El Parlamento de Cantabria da luz verde a la Ley de Participación Ciudadana

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto de la Administración de la Comunidad Autónoma con los votos a favor del PP, PRC y PSOE y la abstención de Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

En la última sesión plenaria del año, la Cámara ha dado luz verde a esta norma -tras rechazar las enmiendas que han llegado vivas al debate- y con la que se persigue que los cántabros se impliquen en la toma de decisiones y que su participación no se limite a «votar cada cuatro años cuando hay elecciones», según ha destacado la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, durante su intervención en el Legislativo.

Así, el objetivo del nuevo texto legal, estructurado en tres títulos y 30 artículos, es «facilitar la intervención de los ciudadanos en la gestión pública, permitiendo el control social mediante el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, el diálogo, el acceso a la información y la mejora continua de los recursos y las acciones que tienen un impacto cotidiano», ha explicado la también responsable de Seguridad y Simplificación Administrativa.

Se trata, como ha indicado, de una ley para avanzar y profundizar en la democracia participativa y que ésta sea «más efectiva, inclusiva y transparente». Ha añadido que la nueva norma es una herramienta que se suma a la Ley de Simplificación Administrativa y ha subrayado que se enmarca en el compromiso del Gobierno del PP con «la transparencia, la colaboración ciudadana, la modernización de la administración y con el desarrollo económico y social» de la región.

La ley, diseñada e impulsada por el anterior Ejecutivo PRC-PSOE y que ha «aprovechado el trabajo realizado», fue aprobada por el Consejo de Gobierno hace ahora un año, y durante su tramitación parlamentaria ha incorporado parte de las alegaciones y enmiendas presentadas.

Tras los turnos a favor de la norma, usados por los grupos Popular, Regionalista y Socialista, Vox y su exdiputado han criticado, a la hora de fijar posiciones, algunos aspectos de la norma, pese a lo cual no han votado en contra y se han abstenido.

«Norma necesaria, pero no suficiente»

Palacio ha cuestionado que se traigan a la Cámara leyes «bonitas» que se aprueban con «consenso», pues aunque están «bien» no son «importantes», como sí lo son el PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio), el Planercan o la ley de policías locales, así como también lo es «aplicar bien» la de Simplificación Administrativa o los presupuestos regionales. Palacio ha lamentado que «ninguna» de estas últimas estén en el Parlamento ni se prevea su aprobación. En cuanto a la que ha recibido luz verde ahora, ha criticado que se «discrimine» la participación de personas jurídicas con ánimo de lucro, es decir, las «grandes empresas» de la región.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha justificado la abstención de su grupo al considerar que el texto es «ostensiblemente mejorable», a pesar del «enorme esfuerzo» -ha dicho- que ha realizado su partido en ese sentido, con la presentación de 27 enmiendas de las que se han incorporado diez, seis de ellas modificadas por el PRC. Tras apuntar que la participación ha de ser «real» y no «propaganda», ha avisado de una ley que se queda en «buenas intenciones» y del «riesgo evidente y omnipresente» de «crear estructuras, procedimientos y órganos que multiplican los trámites sin aportar soluciones reales», cuando la participación «no necesita más despachos, sino decisiones».

La diputada del PSOE Norak Cruz ha defendido la postura de su formación de respaldar la norma porque era un proyecto de su programa electoral, y a pesar de que no se han hecho todos los cambios que proponían en 36 enmiendas. Sí se han incorporado 17 para modificar el lenguaje de la ley y que sea más inclusivo, sustituyendo términos como ciudadanos por ciudadanía, y a pesar de la «oposición» del PP a estos cambios. Por lo demás, ha puesto de manifiesto «carencias» relacionadas con el acceso a la tecnología universal, la publicación de formatos abiertos y reutilizables de los datos, una «deficiente» gestión de los mismos o la lucha contra la discriminación de mujeres y personas LGTBI.

En similares términos se ha expresado la diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, quien tras referirse a las aportaciones de su grupo ha opinado que la norma que ha salido adelante es «necesaria» -con ella, ha dicho, Cantabria «da un paso adelante en el camino del Gobierno abierto»- pero no suficiente», y ha puntualizado que tras su publicación comienza «lo más importante, ponerla en marcha, creer en ella y aplicarla con ambición». La regionalista ha añadido que Cantabria sea una comunidad autónoma uniprovincial supone una «clarísima oportunidad» para extender y coordinar las políticas de participación ciudadana como entidades locales para colaborar activamente con los ayuntamientos.