La UE aprieta aún más las clavijas a los grandes emisores de CO2
Cementos Alfa, Forgings&Castings o GSW se verán afectadas por los recortes de emisiones
El mercado europeo que regula las emisiones de CO₂ de la industria vuelve a situarse en el ojo del huracán. La Unión Europea ha pasado del principio de “paga más quien más contamina” a otro más restrictivo: aunque pagues más, no podrás contaminar más. El cambio se refleja en la nueva etapa del sistema de emisiones, que comienza en 2026 y se prolongará hasta 2030, con una reducción de beneficios que golpea especialmente a los sectores más expuestos a la competencia internacional. Paradójicamente, la mayoría de las factorías europeas —también las cántabras— son hoy menos contaminantes que nunca. Desde la entrada en vigor del régimen de emisiones, se han reducido un 39%, mientras que la economía de los sectores regulados ha crecido un 71%.
Hace unas semanas, el consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti, apuntaba a que las empresas europeas “soportan unos costes por emisión de CO₂ que sus competidores asiáticos no tienen”, como una de las causas que hacen peligrar la supervivencia del tejido industrial de la UE frente a países emergentes como China o Turquía, con políticas medioambientales mucho más laxas.
El consejero comparó el 6% de las emisiones mundiales a la atmósfera que origina Europa con el 30% de China y subrayó el agravio comparativo para las empresas: “Cargamos a nuestra industria con unos costes para luchar contra el cambio climático que después no exigimos a los verdaderos responsables cuando Europa compra sus productos manufacturados”, y exigió a la Unión Europea mayor protección.
Estas declaraciones coinciden con la entrada en vigor de un nuevo periodo en la asignación de emisiones de la UE, la segunda etapa de la fase 4, hasta 2030, y el pasado 28 de febrero terminó el plazo para solicitar un reajuste en las cuotas de emisiones otorgadas a las empresas que están sometidas a este régimen.
Se trata de las grandes industrias consumidoras intensivas de energía y las mayores emisoras de CO₂ y gases de efecto invernadero (GEI), como refinerías, centrales térmicas, acerías, fundiciones, cementeras, fábricas de cerámica, vidrio, fertilizantes, hidrógeno o plásticos, así como el transporte aéreo y el marítimo, incorporado en 2024.
En los primeros años del mercado europeo de emisiones, la UE aplicó unas directrices bastante laxas y los sectores afectados eran menos. Entre 2005 y 2007 (la fase 1 del plan), el único gas afectado por las restricciones era el CO₂ y el 95% de las asignaciones a estas empresas se hicieron de forma gratuita.
En ese momento, la UE determinaba qué margen de emisiones de dióxido de carbono tenía cada sector y cada empresa, y aquellos que emitían menos de los cupos asignados podían vender sus excedentes. Esta situación permitió que muchas empresas obtuvieran beneficios al comerciar con derechos de emisión que habían recibido gratuitamente.
Con los años, se incrementaron tanto los sectores implicados como los gases bajo control. A las emisiones de CO₂ se añadieron otras como el óxido nitroso (N₂O) en la fabricación de algunos ácidos, las emisiones de toda la cadena de valor del aluminio o el metano del transporte marítimo, otra de las novedades de este año. Paralelamente, la asignación gratuita de derechos empezó a disminuir progresivamente.
Del paga más quien más contamina al límite de emisiones
Las buenas condiciones iniciales fueron un incentivo para que las empresas se incorporasen al mercado regulado de emisiones, pero han dejado paso a un sistema más restrictivo.
“La filosofía que subyace en el mercado de emisiones de la UE ya no es “quien más contamina paga”. Ya no se puede pensar: bueno, contamino mucho, pues pago mucho. Ahora la idea es que se contamine cada vez menos”, analiza Martín Silván, abogado experto en medio ambiente y energía y coordinador del Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía, adscrito a CEOE-Cepyme.
“La UE ha establecido un límite de emisiones y ya no es posible sobrepasarlo, ni siquiera comprando más derechos. Estás topado. Ya no vale contaminar menos para que otro pueda contaminar más”, agrega el letrado.
Silván no es contrario al cambio de enfoque que promueve la UE: “Los recursos naturales no son infinitos. Hay que cambiar el pensamiento de que, como está ahí, se puede disfrutar libremente de la atmósfera. Ahora hay que contribuir por contaminar, y eso va a motivar a introducir cambios y a ser menos contaminante para ajustarse a la legalidad”.
Además de reducir el máximo de emisiones, desde 2021 tampoco se permite comprar créditos en los mercados internacionales y las transacciones se limitan al entorno europeo.
Contaminar menos para poder seguir emitiendo
Para negociar el nuevo reparto de emisiones, las empresas han tenido que justificar sus mejoras para ser menos contaminantes. De esta forma, la UE trataba de asegurarse que sus industrias reducían emisiones al tiempo que ganaban competitividad. De esta forma, en las últimas dos décadas, las grandes factorías han tenido que aplicar numerosas mejoras ambientales si querían seguir optando a derechos de emisión.
“Las empresas han tenido que introducir mejoras como las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD). Casi todas estas empresas tienen la Autorización Ambiental Integrada, parte de la Ley de Control Ambiental de 2006”, explica Silván.
Esta normativa obliga a que las instalaciones que superan determinados niveles de producción —como muchas de las grandes factorías cántabras— deben contar con una autorización ambiental única que integra emisiones a la atmósfera, vertidos, residuos, responsabilidad ambiental o seguros.
“Estas autorizaciones se establecen por sectores, como el cemento o los hidrocarburos, y determinan cuáles son las mejores tecnologías disponibles. Las fábricas tienen que ir adoptándolas progresivamente”, explica el abogado ambientalista.
Estas mejoras suelen traducirse también en mayor eficiencia energética y productiva. “Al implantar nuevas tecnologías se revisa si existe maquinaria que consume menos, mejora la eficiencia energética o produce menos residuos. Si tienes un horno que energéticamente es un desastre, tienes que cambiarlo”, señala.
“Desde las patronales hemos dicho muchas veces que la mejora ambiental es también una mejora en eficiencia y en los consumos. Y eso te hace más competitivo y aporta calidad”, afirma Silván, que asesora a CEOE Cantabria en materia de sostenibilidad.
La propia UE utiliza este mismo argumento para defender el endurecimiento progresivo del sistema. “Desde su introducción en 2005, las emisiones se han reducido un 39%, mientras que la economía de los sectores cubiertos por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión ha crecido un 71%. Esto demuestra que la descarbonización y la competitividad pueden ir de la mano”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Europa ‘verde’ frente al mercado internacional
No obstante, lo que genera mayor debate entre los expertos no es la necesidad de reducir emisiones, sino la velocidad a la que se están aplicando las medidas. La UE aspira a alcanzar las emisiones netas cero en 2050 y continúa avanzando en las fases previstas para lograrlo.
Además de la reducción aproximada del 4% en los derechos de emisión, algunos sectores irán perdiendo ventajas en esta nueva etapa del comercio de emisiones. La asignación gratuita de derechos se reducirá progresivamente hasta desaparecer en 2030, salvo en aquellos sectores considerados en riesgo de fuga de carbono. Se meten en este saco todas las actividades industriales que podrían trasladar su producción fuera de la UE si los costes climáticos encarecen excesivamente su actividad o que podrían verse desplazadas por importaciones más baratas procedentes de países con regulaciones ambientales menos estrictas.
No obstante, en fases posteriores, no se librarán de una merma de la asignación gratuita hasta tener que pagar por el total de sus emisiones.
La pérdida de la gratuidad se convierte así en un nuevo reto para la industria europea. Y aunque el precio de la tonelada de CO₂ en la UE está experimentando descensos recientes —en lo que va de año ha pasado de 86 a 73 euros por tonelada— sigue siendo más elevado que en otros mercados comparables. “En California está en torno a los 40 dólares y en el Reino Unido ronda los 47”, apunta Silván.
Para tratar de compensar esta desventaja competitiva, la Comisión Europea ha puesto en marcha el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), otra de las novedades de esta etapa.
Este sistema obliga a los importadores de determinados productos —como cemento, acero, hierro, fertilizantes, electricidad o hidrógeno— a pagar por las emisiones asociadas a su proceso de fabricación si quieren vender en el mercado europeo.
No obstante, expertos como Silván advierten de posibles efectos indirectos derivados de la globalización de las cadenas de suministro. Muchas industrias europeas dependen de componentes producidos en terceros países, por lo que estos gravámenes, podrían elevar también los costes de producción de las firmas de la eurozona.
“Las empresas europeas están compitiendo con una mano atada frente a regiones como India o Pakistán” sostiene Silván, quien destaca que la industria europea ya es una de las más limpias del mundo, y que la UE lleva años liderando la lucha medioambiental a escala mundial: “Europa emite entre el 7 y el 10% de las emisiones mundiales, mientras su economía representa aproximadamente un tercio del PIB global. Eso demuestra que ya somos bastante eficientes”.
La amenaza del desvío de las rutas marítimas
El Gobierno de España ha informado a Bruselas sobre la detección de un desvío en las rutas del tráfico marítimo y ha solicitado revisar cómo se aplica el sistema de derechos de emisión a este sector.
Con la entrada en vigor del nuevo periodo de asignación de emisiones en 2026, el transporte marítimo ha pasado de contabilizar su cuota sobre el 70% de las emisiones en puertos europeo a tener que hacerlo sobre el 100%. Por su parte, las empresas del ámbito marítimo habían estado exentas de participar en el mercado de emisiones hasta 2024. Tal y como señala el Ejecutivo español, este endurecimiento de las medidas ambientales podría afectar a los puertos nacionales, entre ellos el de Santander.
El sector se está defendiendo con la electrificación de los muelles, para que los barcos puedan apagar sus motores accesorios mientras estén atracados. El Puerto de Santander ya lo está haciendo, con una inversión de casi 21 millones de euros.
La industria cántabra también se verá afectada
En Cantabria, la reducción de los derechos gratuitos afectará a sectores como la siderurgia o la producción de materiales industriales.
Empresas cántabras como Dolomitas del Norte, Cementos Alfa, Dynasol, GSW, Sidenor Reinosa, Solvay, Bridgestone Hispania, Nestlé La Penilla, Textil Santanderina, Birla Carbón, Saint-Gobain PAM, Ferroatlántica, Nissan en Los Corrales, Sidenor Forgings & Castings o Andía Lácteos conocerán en los próximos meses su nueva asignación de toneladas equivalentes de CO₂ para los próximos años.
“Los equipos económicos de estas empresas están haciendo encaje de bolillos para que siga siendo rentable producir en la UE y, por extensión, en Cantabria”, señala Silván.
El riesgo, según el experto, es que algunas multinacionales replanteen la ubicación de sus fábricas. “Las empresas locales quizá no se deslocalicen por arraigo, pero las multinacionales harán números y se lo pensarán”, señala.
Silván, que lleva décadas asesorando a compañías industriales de la región en su transición ambiental, destaca no obstante el esfuerzo que muchas de ellas ya han realizado para adaptarse.
“Aquí hay empresas que lo han hecho muy bien, si no, no habrían sobrevivido. Cementos Alfa ha hecho un trabajo excepcional. Es un sector especialmente amenazado y, sin embargo, sus hornos permiten aprovechar residuos como combustible sin generar emisiones tóxicas”. Recuerda que un horno de clínker —componente principal del cemento— funciona a temperaturas superiores a mil grados, “lo que destruye compuestos peligrosos como las dioxinas.
Begoña Cueli
