¿Quién se atreve a enfrentarse a más de 8.000 familias?

Las últimas decisiones del Gobierno central, como dejar que las comunidades de vecinos decidir si admiten o no viviendas turísticas o el Registro unificado que entró en vigor el 1 de julio van a evitar que sigan proliferando al mismo ritmo, pero el número ya es desmesurado y ni el Gobierno regional ni mucho menos los ayuntamientos quieren enfrentarse a las 8.700 familias cántabras que alquilan viviendas o habitaciones con fines turísticos. La prueba más palpable es la ausencia de sanciones a quienes incumplen el decreto regional de 2019 que ya desde entonces obliga a tener registradas estas viviendas. Son muchos los votos en juego y mucha la economía que generan. Solo en el mes de agosto del pasado año facturaron unos 40 millones de euros.

¿Quién le pone el cascabel al gato? El español se vale de esta expresión para abordar aquellos asuntos problemáticos en los que todo el mundo conoce la solución pero nadie se atreve a aplicarla, para no tener que afrontar las consecuencias. Problemas que se eternizan o, en el mejor de los casos, se resuelven por sí mismos con el tiempo. El de las viviendas ilegales de uso turístico puede ser uno de ellos. Aunque los misilazos en forma de decreto les caen cada vez más cerca, nadie quiere llegar hasta el fondo de un negocio que ha surgido de forma espontánea, por la avalancha turística que llega a España, y por el creciente interés de los españoles por los viajes interiores, y que ha crecido auspiciado por una política de manga ancha.

En un país que está acostumbrado a regularlo todo, los pisos turísticos han vivido en un limbo inimaginable, hasta que empezaron a ser demasiados como para seguir haciendo como que no existen.

Si esta situación ha llegado hasta aquí es, sobre todo, porque el sector turístico regularizado (hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales…) no han protestado demasiado frente a estos competidores, quizá porque había negocio para todos, o porque muchos profesionales también se valen de esos portales de viviendas turísticas, pero esa contemporización se ha acabado y cada vez son mayores las presiones sobre la administración pública para que regule de una vez a fondo el mundo de los pisos turísticos y las autocaravanas.

Los gobiernos regionales, sobre todo el de Cantabria, han tratado de hacer ver que hacen, pero no hacen. Existe un registro de viviendas de uso turístico desde 2015 en el que teóricamente deberían estar registradas; en 2019 el PRC decidió regular por fin el sector, pero apenas se notó y el régimen de sanciones siguió sin aplicarse, al menos de forma generalizada. Llegó el PP al Gobierno, aseguró que pondría pie en pared, y tampoco ha cambiado nada. Pasa el tiempo y su único borrador de decreto solo pretende desentenderse del problema, dejando toda la responsabilidad a los ayuntamientos que, como es lógico, no quieren tenerla, porque les supone enfrentarse con muchos vecinos y les llevaría a perder un numero significativo de votantes, los propietarios de esos negocios rechazados. No estamos hablando de un pub aislado, de un hotel o de una discoteca, sino de decenas, centenares o miles de viviendas turísticas sin registrar, como ocurre en Santander, y ningún alcalde se atreve a pisar tantos callos.

La economía que genera

Quien ha decidido actuar, aunque no están claras sus competencias, es el Ministerio de la Vivienda, que establece un registro nacional para estas viviendas de uso turístico a partir del 1 de julio. Las autonomías no solo no se han quejado, sino que han encontrado en el decreto la tabla de salvación para tratar de desentenderse de un problema muy incómodo, a pesar de ser de su competencia y de que mantendrán su propio registro.

El Instituto Nacional de Estadística ha empezado a utilizar herramientas informáticas para rastrear en las webs de alojamientos. Con esa información deduce que Cantabria tiene nada menos que 7.496 viviendas turísticas con casi 39.187 plazas en el mercado. Una enormidad, porque supone que el 1,95% de las viviendas de la región están dedicadas a este uso, frente al 1,38% nacional, es decir, un 40% por encima de la media.  

En un puñado de municipios de la región, el porcentaje de VUT supera el 5% del total de viviendas, algo que ocurre en muy pocos lugares del país, y estos porcentajes se incrementan aún más en plena temporada turística. En agosto del pasado año se llegaron a contabilizar en Cantabria 8.684, un 25,4% más que en el mismo mes del año anterior.

A una media de 5,3 plazas por vivienda –las que calcula el INE– son más de 40.000 las ofrecidas por este canal. En ese mismo mes, la región contaba con 413 establecimientos hoteleros que sumaban 20.273 plazas, apenas la mitad, lo que da una idea clara de la dimensión que ha alcanzado este negocio de alquileres de corta duración, en el que las empresas y los fondos de inversión ya están empezando a participar.

¿Quién se atreve a retirar 5.000 o 6.000 de estas viviendas del mercado por no estar regularizadas? ¿Cómo evitar que este cierre masivo afecte a la economía de la región?

No es solo un problema de las familias que están obteniendo unos ingresos complementarios con esta actividad, es un problema para la propia economía regional. De acuerdo con los datos de agosto de 2024, cuando estas VUT alcanzaron una ocupación del 88% y un precio medio de 170 euros por noche, una vivienda alquilada le generó ese mes a su propietario un promedio de 4.644 euros. Obviamente, estos datos no son extrapolables al resto del año, pero solo en ese mes, las 8.684 viviendas que se anunciaban en los portales especializados ingresaron algo más de 40 millones de euros.

El fenómeno de los pisos turísticos se ha convertido en algo demasiado grande como para frenarlo sin descarrilar, por lo que nadie tiene muy claro si todas esas viviendas turísticas irregulares van a salir o no del mercado, ni siquiera las autoridades autonómicas. Lo único evidente es que ese registro nacional les va a permitir desviar a la Delegación del Gobierno la responsabilidad de controlar el cumplimiento. 

Sí cabe esperar un apagón en su visibilidad pública, tras exigir el Ministerio de Consumo a Airbnb que descuelgue de sus páginas 65.000 pisos turísticos de todo el país que no cumplen la normativa, al no constar el número de registro, utilizar uno falso o no dar cuenta de si sus propietarios son un particular o una empresa y vulnerar los derechos de los consumidores en caso de que el servicio no les complazca. Una decisión que debieran haber tomado las propias comunidades autónomas para defender su propia legalidad sobre consumo.

El Ministerio ya había abierto un expediente sancionador contra Airbnb, después de que la plataforma se negase a eliminar estos pisos de alquiler turístico sin licencia.

La opinión de los empresarios de VUT

Para las empresas que gestionan viviendas de uso turístico propias o de particulares, que desaparezcan del mercado las que no tienen autorización es un alivio, porque reduce la competencia, pero suponen que, al no poder acceder a los plataformas de internet que canalizan esta oferta irregular, pasen al mercado negro. Ahora no tienen más remedio que declarar esos ingresos, porque Hacienda recibe la información de las webs; si deciden continuar, anunciándose en otros canales, tendrán que optar por la economía sumergida. 

Los gestores profesionales de estas viviendas seguirán, en todo caso, pendientes de otras incertidumbres. Temen que la modificación del decreto regional que regula el sector desde 2019 y cuya reforma el Gobierno de Sáenz de Buruaga lleva retrasando más de un año, acabe por crear 102 normas, una por municipio, a tenor del borrador inicial. “El Gobierno de Cantabria pretende echar balones fuera y que cada ayuntamiento establezca sus normas conforme a su Plan General”, dice Gonzalo Soto, gerente de Vacaré, una de las gestoras de viviendas de uso turístico más importantes de la comunidad, que maneja más de un centenar.

Se queja de que, hasta ahora, “los que lo estamos haciendo bien, con licencia y conforme a la legalidad es a los que nos están poniendo más trabas, en vez de ponérselas al que no tiene licencia”. 

En su opinión, con esta política, “al final van a conseguir que los inversores en vivienda que nosotros tenemos, que son de aquí, dejen de hacerlo, y que vengan los fondos de inversión y se queden con edificios enteros. A eso no le están poniendo pegas”.

Soto recuerda que los propietarios que ceden sus pisos para la explotación turística, lo que buscan es la seguridad jurídica, “porque si alquilas a largo plazo y te dejan de pagar, no puedes hacer nada, por eso optan por alquilar para cortas estancias”, desmontando la idea de que se trate únicamente de conseguir un mayor rendimiento económico: “Quizá para una casa grande, el alquiler turístico sí puede ser mucho más rentable, pero en un piso la rentabilidad no va a distar tanto de otras modalidades de alquiler”, explica. “Mucha gente, si tuviera más seguridad, preferiría que le pagasen 1.000 euros al mes, por ejemplo, que recibir 1.500 con muchas entradas y salidas de huéspedes”.