La alcaldesa de Cartes ordena paralizar la actividad en el centro destinado a acoger menores migrantes

La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), ha dictado una resolución que ordena la paralización «inmediata» de la actividad del hogar de acogida de emergencia que el Gobierno de Cantabria (PP) ha habilitado en un inmueble que ha adquirido en el municipio para acoger a 18 menores migrantes no acompañados, de los que dos han llegado esta mañana, mientras que este miércoles lo harán otros cuatro, y a lo largo de la semana, cuatro más.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha definido esta resolución como «un hecho gravísimo», en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha informado de ella y que ha sido convocada esta tarde. Ha estado acompañada por la directora del ICASS, Carmen Arce.

Ha señalado que la regidora ha alegado en la resolución motivos urbanísticos para dictar la paralización –que la Fundación Cuin (gestora del centro) ha recibido este mediodía– en la que, incluso, «amenaza» con desalojar, precintar el edificio, multas coercitivas y realizar cortes de suministrados de energía y agua.

«Nos exige (la alcaldesa) cerrar de manera inmediata el hogar intentando dejar en la calle, sin alternativa, a los dos primeros menores que han llegado hoy mismo al centro. No sólo a ellos, sino a todos los que van a llegar a Cantabria esta semana», ha lamentado.

Gómez de Río ha anunciado que los servicios jurídicos de la Consejería y de la Dirección General del Servicio Jurídico ejercerán las acciones judiciales oportunas y solicitarán medidas cautelarísimas frente a esta decisión.

La consejera ha explicado que la propia Cueto solicitó el pasado viernes que se realizara una inspección del edificio por parte de los servicios técnicos y sociales. Esa inspección se ha llevado a cabo esta misma mañana y se ha comprobado que «todo estaba en orden», ha asegurado.

En este sentido, ha incidido en que la vivienda «cumple con todos los requisitos legales establecidos en nuestra normativa de servicios sociales», y ha hecho hincapié en que, en este caso, debería prevalecer dicha normativa y, sobre todo, la protección de los menores.

«Estamos cumpliendo la legalidad», ha aseverado Gómez del Río, quien ha insistido en que este tipo de recursos no requieren «nada más» que la inscripción en el registro de Servicios Sociales, «como ya se había hecho», pero no autorización previa ya que «constituye un hogar».

Por otra parte, ha detallado que el Gobierno está preparando la documentación para remitir una copia del expediente de adquisición del inmueble al Ayuntamiento, «tal y como nos ha requerido la alcaldesa».

Además, la titular de Inclusión Social ha señalado que, «nada más recibir la resolución», ha llamado a la ministra de Infancia, Sira Rego (Sumar), para informarle de la resolución de la alcaldesa, aunque no ha podido hablar con ella.

Sí lo ha hecho con el secretario de Estado de Infancia y Adolescencia, Rubén Pérez, y la de Servicios Sociales, María Rosa Martínez Rodríguez, quienes le han trasladado su «sorpresa e incredulidad», así como que en ninguna vivienda ha sucedido lo que está ocurriendo con ésta.

Asimismo, ha asegurado que ha intentado ponerse en contacto con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, pero no lo ha conseguido.

«¿QUÉ QUIEREN QUE HAGA CON ESTOS MENORES?»

«Lo que quiero es que el Gobierno de España, el delegado del Gobierno y la alcaldesa me digan qué quieren que haga con estos menores», ha enfatizado Gómez del Río, que ha insistido en que su departamento está actuando por «una imposición legal de Sánchez».

A este respecto, ha recordado que las competencias en materia de Extranjería son del Ejecutivo central, mientras que al regional le compete la protección de los menores. «Protección que ahora la alcaldesa ha decidido paralizar», ha reiterado.

Además, en cuanto a Cueto, ha aseverado que su actuación es «una absoluta falta de lealtad institucional». Y es que, según ha explicado la consejera, a petición suya, ayer por la tarde mantuvo una reunión con el delegado y la regidora con el fin de «rebajar la tensión» que se ha vivido en los últimos días en el municipio tras un bronco pleno y concentraciones de vecinos.

Ha trasladado que en el encuentro se intercambió información con «el único propósito de garantizar la seguridad de los menores y del personal cuidador», e informó de que los primeros menores llegarían hoy, dato «del que ya era conocedor» Casares.

Gómez del Río ha continuando relatando que «en ningún momento la alcaldesa indicó que tuviera la intención de paralizar la protección de estos menores». Sin embargo, después de esta reunión, en la que se acordó «actuar coordinadamente con la finalidad de rebajar tensión y procurar un escenario de calma y de tranquilidad», Cueto «toma la decisión de paralizar la protección y firma la orden de paralización este lunes a las 21.14 horas».

«Con la mayor de las deslealtades institucionales» y «después de que supiera que en esa casa iban a vivir menores», ha apostillado.

La responsable de Inclusión Social también ha dicho que «desde el principio de esta desagradable situación» la regidora de Cartes «no ha hecho nada más que realizar maniobra tras maniobra con el objetivo de obstaculizar la acogida y el desarrollo de actividades de protección que el Gobierno, por Ley, está obligado a desempeñar».

De este modo, la ha acusado de crear «alarma social» y de haberse «distinguido» por realizar actitudes que «se están analizando jurídicamente, así como sus consecuencias».

«Son actitudes que nunca hubiéramos esperado de nadie, menos de una alcaldesa del PSOE, que se ha encargado de manifestar en numerosas ocasiones la falta de humanidad del PP en la acogida de personas migrantes y alegaba solidaridad», ha aseverado Gómez del Río.

LOS MENORES ESTÁN PROTEGIDOS

A preguntas de los medios de comunicación, ha afirmado que los dos menores que han llegado hoy al centro «están protegidos» y con cuidadores.

Ha señalado que los mismos «van a estar en ese entorno porque cumple todas las garantías» y, «si la alcaldesa quiere expulsarlos, tendrá que hacerlo». «Nuestro interés es la protección de los menores y esta orden queda en manos de los servicios jurídicos para recurrirla y, de hecho, están estudiándola», ha concluido la consejera.