Las empresas cántabras se resisten a medir su impacto ambiental
Solo 13 compañías se han inscrito en el Registro obligatorio de Huella de Carbono
Desde 2025, las administraciones públicas estatales y las grandes empresas están obligadas a calcular su huella de carbono y desde enero deben registrarla públicamente. Sin embargo, en Cantabria solo 13 entidades lo han cumplido hasta ahora. La ausencia de un requisito vinculante en licitaciones y contratos públicos ha limitado la implantación de esta herramienta de control ambiental, que debía causar un efecto tractor y conseguir que todo el tejido empresarial tomara conciencia del rastro que deja en el entorno.
Pocos años atrás, el tejido empresarial comenzó a prepararse para calcular su huella de carbono, que es el rastro que deja una empresa en el medio e incluye más factores que las emisiones de dióxido de carbono, como la energía consumida o los desplazamientos de sus trabajadores. Este cálculo debía inscribirse en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, creado en 2014 por el Gobierno de España y, por aquel entonces, de carácter voluntario.
Las consultoras ambientales y las entidades más previsoras empezaron a prepararse para este nuevo requisito, que en principio iba a ser necesario para optar a licitaciones públicas y a contratos de grandes empresas. No obstante, cuando finalmente se ha publicado la norma definitiva, solo afecta a un número de empresas muy limitado.
Desde el pasado año, las administraciones estatales, las entidades consideradas de interés público y las grandes compañías tienen el deber de calcular su huella de carbono, y desde enero debe publicarse en el registro estatal del Ministerio para la Transición Ecológica.
En el ámbito privado, solo están obligadas a calcular y registrar su huella las compañías con más de 250 trabajadores, así como aquellas cuya cifra de negocios supere los 40 millones de euros durante más de dos ejercicios consecutivos, o cuyo total de activos exceda los 20 millones.
Las entidades afectadas deberán hacer el cálculo global de las emisiones que generan de forma directa —la que se produce a través de la producción, la refrigeración o los vehículos de empresa—, e indirecta, —la derivada de la electricidad consumida, las emisiones de los coches de empresa, los desplazamientos in itinere de los trabajadores o los viajes por trabajo—.
Se recomienda, además, calcular un tercer alcance, el que supone la suma de las huellas de carbono de todos los eslabones de la cadena de valor, incluyendo la de los proveedores, algo que será obligatorio en 2028.
Este punto iba a ser una punta de lanza para forzar, de manera indirecta, al resto de empresas a calcular y registrar sus huellas, pues si querían dar servicio a administraciones públicas estatales o a grandes empresas obligadas a contabilizar la huella de sus colaboradores, tendrían que inscribir las suyas propias.
“Se esperaba que el registro tuviera un efecto tractor. Como sucedió con los sistemas de gestión medioambiental EMAS o ISO 14000, en el que para ser proveedor había que estar certificado”, explica Martín Silván, abogado experto en medio ambiente y energía, coordinador del Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía, adscrito a CEOE-Cepyme.
Sin embargo, ya entrado 2026, hay muchas empresas que todavía no han incorporado sus datos a este registro.
92 empresas cántabras han publicado su huella
Hasta enero, en Cantabria se han registrado 254 huellas de 92 empresas. Trece son grandes empresas —las que ya están obligadas—, y parte de ellas corresponden a sociedades de un mismo conglomerado, el Grupo Armando Álvarez.
A él se suman Equipos Nucleares, Cantabria Labs, Textil Santanderina, CIC, Saint-Gobain Pam, Reinosa Forging & Casting, SIECSA y Ascan.
Otras 21 empresas cántabras medianas aparecen en el registro de huella de carbono, entre ellas Flymca, WSP, Netkia, Wood Manners, Balneario de Solares, Tektia, Hergom o Froxá, aunque aún no están obligadas a ello.
El resto del listado se completa con empresas pequeñas o microempresas, que también se han anticipado a la obligatoriedad.
El suspenso resulta aún más severo en las administraciones públicas. Si bien solo los organismos de carácter estatal tienen el deber de publicar sus emisiones en 2026, las corporaciones locales no están dando ejemplo y son muy pocas las que aparecen en el registro.
En Cantabria, solo los ayuntamientos de Santander, Reinosa, Arenas de Iguña y San Miguel de Aguayo figuran en este registro de la huella de carbono, acompañados por CEOE-Cepyme, Mutua Montañesa, Mancomunidad de Municipios Sostenibles, Universidad de Cantabria, MARE y la sede autonómica de la UNED.
La huella declarada por las empresas cántabras al inicio de 2026 asciende a 1.782.000 toneladas de dióxido de carbono, apenas el 0,1% de las emisiones de las corporaciones españolas, que se elevan hasta las 938.520.000 toneladas, cuando el PIB de Cantabria es del 1,12% del español.
Por su parte, las entidades cántabras que han incorporado sus datos al registro de huellas de carbono son un 1% de las inscritas a nivel nacional.
Un boom que nunca llegó
Registrar la huella de carbono no es un trámite difícil ni caro. El Ministerio para la Transición Ecológica ha habilitado una calculadora muy sencilla para medir las huellas de forma gratuita. Incluso CEOE Cantabria ofreció ayudas para hacer estos cálculos sin coste a la hostelería y al comercio regional.
A nivel medioambiental, tampoco es exigente, pues las empresas solo tienen que inscribir su rastro y presentar un plan de reducción muy poco vinculante.
“La empresa más contaminante del mundo puede perfectamente estar inscrita en un registro de huellas de carbono”, apunta Martín Silván. Y es que cualquier pequeña reducción en el halo de emisiones ya se contabiliza como tal, aunque la producción de la empresa no sea menos contaminante. “Cambiar los coches de empresa por coches eléctricos o sustituir las luces por bombillas LED ya son un plan de reducción de la huella de carbono”. Sin embargo, ni lo moderado de su alcance ni las facilidades para hacer el cálculo han servido para que las empresas se inscriban.
Alvarez Forestal ya compensa con sus bosques emisiones propias y de otras empresas
“El registro de la huella de carbono no está teniendo mucha incidencia en el mercado”, admite Ángel Ruiz, de Ambium, quien reconoce que su sector preveía “una eclosión de trabajos” que, de momento, no se ha producido.
A su juicio, el principal problema no es técnico ni económico, sino de concienciación: “No entendemos por qué las empresas no están siendo conscientes de esa necesidad”, apunta al valorar los motivos por los que tanto los organismos públicos como los privados todavía no perciben la urgencia de medir y registrar sus emisiones. De hecho, muchas de las que se realizan parten de la iniciativa de las propias consultoras, que sugieren no esperar al momento en que haya sanciones o condicionantes económicos.
Muchas empresas suponían que, tal y como sucede con las administraciones estatales, figurar en este registro fuera imprescindible para acceder a licitaciones públicas, pero los organismos regionales y locales no han seguido el ejemplo del Estado y no lo están incluyendo como condición inexcusable en sus concursos. “La legislación recoge que las administraciones ‘podrán’ pedir la huella como requisito para sus adjudicatarios, no que deban”, subraya Silván.
Esta ambigüedad ha terminado por desincentivar a muchas compañías, aunque dentro de poco tendrán que calcular su huella de carbono si quieren ser proveedores de las grandes empresas o solicitar financiación pública.
La sostenibilidad, más allá de las emisiones
Aunque en muchas ocasiones se confunden, emisiones, huella de carbono y sostenibilidad no son lo mismo.
Algunas empresas están obligadas a publicar su información no financiera, en la que se incluyen los planes de sostenibilidad. Pero esto no quiere decir que estén reduciendo emisiones. Estos informes están asociados a medidas que mejoran el impacto ambiental, y pueden incluir la economía circular, o la eficiencia energética, pero también tienen en cuenta otros aspectos, como desarrollar un modelo económico viable y que impacte positivamente en el entorno o si las condiciones laborales son óptimas, como el grado de satisfacción de los tarjadores o el cumplimiento de las normativas.
El desarrollo sostenible es un modelo socioeconómico impulsado por la UE desde mitad de los años 90, y promueve el crecimiento económico, asegurando tres pilares: el social, el medioambiental y el económico, de manera que uno de los tres no ponga en riesgo los otros dos.
Álvarez: Bosques para compensar
Pese a que saber cuánto se contamina es importante para tomar conciencia, no es suficiente para mitigar el daño causado en el medio. No obstante, son aún muy pocas las marcas cántabras que, además de calcular su rastro de CO2, tienen planes para compensarlo.
Esta vía, la de compensar los gases emitidos mediante proyectos de reabsorción en la propia atmósfera, el océano o los bosques, es una de las propuestas que plantea la UE para conseguir el cero neto en emisiones en 2050.
Una empresa cántabra, Álvarez Forestal (del Grupo Armando Álvarez), ha desarrollado, junto al Ministerio para la Transición Ecológica, proyectos de compensación de emisiones mediante la plantación de árboles y el cuidado de la masa forestal. De esta forma, ayuda a subsanar la huella de carbono de su grupo y también ofrece sus servicios a otras compañías que quieran resarcir sus emisiones a través de estas iniciativas verdes.
Por el momento, su actividad en este terreno ya permite equilibrar el impacto de 24.000 toneladas de CO2 al año, gracias a las más de 3.500 hectáreas de terreno arbolado que gestiona de forma sostenible.
Begoña Cueli
