‘Las empresas de gestión turística no cogemos viviendas ilegales, son nuestra competencia’

Algunas empresas de gestión turística no temen el Registro Único nacional “porque puede servir para diferenciar las viviendas legales de las ilegales, y a nosotros, que no trabajamos con las ilegales, nos puede venir bien”, dice Eduardo Ruiz, director de Dometea. No obstante, es crítico con su complejidad administrativa. La mitad de los propietarios que confían en sus servicios son personas del norte de Castilla o de Madrid que usan la vivienda en vacaciones y el resto del año la ofrecen en alquiler turístico, para financiar la hipoteca y los gastos que genera la vivienda.

¿Cuál será el impacto de la ventanilla única entre sus clientes y en los servicios que presta su empresa?

Eduardo Ruiz. –Yo entiendo que no es una medida mala de por sí, de no ser por la complicación burocrática que supone. Una buena parte de los propietarios de viviendas vacacionales tiene más de 60 años. Actualmente, hay que hacer una serie de trámites a través de Internet y otros presenciales y a muchos les tenemos que estar ayudando, sobre todo a encontrar referencias de las viviendas. El procedimiento administrativo podría ser mucho más sencillo.

El Registro en sí hasta puede ser bueno para el sector, al diferenciar muy bien las viviendas legales de las ilegales. Nosotros solo trabajamos con viviendas legales, no nos interesan las ilegales. Son competencia, y desleal, porque, al no cumplir con la legislación, tienen unos costes menores y pueden llegar a ser más competitivos que nosotros, que tenemos que pagar todo lo que tenemos que pagar y tenemos que cumplir con todos los requerimientos, como la cumplimentación y el envío de los partes de viajeros a las autoridades. Por eso, a nosotros nos interesa. 

¿Qué tipo de cliente tiene su empresa?

E. R. –Yo manejo más de 60 propietarios y solo tengo dos que se pueden considerar inversores y que poseen más de una vivienda vacacional. Del resto, la mitad son personas que tienen una segunda residencia en Cantabria, fundamentalmente familias del Norte de Castilla y de Madrid. Vienen algunos fines de semana o en vacaciones y el resto del tiempo dedican la vivienda al alquiler turístico. De esa forma pagan la hipoteca y cubren una parte de los gastos que les supone esa vivienda a lo largo del año.

El otro grupo mayoritario, entre el 30 y el 40%, son gente que tiene una segunda vivienda desde hace 20 o 30 años.

Como digo, en Cantabria la presencia de inversores es muy muy baja.

¿Cuál es el tipo de servicio que más les demandan?

E. R. –Nosotros nos encargamos de todos los aspectos de la vivienda. En primer lugar, de poner los anuncios en las plataformas y de todo el tema administrativo y de gestión. Luego, del mantenimiento de las viviendas con personal propio o con empresas que se encarguen de arreglos y mejoras. 

Además, tenemos decoradores, el personal de limpieza que mandamos cada vez que se va un huésped y lavanderías para toda esa ropa de cama y toallas. 

Tenemos que encargarnos, también, de los consumibles de los apartamentos, desde el papel higiénico hasta el café y los geles de baño o de cocina. Y estamos muy relacionados con las empresas que suministran los extintores y con aparejadores y arquitectos que hacen los informes necesarios para la actividad de estas viviendas.

¿Su empresa trabaja solo en Cantabria?

E. R. –La mayoría de las empresas que gestionamos viviendas turísticas estamos localizados exclusivamente en Cantabria. Es una economía muy local, porque es un negocio muy de nicho. Hay que estar aquí, hay que conocer las viviendas, a los propietarios y tener toda esa red de profesionales. Si hay una inundación por una fuga, hay que mandar a un fontanero. Si hay que reformar este baño, hace falta gente de aquí, igual que el personal de limpieza o la lavandería. Ya digo, una economía muy local.

¿Qué opina de la reforma del decreto de 2019 que pretende hacer el Gobierno cántabro?

E. R. –La cuestión más polémica es la retroactividad que quieren introducir. Una buena parte de las viviendas ya tienen las licencias de acuerdo al decreto aún vigente de 2019 y el nuevo borrador modifica cuestiones fundamentales que terminarían por dejarlas sin vigor. Es una restricción retroactiva que puede ser considerada anticonstitucional. 

Otro tema importante es abrir a personas jurídicas [empresas] la tenencia de viviendas de uso turístico –porque de lo que estamos hablando es de VUT no de alojamientos extrahoteleros–. Eso puede perjudicar a las actuales licencias ya concedidas. Además, se permitirá a cada ayuntamiento regular las viviendas de uso turístico como le convenga y entendemos que eso puede generar muchísimos conflictos.

Begoña Cueli