Cantabria se reafirma en rechazar la quita de la deuda autonómica y presentará alegaciones

El Gobierno de Cantabria ya dispone de un borrador de alegaciones al anteproyecto de ley que permite al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas -809 de esta región- y las formalizará antes del próximo 10 de octubre.

Lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), quien, además, ha avisado que, «por supuesto, llegado el momento, recurriremos a todos los tribunales e instancias» la medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De esta manera, la ‘popular’ ha respondido a una pregunta de la diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, que le ha pedido que «rectifique» y acepte la condonación «por el bien de Cantabria y aunque no le guste ni al PP ni a Alberto Núñez Feijóo» y porque con ese «ahorro» de intereses -que la regionalista ha cifrado en 20 millones de euros anuales- se podrían «solucionar problemas» de los ciudadanos.

Pero Buruaga se ha reafirmado en la oposición a la quita porque, según ha argumentado, es «una gran mentira»: «Nadie nos condona ni nos perdona nada», y supone además «un negocio ruinoso para los cántabros.

«No hay quitas, hay más deuda», ha resumido Buruaga, para indicar que la deuda «no desaparece», sino que «cambia de bolsillo y se mutualiza, se reparte entre todos los españoles» fruto de una «maniobra trilera» por la que cada cántabro deberá «461 euros más y los catalanes 300 menos», mientras que a los cántabros se les condonarían 524 euros menos que a la media.

«¿A usted le parece esto una quita? Pues a mí me parece un engaño colosal» y «una tomadura de pelo», ha indicado a Fernández Buruaga, para quien la quita es además un «expolio a la solidaridad interterritorial» y «una operación política resuelta de forma arbitraria para satisfacer las exigencias del separatismo y la permanencia de Sánchez en el poder». Es, ha añadido, «un acuerdo impuesto, injusto y arbitrario que solo busca un traje a medida del independentismo, que es quien manda en este país».

A su juicio, «la única solución real y efectiva pasa por la reestructuración de la deuda frente a la condonación y por la reforma del sistema de financiación autonómica de forma multilateral y transparente frente al cupo separatista».

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta también otros extremos (como el ahorro en intereses, que estima en «poco más» de 7 millones de euros hasta 2028, y el destino de la misma, a sanidad, educación o servicios sociales), la presidenta del PP ha pedido a la parlamentaria del PRC que «abandone la política pequeña y la mentira» y le ha advertido: «Se trata de defender los intereses de los cántabros frente a los privilegios de los territorios y la desigualdad entre ciudadanos. Y nosotros vamos a dar esa batalla democrática, con ustedes o sin ustedes, las veces que haga falta».

VIVIENDA

Por otro lado, y en respuesta a una pregunta del portavoz del PSOE en la Cámara, Mario Iglesias, acerca de «cómo se pretenden conseguir los 90 millones de euros para invertir en vivienda pública si se rechaza el acuerdo del Gobierno de España», Buruaga ha señalado que España necesita «otra política y otro Gobierno» para solucionar el problema del acceso a la vivienda.

Y es que, a su juicio, el Ejecutivo de Sánchez plantea un «modelo fracasado», con «más trabas al propietario y más manga ancha a la okupación», y ha denunciado que el Ministerio de Vivienda «dejó sin ejecutar en 2024 el 70% de su presupuesto» mientras el presidente y líder de los socialistas «decía que la vivienda es su prioridad».

Además, la mandataria cántabra ha negado que exista un acuerdo con la administración central en esta materia, porque «no hay ni diálogo. Lo que hay es una obsesión por cortocircuitar las competencias de las comunidades autónomas y un chantaje».

«España necesita menos ideología y más gestión. Necesita menos palabrería y medidas más eficaces», ha defendido Buruaga, que ha contrapuesto los incrementos del precio de la vivienda -en cerca del 50%- y de las denuncias por okupación -en más de un 34%- desde que Sánchez es presidente y fruto de una política «inútil», con el hecho de que su Gobierno haya «puesto toda la carne en el asador» en la materia.

En este sentido, ha destacado que se ha desplegado una «amplísima batería de medidas» para agilizar la gestión del suelo, aumentar el parque de vivienda pública y privada a precios asequibles y ayudar a la compra y al alquiler, además de estar a punto de aprobar el proyecto de ley de Vivienda. «Me comprometí a duplicar el parque público de vivienda y ahí están las cifras: 535 viviendas en marcha que van a engrosar un parque público que a día de hoy cuenta con 406».

PROYECTO ALTAMIRA

Por otro lado, la presidenta de Cantabria ha negado «cambio de narrativa» o «contradicciones» en torno al Campus Tecnológico Altamira -como sostiene la portavoz de Vox, Leticia Díez- y ha reafirmado que es un proyecto «ganador» y «decisivo» para orientar el modelo productivo de la comunidad hacia sectores más innovadores y con mayor valor añadido, en línea con los objetivos de la Agenda Digital de Cantabria. Va a suponer una inversión de 3.600 millones de euros y la creación de 1.425 puestos de trabajo en su etapa operativa.

Buruaga ha defendido asimismo que se trata de un proyecto «solvente y maduro» que tan solo necesita -según ha apuntado- el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica para incluir en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica dos nuevas posiciones en la subestación de Penagos. «Vamos a pelearlo», ha apostado.

En su intervención, ha explicado que esta subestación «no necesita ampliaciones» y está preparada para satisfacer la demanda eléctrica del Campus Altamira: 100 megavatios de potencia en la primera fase, 300 megavatios en la segunda y 500 megavatios en la tercera.

Y según ha apuntado, la instalación de esas dos nuevas posiciones es «técnicamente factible y sencillo» y, además, el coste de ejecución para el sistema eléctrico español sería «cero», puesto que lo sufragará íntegramente el promotor, el grupo Stoneshield Capital, que ya ha adquirido los terrenos en el polígono industrial VIPAR, situado en Piélagos y Villaescusa, por 9,5 millones de euros.

ARASTI NIEGA FRACASO DEL PLAN DE AUTÓNOMOS

Por otro lado, el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha negado «fracaso» del Plan de Autónomos, como ha asegurado el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, al interesarse por esta herramienta, puesta en marcha en febrero de 2024, dotada con 40 millones de euros y que según el regionalista ha derivado en la pérdida «100 trabajadores» respecto al inicio de la legislatura: 41.546, frente a 41.456 censados en agosto.

«Váyase» porque «su política no sirve de nada», ha expresado para pedir el cese o dimisión del titular del departamento, que ha defendido el documento -«vivo» y «en permanente revisión»- así como las medidas que incluye.