Cantabria alcanza la mitad del cupo de extracción de lobos con 16 cazados y 5 muertos por otras causas
Las 21 muertes constituyen la mitad del cupo del plan de gestión vigente
El Gobierno de Cantabria ha matado 16 lobos en los últimos dos meses y medio, desde que salió del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), y a los que se suman cinco más que han muerto por otras causas y que elevan a 21 el total, es decir, la mitad de los 41 que se pueden eliminar en base al plan de gestión vigente.
Las 16 extracciones -nueve hembras y siete machos- se han llevado a cabo en las zonas de Campoo (6), Nansa (4), Besaya (3), Saja (2) y Asón (1). A este control poblacional hay que añadir una hembra y cuatro machos que han fallecido atropellados (4) y por enfermedad (1), y que computan también a efectos del plan.
Además, la Consejería de Desarrollo Rural tiene ‘vivas’ cinco resoluciones que caducan el próximo 30 de junio y que se pueden materializar hasta esa fecha, sin perjuicio de que publique más hasta completar el cupo de 41 (el 20% de la población actual) en función de los ataques al ganado.
«Si fuese necesario, en base a los daños existentes, publicaríamos aún más resoluciones», ha avisado la titular del departamento, María Jesús Susinos, este viernes en declaraciones a los periodistas antes de presidir la Mesa del Lobo, en la que se ha presentado el nuevo plan de gestión, y que espera que esté aprobado antes de que acabe el año.
NOVEDADES DEL PLAN DE GESTIÓN
Entre las principales novedades del documento, que ha salido adelante por «consenso» y que permanece «abierto» -se pueden hacer aportaciones y alegaciones en el plazo de un mes-, destaca el cambio de zonificación para pasar de tres a dos.
En la primera, que mantiene que puede haber presencia de lobos y su convivencia con la ganadería extensiva, estará formada por 38 municipios, dos más que ahora, al incorporarse los de Arredondo y Ruesga. Así, ambos podrán cobrar el pago por servicios ambientales.
Seguirían formando parte de esta zona Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Cieza, Cillorigo de Liébana, Hermandad de Campoo de Suso, Lamasón, Luena, Molledo, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Potes, Reinosa, Rionansa, Las Rozas de Valdearroyo, Ruente, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Soba, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Vega de Liébana, Vega de Pas y la Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga.
Y la segunda zona estará conformada por el resto de ayuntamientos de la comunidad, 64, en los que no debe haber presencia habitual del cánido, aunque sí ejemplares esporádicos y en solitario, pero no manadas. «Y no lo que está sucediendo ahora, que está el lobo matando en la costa, en pleno día y en zonas fuertemente urbanizadas», ha apostillado la también titular de Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acompañada del director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, la consejera también ha indicado que el texto -que a priori mantiene el cupo a extraer del 20% de la población de lobos en la región- prevé un protocolo para que los ganaderos puedan presentar los daños sufridos de forma «más ágil y sencilla», así como un nuevo baremo, pues el actual está «muy desactualizado» y cada animal perdido se está pagando a «un precio muy por debajo del mercado».
Además, el próximo plan de gestión -que sucederá al vigente, que data de 2019- incorpora una nueva línea de ayudas específicas para medidas de prevención de daños del depredador, como mastines, vallas o cierres, ha indicado Susinos, que también ha subrayado la propuesta de «oficializar» la Mesa del Lobo, órgano que en la actualidad es de consulta.
«Las propuestas que hoy traemos, están negociadas en mesas de trabajo acordadas en esta Mesa del Lobo y tratan de afianzar el modelo de coexistencia con la especie, basado en los necesarios e imprescindibles controles y que, además, busca facilitar y agilizar la gestión de las ayudas a los ganaderos», ha explicado Susinos.
ACUSACIONES FALSAS
A la reunión de hoy no han acudido Ecologistas en Acción y la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), al considerar que «no se dan las mínimas condiciones de confianza y voluntad de diálogo» por parte del Ejecutivo, al que acusan de que solo le interesa «matar lobos» y en base a datos que no son «reales», por lo que -advierten- «no tienen otro camino» que recurrir a los tribunales «para que se respete la legalidad».
La consejera ha tildado de «falsas» estas acusaciones y ha defendido el diálogo y transparencia de la administración, pese a lo cual -ha lamentado- ambas organizaciones «han decidido levantarse de la Mesa» y de forma «voluntaria» además, en vez de permanecer en las reuniones de trabajo y hacer aportaciones.
«En Cantabria no queremos exterminar al lobo. Queremos convivir adecuadamente con esa especie y que nuestros ganaderos puedan seguir desarrollando su actividad», ha defendido la consejera, que ha advertido no obstante que el número de ejemplares que «campan a sus anchas» por la región hace «insostenible» su coexistencia con la ganadería en extensivo.
En este punto, ha indicado que en 2024 se certificaron 2.681 ataques, con un total de 3.233 animales muertos y 207 heridos, lo que afectó a un millar de ganaderos y generó unas indemnizaciones que superaron los 1,7 millones de euros.
LEY Y RAZÓN
Además, tras aludir a los diferentes recursos y acciones judiciales emprendidas por colectivos ecologistas y conservacionistas, la responsable de Ganadería ha enfatizado que hasta la fecha la Justicia ha dado la razón al Gobierno.
«Estamos actuando con la ley en la mano y nos han dado la razón», ha sentenciado, a la par que ha recordado que la Fiscalía de Cantabria ha archivado las diligencias de investigación abiertas contra ella y Serdio al no apreciar delito en las resoluciones ni en las extracciones de ejemplares.
De igual modo, ha rechazado las denuncias de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC) y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico respecto a una docena de resoluciones para sendas extracciones por considerar los métodos empleados «indecentes e ilegales» en función de la Ley de Caza.
«O no se enteran o lo están haciendo con muy mala intención para intentar engañar a la ciudadanía, porque en Cantabria no estamos cazando, estamos haciendo control poblacional», ha concluido.
En la reunión también han participado el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, así como representantes de las organizaciones profesionales agrarias; las cooperativas agrarias; la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA); la Federación Cántabra de Razas Cárnicas; la Asociación Caballar de Cantabria, y las diferentes asociaciones de animales de menor tamaño, como ovejas y cabras, además de la Federación de Municipios de Cantabria y de entidades conservacionistas como la Fundación Naturaleza y Hombre, en representación también de la Fundación Oso Pardo, y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.