Cantabria activa a partir de mañana el protocolo frente a la violencia hacia la infancia y adolescencia en el ocio

El Gobierno de Cantabria ha aprobado el protocolo de actuación frente a la violencia hacia la infancia y adolescencia en el ámbito del ocio y tiempo libre, que entrará en vigor este miércoles 10.

La orden de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad por la que se aprueba dicho protocolo ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

El objetivo de este protocolo es la protección de los menores en las actividades de ocio y tiempo libre que se desarrollen en Cantabria y, «con carácter prioritario», «prevenir cualquier tipo de violencia» hacia ellos, «garantizando su seguridad, bienestar y desarrollo integral en un entorno seguro y respetuoso», según se recoge en el propio protocolo publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Está dirigido a establecer medidas de detección temprana y protección frente a la violencia y definir protocolos de actuación ante este tipo de situaciones, «protegiendo a las víctimas y proporcionando estrategias de seguimiento y acompañamiento para su reincorporación segura a las actividades».

Con este protocolo también se busca velar para que los niños y adolescentes «ean escuchados en situaciones de violencia, «asegurándose que sus opiniones sean tomadas en cuenta y evitando la revictimización» y promover para ellos un entorno libre de discriminación (por edad, raza, sexo, orientación sexual, identidad de género u otras circunstancias personales) en todas las actividades de ocio y tiempo libre, así como proteger su imagen y privacidad y evitar su exposición no deseada.

Estarán obligadas a la aplicación del protocolo las personas o entidades organizadoras de actividades de ocio y tiempo libre en Cantabria en las que participen menores de edad.

El documento, con el que se desarrolla la Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, ha sido redactado en colaboración con la Dirección General de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no deseada de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, financiándose el apoyo técnico con Fondos Next Generation.

DELEGADO DE PROTECCIÓN

Uno de los aspectos que recoge este protocolo es la obligación de que todas las entidades, organizaciones o asociaciones que realicen actividades de ocio y tiempo libre en Cantabria en la que participen menores tengan la obligación de designar un delegado de protección.

Será una figura de referencia a la que los menores puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará de la difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así como de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de violencia.

Esta persona deberá contar con la certificación negativa de delitos sexuales del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos y contar con una formación para el puesto en ámbitos como prevención y detección precoz de toda forma de violencia o en actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado indicios de la misma.

Entre las funciones del delegado de protección figuran: informar a todas las partes involucradas (profesionales, responsables, padres o tutores) sobre la existencia del protocolo y la política de prevención de la violencia en las actividades de ocio y tiempo libre en Cantabria, garantizando que tengan conocimiento de los procedimientos y medidas a seguir; promover programas de formación y sensibilización en prevención y detección precoz de violencia dirigidos al personal involucrado en las actividades de ocio y tiempo libre (monitores, educadores, responsables y voluntarios), así como a las familias o tutores de los menores.

Deberá proteger a los menores que participan en actividades de ocio y tiempo libre en Cantabria frente a cualquier tipo de violencia, adoptando las medidas de actuación pertinentes y recomendando acciones cuando sea necesario para asegurar su seguridad y bienestar.

Además, entre otras tareas, tendrá que adoptar las medidas preventivas necesarias para proteger los intereses de los menores que pudieran haber sido víctimas de violencia, promoviendo su bienestar y la prevención de futuras situaciones, así como canalizar y gestionar las sugerencias, quejas y reclamaciones presentadas por cualquier persona en relación con situaciones de violencia, instruyendo expedientes informativos y remitiéndolos a las entidades o administraciones pertinentes para su resolución.

El protocolo incorpora como anexos un dosier de herramientas, entre las que figura un mapa de riesgos, una guía de actuaciones, un hoja de incidencias y un documento para el seguimiento y la monitorización.