El funcionario de la ‘trama de Obras’ no se reincorporará hasta que se pronuncie el Supremo
El funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas investigado por la conocida como ‘trama de Obras’ -por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos en la región- no volverá a su puesto de trabajo en la Consejería del ramo hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo, que tendrá que resolver el recurso que va a interponer el Gobierno regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ha declarado nula la suspensión provisional de funciones de este empleado público.
«Mientras no se resuelva este recurso, el funcionario no volverá», ha afirmado el consejero de Fomento, Roberto Media, en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha indicado que en el Ejecutivo van a «seguir siendo muy prudentes y respetando los tiempos de la Justicia. La instrucción del caso sigue abierta y, por tanto, queda mucho recorrido por delante», ha destacado.
Media se ha expresado así tras conocerse el fallo, que no es firme, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que revoca el dictado hace más de un año por la jueza de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, que impedía al presunto cabecilla de la trama de Carreteras volver a su puesto de trabajo, del que fue apartado por el Ejecutivo cuando se destaparon los hechos, en febrero de 2023, y por los que estuvo en prisión más de seis meses.
«En marzo del (año) 24 el Juzgado nos dio la razón y seguimos creyendo que existen razones para mantener esta medida», ha considerado Media tras señalar que fue el anterior Gobierno (PRC-PSOE) el que en mayo de 2023 apartó al funcionario de sus responsabilidades y que el Ejecutivo del PP ha «estado de acuerdo con esa decisión».
Pero el implicado, M.A.D., apeló al TSJC y la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado ahora su recurso y le ha dado la razón. Así, ha declarado la nulidad de la resolución de la administración en lo relativo a la duración de dicha suspensión, al entender que «sólo procedía por seis meses», la duración máxima de suspensión de funciones al ser una medida cautelar de naturaleza administrativa.
Al conocerse la nueva resolución, el Gobierno avanzó en un comunicado que recurrirá en casación al Supremo al entender que existen «razones fundadas» para mantener la suspensión provisional del funcionario procesado y hasta que sea juzgado, en el marco de la investigación que dirige la magistrada de Instrucción 5 de la ciudad y que está ya en la recta final, previa a la apertura de juicio oral.
De hecho, la Fiscalía de Cantabria imputa al funcionario -junto a su mujer e hijas y empresarios y/o empleados de tres constructoras: API, Rucecan y La Encina- supuestos delitos de fraude en contratación pública, cohecho, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales (ilícito este último en el que habrían participado las familiares del considerado cabecilla de la trama).
