El mapa eólico de Cantabria va tomando forma

Tres lustros después de que concluyera el último, y único, parque eólico en funcionamiento en Cantabria –el de Cañoneras—, se han levantado las torres del que será el próximo proyecto activo en la región, el del Escudo. Desde aquel entonces, los informes desfavorables, las protestas sociales y las sentencias judiciales han paralizado o abortado muchas de las iniciativas, pero los promotores no cejan y, a día de hoy, si todas las solicitudes en tramitación llegaran a materializarse, se cubriría prácticamente el cupo de potencia permitida en Cantabria para este tipo de energía, 700 MW. La inmensa mayoría pretenden instalarse en la mitad oriental de la región.

Hace apenas unos meses se producía uno de los hitos más dilatados en el tiempo, comenzaban a levantarse las torres del nuevo parque eólico de El Escudo. Está formado por 23 aerogeneradores de 150 metros de altura (diez más que la chimenea de Solvay) y aspas de 68 metros y, en conjunto, suma una potencia de 97 megavatios, por lo que podría suministrar el 8% de la energía eléctrica consumida en Cantabria, y cubrir las necesidades de unos 80.000 hogares.

El rendimiento de sus aparatos estará un 50% por encima de la media, y serán los más eficientes de España, según enfatizaba la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en una visita realizada a las obras este verano.

El proyecto tiene un presupuesto de 120 millones de euros y está impulsado por Biocantaber, una sociedad encabezada por Iberdrola Renovables y participada por la cántabra Ocyner y el Banco Santander. Una vez instalados los molinos, se han iniciado las pruebas y en unos meses será el segundo parque eólico en entrar en funcionamiento en la región, después de que la ampliación de Cañoneras (en el que participan dos de sus tres socios) finalizase en 2010.

Son los únicos proyectos que, de momento, han conseguido llegar a buen puerto en Cantabria, además del molino experimental de Vestas.

No obstante, El Escudo tampoco ha estado exento de contratiempos. Aunque obtuvo la primera autorización en 2021, la aparición de dos especies de plantas acuáticas protegidas dio lugar a un largo proceso, que se cerró al determinar que no eran autóctonas. También tuvo que afrentar las controversias surgidas en los municipios afectados —Campoo de Yuso, Luena, Molledo y San Miguel de Aguayo—, que no han impedido que la obra siga adelante, aunque la promotora ha tenido que renunciar al aerogenerador que iba a asentarse en Aguayo.

La receptividad hacia el proyecto puede haberse visto favorecida por un modelo que busca hacer partícipes a los vecinos, en aras de mejorar la convivencia. Los residentes en la zona tendrán una rebaja en su factura energética. Las iniciativas que ofrecen participación vecinal cada vez son más frecuentes y algunas, como la del parque eólico de Les Collades (Tarragona), les invitan a invertir en el proyecto, con una rentabilidad anual del 9,25% y una aportación mínima de 1.000 euros.

Más de la mitad de los parques visados están paralizados

Otros siete parques eólicos cuentan con autorización del Gobierno de Cantabria y serán, previsiblemente, los próximos en construirse. Entre los mejor situados está Sierra de Zalama (Soba) con 22 MW y 7 molinos, que dispone tanto de la declaración de impacto ambiental como de una autorización administrativa positiva.

A este se suma Bustasur (Las Rozas de Valdearroyo), un proyecto de Green Capital que, pese a plantear 42 MW de capacidad, depende del Estado, pues afecta a dos provincias y en el planteamiento inicial se solicitaba una potencia de 51 MW que tuvo que ser rebajada, así como el número de aerogeneradores, que han pasado de 15 a 8 durante la tramitación del proyecto. Este parque se extendería por el sur de Cantabria y dos municipios burgaleses.

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media ha puesto ambas iniciativas como ejemplo al defender que el Gobierno “apuesta por las que cumplen con toda la normativa”, por lo que no cabe esperar sorpresas y su materialización estará próxima.

Peor suerte han corrido La Costana (12 MW y 3 molinos), Alsa (20 MW y 4 molinos), Campo Alto (27 MW y 6 torres), Cuesta Mayor (30 MW y 6 molinos) y Somaloma-Las Quemadas (43 MW y 9 torres) que, si bien han conseguido Declaraciones de Impacto Ambiental positivas, se han topado con los tribunales, donde se han anulado las autorizaciones administrativas otorgadas por el Gobierno de Cantabria. El Tribunal Superior de Justicia optó por estimar varios recursos de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria al considerar que no quedaba acreditado que los trámites de consulta se realizaran “según los requerimientos legales”. Pese a haberse modificado los proyectos iniciales, no volvieron a presentarse a información pública. El Tribunal también ha observado otros “defectos de forma”.

La suma de los parques proyectados en la región supera los 630 MW

El Gobierno regional defiende las autorizaciones que ha concedido y ha recurrido estas sentencias de nulidad ante el Tribunal Supremo, algo que puede retrasar años el desenlace. Ante este escenario, el Ejecutivo cántabro busca opciones que eviten una demora excesiva en la tramitación de los proyectos, sin explicar cómo lo hará.

No siempre las administraciones están de acuerdo y el Gobierno cántabro también le ha puesto la proa a varios proyectos de jurisdicción estatal, al emitir informe desfavorable sobre los denominados Benaveja, Corus, Piruquito y Briesa, el último en sumarse a la lista. Parece poco probable que el Estado lo recurra y, casi con total seguridad, se dejarán caer, como ya ocurriera con los anteriores denegados por la Comunidad.

Más proyectos que megavatios disponibles

A estos proyectos eólicos  se suman otros seis en información pública: Las Américas 3 y 14, Moncubo, Sierra de Sel, Fuente de Pico y las Mazas, todos ellos de ámbito regional.

Dependientes también de la Administración cántabra, por tener una potencia menor de 50 MW son, al menos, otros 9 parques eólicos que se encuentran en fase de estudio, entre ellos Olea, Cotío, Hornedo, Henestrosas y Morosos.

Eduardo Arasti, consejero de Industria explicaba en una de sus últimas comparecencias parlamentarias que “hay solicitudes para producir más de 957 megavatios, de modo que el 74% no se van a implementar”. Tan solo con los que se encuentran en trámite, el cupo de 700 Mw que marca el Plan Energético Regional estaría a punto de agotarse. Entre los parques que ya están en funcionamiento y los aprobados —incluyendo los judicializados—, suman 330 MW, y si todos los que están en fase de estudio o información pública llegaran a construirse se superarían los 630 megavatios.

La suerte final de los proyectos pendientes de autorización depende también de la aprobación del Plan de Ordenación Territorial que, si se da por bueno el último anuncio del Gobierno regional, estará aprobado en el primer trimestre de 2026, tras múltiples retrasos. Este Plan podría introducir modificaciones en las áreas de especial protección medioambiental, condicionando los proyectos venideros.