El Gobierno cántabro refuerza el control de pago a los subcontratistas
Han pasado diez años desde la aprobación de la Ley de Lucha contra la Morosidad; una norma que no ha servido para atajar el problema de la crónica y abusiva demora en los pagos a los subcontratistas, hasta el punto de que una década después, y a pesar de la combativa actitud de asociaciones como AEXCA, los plazos se han dilatado todavía más. Sirva como ejemplo que en las obras que se han reemprendido en la autovía entre Solares y Torrelavega, las empresas subcontratistas están cobrando con 240 días de demora.
No obstante, la presión de los sectores afectados ha provocado un cambio en el entorno jurídico de las contratación pública que, si no resuelve totalmente el problema, sí pone en las manos de la Administración la posibilidad de acabar de una vez por todas con una práctica que amenaza con extinguir el tejido empresarial de las pymes en la obra pública.
Con la aprobación de la Ley de Emprendedores, en septiembre del pasado año, la Administración ha asumido el papel que le corresponde en la vigilancia de que los plazos legales establecidos en la Ley de Lucha contra la Morosidad se cumplan. En ella se establece que “las Administraciones públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos (…) han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos”. La norma faculta también a la administración a solicitar al contratista el justificante de cumplimiento de los pagos, que deberán hacerse en el plazo máximo de 60 días que marca la Ley.
Cantabria da un paso más
Para hacer más explícita esta obligación, el Gobierno cántabro, en respuesta a las reiteradas peticiones de AEXCA, ha acordado incluir en los pliegos de contratación de la Administración autonómica el artículo de la Ley de Emprendedores que le faculta para ejercer esa labor de vigilancia. Así se lo ha comunicado a la Asociación de Excavadores de Cantabria el presidente del Ejecutivo, Ignacio Diego en un reciente encuentro. Diego se ha comprometido, además, a trasladar a la próxima reunión del Ministerio de Fomento con todos los consejeros de Obras Públicas, el paso dado por Cantabria, para que el resto de las comunidades valoren la posibilidad de aplicar también esta medida.
Los excavadores consideran positiva esta actitud, porque constata que la Administración es consciente de que se producen abusos y asume una responsabilidad de tutela del eslabón más débil, los subcontratistas. Pero llevar a los pliegos de contratación una obligación legal que ya existía no resuelve por sí solo el problema. Es preciso que los órganos administrativos pongan realmente en práctica la facultad de vigilancia que les otorga la ley, y que ese ‘podrá’ que establece la norma se convierta en un control efectivo y a pie de obra. “Lo que hemos pedido a Ignacio Diego –señala el presidente de AEXCA, Antonio García Rivero– es que se articule un sistema para que sea el director de obra quien controle esos pagos. Basta con que, al hacer las certificaciones mensuales de obra, le pida al contratista principal los justificantes de haber pagado en plazo a los subcontratistas”.
“Sin ese gesto, con el que se demostraría la voluntad real de hacer cumplir la norma, estaríamos ante un simple cambio cosmético y una vuelta de tuerca legislativa tan ineficaz como todas las anteriores”, añade.
No obstante, los excavadores creen haber dado un paso importante, como lo expresa el secretario de la Asociación, Juan Antonio Lantarón: “La pelota está en su tejado, se acabó el decir que es un tema privado entre partes; ahora la Administración puede atajar este problema si realmente tiene voluntad de hacerlo”.
