El suelo rústico cántabro se llena de casas a 20 minutos de la playa

Más de medio millar de casas autorizadas en suelo rústico en poco más de dos años reflejan el impacto de la reforma de la Ley del Suelo, que promueve una liberación del suelo rústico que está incidiendo especialmente en municipios del entorno costero y en enclaves de alto valor residencial y paisajístico.

Pontones, Anero, Omoño, Boo, Liencres, Oruña… No son los municipios más aislados ni los más castigados por la despoblación. Son núcleos bien conectados, a menos de veinte minutos de la playa, donde la vivienda unifamiliar empieza a ocupar el espacio que hasta hace poco quedaba fuera del mercado. En poco más de dos años, el Gobierno de Cantabria ha autorizado más de medio millar de casas en terreno rústico.

Y es que la política urbanística regional ha dado un giro importante en esta legislatura cuyos efectos ya son palpables. Bajo el pretexto de la simplificación administrativa y la necesidad de fijar población, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) ha introducido dos reformas que han alterado de manera sustancial el uso del suelo rústico. La primera, en enero de 2024 con el respaldo del PRC, amplió de 100 a 200 metros la distancia permitida para edificar fuera del núcleo urbano. La segunda, en marzo de 2025, esta vez con el apoyo de Vox, incorporó la posibilidad de promover vivienda libre en el marco de Proyectos Singulares de Interés Regional, abriendo la puerta a operaciones de mayor escala en suelo no urbanizable.

Desde la entrada en vigor de la primera reforma, la actividad de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo se ha intensificado, con más de un millar de expedientes resueltos, la mayoría favorablemente. En concreto, de las 1.185 solicitudes, 877 obtuvieron el visto bueno de la CROTU, un 74%. La mayoría, para viviendas: nueva construcción, rehabilitación o cambio de uso.

La mayoría de los expedientes se aprueban, aunque se trate de negocios turísticos o segundas residencias

Se trata de un goteo de pequeñas (o no tan pequeñas) actuaciones de las que da cuenta casi a diario el Boletín Oficial de Cantabria: una casa nueva, una ampliación, un cambio de uso, una cabaña que se reorienta al turismo…

En este sentido, la distribución territorial es muy reveladora de lo que verdaderamente está ocurriendo. En Piélagos, por ejemplo, las autorizaciones se multiplican en Boo, Liencres, Parbayón, Puente Arce, Oruña o Arce, que se convierten, en la práctica, en una extensión residencial de Santander y su entorno. En Ribamontán al Monte, el patrón se repite en Pontones, Omoño, Anero o Hoz de Anero, en el eje que conecta directamente con Somo, Loredo o Langre. En Marina de Cudeyo, se ha dado luz verde a construcciones o reformas en localidades como Gajano, Setién o Agüero, todas ellas integradas en la franja litoral. Son solo algunos ejemplos de una tendencia ya consolidada.

El rústico como soporte del negocio turístico

La tesis del PP para llevar a cabo la reforma —facilitar el asentamiento en el medio rural— se diluye cuando se observa el destino real de los proyectos. El suelo rústico ya no acoge solo vivienda vinculada a actividades tradicionales o a arraigo local, sino que empieza a absorber una parte creciente del negocio turístico.

En el documento oficial consultado por Cantabria Económica aparecen proyectos directamente vinculados al alojamiento, desde la reforma de edificaciones tradicionales para convertirlas en apartamentos turísticos hasta complejos de pequeña escala en municipios del interior o del litoral. En Penagos, por ejemplo, se ha autorizado la adaptación de un inmueble para varios apartamentos turísticos. En Santiurde de Reinosa, se ha dado luz verde a otro conjunto de similares características. En Soba o San Roque de Riomiera, se han autorizado varias rehabilitaciones de cabañas para usos turísticos.

A ello hay que añadir que, por ubicación, tipología y características, muchas de las viviendas aprobadas encajan mejor en el mercado de segunda residencia o en el alquiler vacacional que en el de vivienda habitual. El suelo rústico empieza, de esta manera, a asumir funciones que hasta ahora correspondían al urbanizable o urbano.

Así, en enclaves como el entorno de Liencres, la sucesión de viviendas unifamiliares que han recibido el visto bueno —muchas de ellas con piscina– amenaza con alterar el paisaje y tensionar aún más el mercado inmobiliario residencial. Y es que la modificación de la norma que se justificó con el argumento de dar a los jóvenes la posibilidad de construir en la finca familiar de su pueblo está provocando el efecto contrario: el encarecimiento y la especulación con suelo rústico con fines de todo tipo.

Rubén Alonso