El nuevo decreto que regula las viviendas turísticas en Cantabria entrará en vigor este sábado

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el nuevo decreto de viviendas de uso turístico (VUT), que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) este viernes, 25 de julio, y entrará en vigor el sábado 26, tras lo que todos los titulares de esas viviendas, tanto las ya registradas como las que han solicitado su registro o lo hagan a partir de ahora, tiene ocho meses para presentar la documentación requerida en la nueva orden.

Las viviendas de uso turístico de Cantabria, incluidas las ya registradas, deberán presentar ante el Gobierno regional un informe de compatibilidad de uso emitido por los ayuntamientos y una declaración responsable para poder prestar el servicio, así como otros requisitos como contar con detector de humo, medidor de ruido, botiquín de primeros auxilios o disponer de información turística en el inmueble.

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, acompañado de la directora general y la subdirectora del área, María Saiz Villar y Elena Sedes, ha presentado este jueves en rueda de prensa el contenido del decreto tras haber recibido el pasado viernes el informe del Consejo de Estado y negociar con las asociaciones del sector.

Entre las novedades que establece este decreto, se amplía el ámbito subjetivo del ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico a las personas jurídicas y a quienes sostengan un derecho de uso sobre la vivienda y, además de la declaración responsable para prestar ese servicio, obliga a contar con un certificado o informe de compatibilidad de uso turístico de la vivienda con el planeamiento urbanístico del municipio.

«Este nuevo requisito se considera necesario para asegurar que las viviendas de uso turístico declaradas responsablemente ante la Administración autonómica, e inscritas en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria, cumplen con las exigencias a las que les somete la normativa vigente, especialmente la urbanística, evitándose la consolidación de situaciones jurídicas no conformes con la legalidad», ha señalado Martínez Abad.

Así, será este informe municipal el que determine si una vivienda puede o no destinarse a uso turístico y esto además se aplicará tanto a las que ya están registradas en la actualidad, como a las que están pendientes de ello porque está en revisión la documentación presentada y también a las que quieran registrarse a partir del sábado.

Precisamente, este requisito que se aplica a las VUT ya registradas ha dado lugar a «múltiples alegaciones» durante el trámite de audiencia del decreto al considerarse «una aplicación retroactiva de la norma», ha reconocido el titular de Turismo que, no obstante, ha apuntado que el Consejo de Estado no comparte esa percepción y cree que la ley ampara que se puedan exigir los nuevos requisitos a las viviendas ya acreditadas.

No obstante, ha detallado que la aprobación previa de la comunidad de propietarios no puede exigirse para aquellas declaraciones responsables o viviendas de uso turístico en funcionamiento antes del pasado 3 de abril, cuando entró en vigor la ley de propiedad horizontal en la que se introdujo dicho requisito, pero sí para el resto.

PLAZO TRANSITORIO DE OCHO MESES

Para presentar esa documentación, el informe de compatibilidad de uso emitido por el ayuntamiento y la declaración responsable, todos los gestores de las VUT registradas o en proceso de ello tienen un plazo de ocho meses, al igual que para adaptarse al resto de requisitos.

Entre ellos, las viviendas deberán contar con detector de humo o un sistema de medición y monitoreo del ruido, así como con un botiquín de primeros auxilios e información turística.

El decreto regula el servicio de las VUT pero, como su registro dependerá a partir de ahora de la obtención del certificado de compatibilidad de uso que tendrán que emitir los ayuntamientos, también se da a estas administraciones la competencia para determinar limitaciones a estas viviendas a través de normas urbanísticas u ordenanzas.

Entre las limitaciones que podrán establecer «por razón imperiosa de interés general», el consejero se ha referido a limitar un número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, por sectores del municipio o por ámbitos, periodos, áreas o zonas, o «cualquier otra medida dentro de su ámbito competencial».

Como ejemplo, Martínez Abad ha citado el caso de Arnuero que, haciendo uso de sus competencias, ya ha aprobado criterios urbanísticos para acotar las viviendas de uso turístico. En este punto, ha insistido en que las limitaciones que establezcan los municipios «deberán obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos».

SANCIONES DE HASTA 75.000 EUROS

El decreto también marca un horario del servicio de las VUT, desde las 15.00 horas del día de entrada a las 11.00 horas del de salida, aunque es orientativo ya que las partes podrán acordar otro distinto, y establece un régimen sancionador para quienes ejerzan esta actividad fuera del marco legal, con multas desde 15.000 a 75.000 euros.

De esta forma, una vez que transcurran los ocho meses de periodo transitorio, «quienes sigan ejerciendo la actividad de vivienda de uso turístico sin haber presentado la declaración responsable de adaptación al decreto serán cesados en su actividad y podrán ser sancionados», ha añadido el consejero.

Ha asegurado que, además de con el sector, el decreto se ha elaborado «pensando en el ciudadano cántabro, en tratar de mejorar su día a día aportando garantías y certezas en la convivencia en caso de que en su edificio haya una vivienda de uso turístico», aunque ha reconocido que los efectos del decreto «no se van a notar de forma inmediata».

En cuanto a los ayuntamientos, sobre los que recae parte del peso de esta regulación por tener que emitir los informes de compatibilidad de uso, el consejero ha avanzado que se les va a convocar a una reunión, que podría ser el próximo 4 de agosto, para informar del contenido del decreto y resolver todas las dudas administrativas y técnicas.

Además, ha avanzado que, para hacer frente a la inspección de esas viviendas en caso de que se detecten incumplimientos, el Gobierno va a incrementar los inspectores en materia de turismo de los seis actuales a 11 más un técnico.

CASI 6.500 VIVIENDAS INSCRITAS O EN PROCESO

Sobre las viviendas de uso turístico que hay actualmente registradas en Cantabria, han detallado que son un total de 6.475, más de 4.300 ya inscritas y unas 2.300 con la documentación en proceso de comprobación, y todas ellas tendrán que ajustarse al nuevo decreto y presentar el certificado de compatibilidad de uso emitido por el ayuntamiento y la declaración responsable.

No obstante, el Gobierno no cuenta con datos de cuántas viviendas de uso turístico podrían estar operando ilegalmente en la comunidad. «Entendemos que el nuevo decreto fija muy clara la regulación y, por tanto, el que esté ilegal se arriesga a una sanción importante», han advertido, al tiempo que los responsables de Turismo han confiado en que este decreto ayude a «estabilizar» el mercado de este tipo de viviendas.

Reportajes relacionados:

‘El 97% de los pisos turísticos de la región son de propietarios individuales’