Cantabria, la comunidad en la que la privatización de la sanidad avanza más despacio
Cantabria es la comunidad autónoma con menor velocidad de privatización de la Sanidad, según se desprende del 11º Informe sobre la Privatización Sanitaria de las CCAA, publicado este jueves por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
La comunidad ha recibido una puntuación de 14 puntos, con base en ciertos indicadores, mientras que la media nacional en 2025 la sitúa en los 21,3, sobre un máximo de 34 puntos posibles.
El estudio analiza a partir de una decena de indicadores la evolución de la privatización sanitaria en cada comunidad autónoma y revela que este proceso se ha incrementado un 31 por ciento, pasando de un indicador global (la media de las CCAA) que en 2014 se situaba en 16 puntos.
«En estos 11 años hemos podido constatar una realidad que es bastante preocupante, la privatización no ha dejado de crecer, tanto en la provisión como en la financiación de los servicios sanitarios y esto obviamente afecta de manera directa a la equidad y a la calidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud», ha aseverado el secretario de organización de la FADSP, Sergio Fernández, en la presentación del informe, que se elabora desde 2014.
Aunque el documento muestra diferencias entre comunidades, con algunas que tienen índices algo menores de privatización, Fernández ha destacado que «ninguna, absolutamente ninguna, se libra del problema», observándose en todas una «tendencia común», que es el desvío creciente de recursos públicos hacia el sector privado.
De este modo, Canarias (con 28 puntos), Madrid (28), Baleares (27) y Cataluña (26) lideran la clasificación más reciente, seguidas de la Comunidad Valenciana (26), Aragón (24), Andalucía (23), Extremadura (20), Galicia (19), La Rioja (19), Castilla y León (18), Murcia (18) y País Vasco (18), que se encuentran en la parte media de la tabla, con una velocidad intermedia de privatización.
A la cola, entre las comunidades con menor velocidad de privatización están Castilla-La Mancha (18), Navarra (18), Asturias (18) y Cantabria (14).
MADRID, CATALUÑA Y BALEARES REPITEN
El secretario de organización de FADSP ha lamentado que Madrid «se mantiene a la cabeza» desde que comenzaron a elaborar el informe, algo que también ha sucedido con Cataluña y Baleares, con algún cambio de posición.
«Madrid representa el ejemplo más extremo y persistente de las políticas privatizadoras en España, con consecuencias, por desgracia, visibles, que son incremento de las desigualdades, más gasto de bolsillo en la ciudadanía y una accesibilidad más difícil a la atención sanitaria pública», ha detallado.
Teniendo en cuenta las diferencias entre comunidades, Fernández ha apuntado que la privatización «no es un fenómeno inevitable». «Son las consecuencias y el resultado de políticas concretas que condicionan el derecho a la salud y que generan esas desigualdades entre territorios y entre personas», ha afirmado.
INCREMENTO «MUY LLAMATIVO» EN ALGUNAS CCAA
El autor del informe, José Manuel Aranda, ha profundizado en las diferencias entre territorios para destacar que se está produciendo un incremento «muy llamativo» en algunas comunidades que antes no tenían un nivel de privatización tan alto, refiriéndose al caso de Andalucía, Comunidad Valenciana o Canarias.
En este sentido, el documento precisa que Andalucía ha experimentado un aumento de más del 32 por ciento desde 2019, mientras que en Canarias el dato es del 32,3 y en la Comunidad Valenciana del 29,4. Junto a estas, apunta a Extremadura (32,3), que en informes anteriores tenía de los menores grados de privatización y en los últimos tres se han acelerado sus procesos.
«La justificación que dan los políticos que privatizan es que los servicios sanitarios públicos son insuficientes para atender las demandas de la población (…) Pero nosotros pensamos que esto no es la causa, porque los servicios sanitarios públicos podrían ser perfectamente suficientes para atender a todos los ciudadanos de este país si estuviesen adecuadamente financiados», ha afirmado Aranda.
Además, ha criticado la «falta de transparencia» de las administraciones sanitarias para poder recabar información para el estudio, lo que dificulta un análisis en profundidad del fenómeno de la privatización. En concreto, el informe se basa en datos publicados por el Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Estadística, Barómetro Sanitario, e IDIS.
«(La privatización) Es un proceso que destruye el sistema sanitario público, que destruye no solamente por falta de recursos, sino por abandono de las estructuras de gestión», ha concluido Aranda aseverando que tiene «consecuencias conocidas como un incremento de la mortalidad general y el aumento de las desigualdades en salud».
