El Supremo clausura de forma definitiva la actividad de la cantera de Laherrán

El Tribunal Supremo ha rechazado otro recurso de casación de la empresa Laherrán contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que acordó extender la clausura de la actividad de cantera a la molienda y clasificación de áridos, al tener constancia de que esta labor se encuentra incluida en la cantera y «no se ampara en la licencia de planta de hormigonado».

Inicialmente la empresa recurrió una resolución del Ayuntamiento de Piélagos en este sentido, del 8 de diciembre de 2023, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander desestimo el recurso.

A continuación, Laherrán recurrió este fallo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC y éste confirmó la resolución del Consistorio y del Juzgado de Santander. Ahora, nuevamente el Supremo ha dado la razón a estos tribunales cántabros en una sentencia fechada el 28 de enero de 2026.

Además, ha condenado a la empresa a pagar las costas procesales al Ayuntamiento de Piélagos, a Ecologistas en Acción y a un vecino del pueblo.

Precisamente, Ecologistas en Acción Cantabria ha sido quien ha dado a conocer este último fallo y ha criticado la «actividad obstruccionista» de Laherrán, «utilizando constantemente las posibilidades legales de recurso ante todas las resoluciones municipales desde febrero del año 2016».

A esto ha sumado que en «dos ocasiones ha roto el precinto» instaurado por el Ayuntamiento de Piélagos para ejecutar el cierre de las actividades ilegales como consecuencia de otras sentencias firmes que habían respaldado los resoluciones municipales de clausura, por carecer de autorizaciones.

No obstante, Ecologistas también ha cargado contra el Consistorio por haber «facilitado el funcionamiento de la cantera y la planta de tratamiento de áridos ilegales» durante diez años, con un comportamiento «timorato e irresponsable». De hecho, ha lamentado que «no ha ejecutado ninguna» de las sentencias, «de tal manera que la empresa sigue funcionando hasta el día de hoy».

En este punto, ha aludido a una sentencia «muy clara» de 2024 que apuntaba «prácticas perniciosas» del Consistorio en este caso, y recogía que «la tramitación del expediente es caótica, confusa, carente de sistemática y generadora de los conflictos que amparan los constantes recursos».

El colectivo ecologista ha denunciado que «esta empresa viene funcionando ilegalmente desde hace más de 75 años gracias a que las sucesivas corporaciones municipales miraron para otra parte». Una situación que varios vecinos trasladaron a la asociación en 2015 y, tras denunciarla, el Ayuntamiento ordenó la clausura de las actividades en febrero de 2016, aunque «incomprensiblemente facilitó que siguiera funcionando mientras no resolviera el primer recurso».

«Han pasado 10 años del acuerdo de clausura y cierre y todavía estamos esperando que el Ayuntamiento ejecute la sentencias firmes que han ordenado el cierre de las actividades y la apertura de un expediente sancionador contra la empresa. Denunciamos públicamente al Ayuntamiento como máximo responsable de que las actividades de extracción en la cantera y la molienda sigan beneficiando a una empresa ilegal y perjudican a todo el vecindario cercano», ha sentenciado Ecologistas en un comunicado.