Cuarenta ayuntamientos cántabros elaborarán censos municipales de amianto
Se suman a los dos consistorios que ya han censado la presencia de este material
Cerca de 40 ayuntamientos cántabros se han beneficiado de las ayudas del Gobierno regional destinadas a entidades locales para la elaboración de un censo y cronograma de retirada de instalaciones y emplazamientos con amianto situados en sus respectivos municipios.
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles, 27 de agosto, la resolución de la convocatoria de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y que ha agotado los 150.000 euros de subvención, por lo que no se descarta una nueva convocatoria.
El objetivo de la medida es apoyar a los consistorios a la elaboración de este registro de obligado cumplimiento, como recoge la Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.
En la actualidad, solo dos municipios cántabros (Ramales de la Victoria y Laredo) cuentan con este censo, según ha indicado el consejero del ramo, Roberto Media, que ha subrayado así la importancia de estas ayudas para «facilitar el trabajo y minimizar el coste que deberán asumir los ayuntamientos para su elaboración».
En un comunicado, el titular de la Consejería ha puesto en valor los beneficios que estas actuaciones supondrán para el medio ambiente y la salud pública.
Por otro lado, ha indicado que, tras el «gran número» de peticiones recibidas de los ayuntamientos para poder beneficiarse de estas ayudas, su departamento no descarta la posibilidad de llevar a cabo una nueva convocatoria «que consiga dar respuesta a todas las solicitudes recibidas».
CARACTERÍSTICAS DE ESTE REGISTRO
La Ley estatal establece que cada ayuntamiento debe elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto que incluya un calendario en el que se evalúe su riesgo y se planifique su retirada segura.
En su disposición adicional decimocuarta, la norma fija su entrada en vigor el 8 de abril de 2023, aunque actualmente solo dos municipios de la región cuentan con este registro.
Tanto el censo como el calendario deben tener carácter público y se deben remitir a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de la comunidad autónoma.
En el caso de aquellas instalaciones de mayor riesgo, como emplazamientos de carácter público, deberán estar gestionadas antes del año 2028.
Para ello, cada municipio deberá realizar las inspecciones que sean oportunas para localizar e identificar los materiales con amianto.
En una etapa posterior, para completar el proceso de diagnóstico, se valorará la prioridad sobre su retirada y se establecerá un calendario para su ejecución.
Dentro de este registro se incluirán viviendas, oficinas, edificios industriales, agrícolas, locales de trabajo o cualquier otra construcción, hasta instalaciones industriales, redes municipales de abastecimiento de agua o, incluso, carreteras u otro tipo de infraestructuras.
