la rechazaba, se le excluía de la lista de espera. Ahora, se le ofrece una plaza en Vega de Pas y, si la rechaza, se le permite mantenerse a la espera en la residencia que quiera”. El aumento de estas esperas lo asumen como un daño colateral inevitable.

Concentrar la demanda, ¿vacía los pueblos?

Aunque la alta demanda mantiene el ‘cartel de completo’ colgado en prácticamente todos los centros de mayores de la región, el actual criterio de adjudicación de plazas amenaza a muchas residencias, sobre todo las que se abrieron en zonas rurales, apoyándose en el modelo anterior que favorecía que cada municipio dispusiera de un centro cercano. Muchas de esas residencias podrían quedar casi vacías y en riesgo de cierre.

Su larga experiencia lleva a Rubén Otero a afirmar que “no suelen ser los beneficiarios de las plazas sino sus familias las que deciden el centro” o juegan un papel muy importante en esa elección. Y por lo general, optan por uno cercano al lugar donde residen o trabajan, que suele ser en los núcleos urbanos más grandes, como Santander o Torrelavega.

Otero, que a la vez es gerente de la red de centros Calidad de Dependencia, advierte de que el nuevo sistema contribuye al despoblamiento que ya azota a algunas zonas de la región, y comparte sus temores: “En Calidad en Dependencia tenemos un centro en Valdeolea, pero cada vez menos gente querrá plaza allí”. Destaca, por otra parte, en lo que significan estos centros en las zonas donde están emplazados, para las que son un motor económico y social. Cerrar su centro en Valdeolea se traduciría, por ejemplo, en “40 personas menos trabajando, entre ellas, algunas que viven y tienen niños allí”.

La progresiva pérdida de población en esas zonas y la falta de transporte público colaboran también en esta rápida concentración de la demanda de plazas que se está produciendo: “El transporte para el centro de día de Mataporquera nos cuesta 29 euros por usuario y día, pero el Gobierno estipula que tienen que ser 18 euros”, revela Otero. Pero el gasto no es el mismo cuando se recogen varias personas en una misma calle de Santander que si se trata de una sola o de muy pocas y hay que circular por carreteras rurales, explica.

Los familiares empiezan a rechazar plazas concertadas por este motivo, incluso en zonas no tan alejadas de Santander, y prefieren esperar a que quede una libre en la capital cántabra.

El presidente de la FED también recalca la importancia de permanecer ligado al entorno en el que se ha vivido, algo que para él tiene un “impacto muy positivo a nivel cognitivo” en los mayores. Él rechaza “las penalizaciones sea cual sea el sistema” mediante el que se confeccionen las listas, y considera prioritario que se respete la autonomía del usuario: “La plaza es del mayor y es quien la tiene que escoger siempre que esté en sus facultades. Hay que preguntarle: ¿Usted dónde quiere vivir?”.

Un nuevo perfil: de residente a usuario

Respetar esa capacidad de decisión es la prioridad también es determinante para otra de las voces con más experiencia en dependencia de la región, Gema de la Concha Madariaga, presidenta del Grupo Social Lares en Cantabria, una entidad sin ánimo de lucro, y directora de la Fundación San Cándido: “Si trabajas de lunes a viernes en Santander y tu madre está en Vega de Pas, ¿cuánto tiempo necesitas para ir a verla? Probablemente solo puedas ir una vez a la semana. Si está en Santander, podrías ir todos los días”, reflexiona De la Concha.

Después de más de treinta años de experiencia en el cuidado de mayores, la directora de San Cándido insiste en preservar la capacidad de decisión. “¿Cómo no les vamos a dejar decidir cómo quieren que sea su día a día, dónde quieren vivir y dónde quieren morir?”, cuestiona.

La plaza concertada cuesta 73 euros por usuario y día, frente a los 250 de una pública

El perfil del usuario de residencias para mayores ha cambiado significativamente en los últimos años, y los servicios deben ir transformándose al compás. Los mayores son hoy en día “usuarios informados”, muy capaces de “tomar sus propias decisiones”, enfatiza De la Concha, que atiende cada día a familias y candidatos a residente que eligen el centro “a veces con uno o dos años de antelación”. Unos potenciales futuros clientes que recaban información antes de decidirse y valoran opiniones de otros residentes como quien elige un hotel, un coche o una zona residencial.

Disfrutar de mayores cada vez más autónomos hace que los servicios que ofrece el centro tengan cada vez más peso en la decisión final. Una elección más consciente implica usuarios más exigentes en cuestiones como la ubicación o las comodidades extra.

“Muchos usuarios entran y salen de los centros, pueden ver a sus amistades o quedar para tomar un café”, describe De la Concha. “En nuestras residencias, por ejemplo, los familiares pueden visitar a los residentes las 24 horas del día gracias a una llave especial”, apunta Otero.

Lejos quedan los “asilos”, como recuerda la directora de San Cándido, un centro con 102 años de historia. “Aquí venía la gente sin recursos ni familia, porque a las personas mayores se las cuidaba en el entorno familiar”. Todo ha cambiado radicalmente. “Ahora, si preguntas a los mayores, muchos te dirán que están en la residencia porque quieren y porque están a gusto” agrega.

¿Por qué no se construyen más residencias?

Cada vez hay más personas que solicitan plaza en una residencia de mayores valiéndose por sí mismas. Algunos solo necesitan apoyo en cuestiones específicas o buscan escapar de la soledad no deseada.

La incorporación al trabajo fuera de casa de la mujer, que hasta hace bien poco asumía el cuidado de los dependientes; unas redes familiares más pequeñas; un modo de vida más individualizado y el encarecimiento de la atención privada hacen que la necesidad de servicios de atención a la dependencia desborde los cálculos anteriores. “En Cantabria hará falta construir alrededor de 1.500 plazas en los próximos tres o cuatro años”, aventura Otero.

Cantabria cuenta, en la actualidad, tres residencias públicas: los CAD de Santander, Laredo y Sierrallana, y una más en Castro Urdiales, que pertenece al Ayuntamiento. Hay, además, algunos proyectos sobre la mesa, como la residencia de gestión público-privada que se construirá en el antiguo psiquiátrico de Parayas; o la que planea el Consistorio de Alfoz de Lloredo en Oreña. Pero son las empresas las que siguen impulsando la construcción de centros, como las que Calidad en Dependencia abrirá pronto en Requejada o la que levantará en Sierrallana, eso sí, con el incentivo de saber que la administración les concertará un buen número de plazas, ya que en Cantabria es muy difícil trabajar exclusivamente con clientes privados.

Salvo ese puñado de centros públicos, la inmensa mayoría de las 67 residencias existentes son de fundaciones sin ánimo de lucro y centros privados. Un modelo que para  las administraciones públicas resulta más barato que tener centros propios. “Una plaza concertada le cuesta al Gobierno unos 73 euros al día, mientras que una pública ronda los 250”, apuntan Otero y De la Concha.

Esto ha dado lugar a que la mayor parte de las camas de las residencias privadas sean concertadas. Las plazas privadas son, casi todas, “de rotación”, aclara Otero. Con este término se refieren a las que ocupan quienes esperan una cama concertada en ese mismo centro.

Para cubrir los casi 3.000 euros que cuesta la estancia privada en las residencias cántabras, existe una ayuda pública cuya cuantía varía en función del grado de dependencia y la situación económica del usuario, que completa el pago con su pensión o con fondos personales. Actualmente, hay 501 personas en la región que reciben esta prestación mientras esperan su plaza concertada, según la propia Consejería.

Revisión de precios

El sector privado reclama una subida en el precio que paga el Gobierno, por la subida de los gastos. El encarecimiento de los suministros y la revisión de los convenios del personal han reducido sus márgenes en un sector en el que la ratio de trabajadores por paciente está pautada por el Gobierno regional.

El ejecutivo autonómico se ha comprometido a revisar los precios, ya que la normativa regional obliga a actualizarlos cuando se mejora el convenio de los trabajadores, pero los empresarios del sector ya advierten que será insuficiente: No llegará “ni a cubrir la subida del IPC”, dicen. “Hay que pagar mejor a los trabajadores para cuidar a los que cuidan”, subraya Otero que, al igual que De la Concha, reclama “mejor financiación de la Ley de Dependencia”.

Desde la entrada en vigor de esta norma estatal, en 2007, autonomías y Gobierno central se comprometieron a costear la atención a la dependencia a partes iguales. Begoña Gómez del Río, consejera cántabra de Inclusión Social, señaló durante una intervención en el Senado el pasado marzo, que el Estado “no alcanza ese 50% que debería asumir” y que está “trasladando” el coste a los Gobiernos regionales. Del Río expuso cómo la aportación recibida ha ido mermando: “en 2023 [el Gobierno central] financió un 32,5%; en 2024 un 24,9%, y en 2025 un 29,4%”.

Cuando se puso en marcha la Ley de Dependencia,  hace diecinueve años, Cantabria tenía “400 o 500 plazas públicas, pero no había capacidad económica”, cierra la presidenta de Lares.

A la reducción de los márgenes de beneficio, que hace el negocio menos interesante para el sector privado, y a los problemas con la financiación se añaden otros factores que están condicionando la construcción de nuevas residencias, como la dificultad para encontrar suelo disponible en las zonas con mayor demanda, como sucede en la capital cántabra. Mientras tanto, las que ya existen tienen muy limitada no solo la construcción, sino también la mejora de servicios. En el caso de la atención directa —la que prestan los trabajadores que se encargan de asear, levantar, acostar a los pacientes o darles medicación—, las ratios de horas fijadas en Cantabria apenas se materializan, según los cálculos de los expertos, en once trabajadores en turno de mañana y once en el de tarde “siendo muy generosos”, lo que consideran demasiado ajustado para atender en las mejores condiciones a los mayores, en especial, a los grandes dependientes.

Cuidar más y mejor

La dependencia en España “se configura como un sistema público de derechos”, pero que requiere “de la participación económica del beneficiario”, tal y como recuerdan desde la Consejería al citar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Al no tratarse de un servicio universal como la sanidad o la educación, los mayores deben abonar una parte del coste que generan sus cuidados. Este importe varía en función de la renta y el patrimonio, y solo quedan excluidos del pago aquellos cuya capacidad económica, una vez descontados sus gastos, tenga un coeficiente negativo.

Quedan pendientes resolver muchos de desequilibrios que el sistema no logra corregir. Las esperas afectan más a los más vulnerables, que son quienes acaban aceptando las plazas que se les ofrecen, aunque sean en un lugar o centro distinto al que hubieran elegido por no tener medios o una red de familiar que les permita afrontar la espera.

Otero: ‘En Cantabria harán falta 1.500 plazas más en los próximos tres años’

Además, para poder ser beneficiario de las prestaciones públicas hace falta tener reconocido un grado de dependencia —el acceso a una plaza concertada está condicionado por el reconocimiento de un Grado II o Grado III—, pero con la mejora de la salud y la prolongación de la tercera edad se abre otra brecha en el cuidado de los mayores. Quienes gozan de buena condición física y mental y no están considerados dependientes, pero desean abandonar su domicilio, por necesitar apoyo físico o mental o porque padecen de soledad no deseada, no pueden optar a ninguna ayuda. En estos casos, que van en aumento, solo pueden acceder a una residencia privada si su economía o la de su familia les permite costearlo, algo que –en vista de los precios mensuales– está al alcance de pocos.

El problema no tendrá una fácil solución en un escenario en el que el número de mayores va en ascenso y se acrecienta la necesidad de cuidados, pero garantizar la compañía y la atención es irrenunciable para que las personas no solo vivan más años, sino que puedan hacerlo en las mejores condiciones.

Begoña Cuel