La nueva Ley de Juventud de Cantabria entrará en vigor en enero de 2026
La norma, aprobada en junio por el Parlamento ha sido publicada en el BOC
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes, 15 de julio, la Ley de Políticas de Juventud de Cantabria, aprobada el pasado junio en el Parlamento autonómico y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Esta primera Ley de Juventud de Cantabria salió adelante con el apoyo del PP y del PRC tras haber pactado previamente 55 enmiendas parciales. El PSOE se abstuvo y Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio votaron en contra.
Entre las medidas que incluye esta ley, se prevé la reserva de un cupo específico de vivienda para los jóvenes, que se determinará posteriormente, o la gratuidad en la educación para algunos estudiantes que cumplan criterios de excelencia.
También avanza hacia la gratuidad en el transporte público de forma progresiva con especial atención a los habitantes del medio rural y plantea la adopción de medidas por parte de las Administraciones, entre ellas el Gobierno regional, para favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda a través de planes específicos, ayudas y programas.
DETALLE DE LA LEY
La norma establece el marco normativo para el desarrollo de las políticas de juventud en la región, respondiendo de manera integral a sus necesidades.
Según recoge el texto, consultado por Europa Press, las políticas de juventud promoverán el desarrollo personal y social de la población joven favoreciendo su autonomía y participación en los ámbitos comunitario, cultural, económico y político, promoviendo las condiciones adecuadas en favor de su autonomía y emancipación.
Su aplicación afecta a todas aquellas personas cuya edad esté comprendida entre los 14 y los 30 años, ambos inclusive, que residan o se encuentren en Cantabria, con independencia de su procedencia.
La Ley de Políticas de Juventud de Cantabria reconoce el movimiento asociativo juvenil, con el Consejo de la Juventud de Cantabria como entidad de representación de las organizaciones juveniles de la Comunidad, para favorecer su participación en el desarrollo político, económico, social y cultural en el ámbito local.
Asimismo, viene a dar respuesta a los retos de «un mundo en constante cambio», con las tecnologías de la información y la comunicación como eje central, y reconoce la singularidad de la información juvenil fundada en la veracidad, la independencia y la objetividad como principios de la libertad y la autonomía de la persona.
Unos principios que tienen su refrendo en el reconocimiento de la Red Cántabra de Documentación e Información Juvenil, con el objetivo de proporcionar a los jóvenes la orientación necesaria en todos los aspectos de su interés, contribuyendo a su desarrollo integral.
La Ley de Políticas de Juventud de Cantabria cuenta con 67 artículos estructurados en un título preliminar y seis títulos, a los que se añaden cuatro disposiciones finales.
El título preliminar contempla las disposiciones generales definiendo su objeto y finalidad, ámbito de aplicación, principios rectores de las políticas de juventud y los derechos de las personas jóvenes.
El título I de la ley regula la organización administrativa dividiéndose en dos capítulos, uno dedicado a las Administraciones Públicas competentes, y otro que desarrolla las competencias.
Las políticas de juventud, tanto en objetivos como líneas de acción, se regulan en el título II de la ley y el III está dedicado al Plan Integral de Juventud.
Los servicios a la juventud, así como la inspección y régimen sancionador son regulados en dos capítulos del título IV, mientras que el V se dedica a lo que tiene que ver con la participación juvenil.
El último título de la ley regula la coordinación interinstitucional. Consta de dos capítulos relativos al Consejo de Políticas de Juventud de Cantabria y a las relaciones interadministrativas.
En cuanto a las cuatro disposiciones finales, las tres primeras vienen a habilitar el desarrollo reglamentario del Consejo de Políticas de Juventud de Cantabria, el Plan Integral de Juventud de Cantabria, así como la posibilidad de dictar disposiciones de carácter reglamentario para el desarrollo y ejecución de la ley.
