Claves de la nueva Ley de desperdicio alimentario en España; Lo que las empresas debe saber
Cada año, en España se desperdician más de 1,3 millones de toneladas de comida, según el Ministerio de Agricultura. Detrás de cada alimento que acaba en la basura se pierden también agua, energía y trabajo. En plena crisis climática y con el precio de los alimentos al alza, reducir el desperdicio ya no es solo una cuestión ética, sino también económica.
La nueva Ley de desperdicio alimentario nace para responder a este desafío y cumplir con los objetivos europeos de sostenibilidad. Su meta es clara: reducir las pérdidas a lo largo de toda la cadena alimentaria, promoviendo la prevención, la donación y el aprovechamiento de los excedentes.
Ante este nuevo escenario, la formación especializada se vuelve esencial para facilitar la correcta adaptación del sector. Programas como el Curso de prevención y reducción del desperdicio alimentario de ICSAM proporcionan contenidos orientados a la correcta aplicación de la normativa y al impulso de una gestión más sostenible.
Esta normativa afecta a empresas del sector agroalimentario, sector HORECA y la distribución, que deberán adaptarse a nuevas obligaciones. Pero también supone una oportunidad para avanzar hacia modelos de negocio más responsables y eficientes.
Qué es la Ley de Desperdicio Alimentario
La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, es la nueva norma que establece el marco legal para reducir las pérdidas de alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. Su objetivo principal es impulsar un uso más eficiente y sostenible de los recursos, evitando que los productos aptos para el consumo acaben en la basura.
Esta ley responde al compromiso de España con la estrategia europea De la Granja a la Mesa y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3, que busca reducir a la mitad el desperdicio alimentario mundial antes de 2030.
La norma obliga a productores, distribuidores, comercios y establecimientos de hostelería a prevenir, gestionar y registrar sus excedentes, dando prioridad a la donación de alimentos y fomentando alternativas como el reciclaje o el compostaje cuando no sea posible su aprovechamiento.
Principales obligaciones para las empresas
La Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario impone nuevas responsabilidades a todos los actores de la cadena alimentaria: productores, distribuidores, comercios y restaurantes.
La medida clave es la obligación de contar con un plan de prevención del desperdicio, donde se identifiquen las causas de las pérdidas y las acciones para reducirlas. Este plan deberá revisarse de forma periódica.
Las empresas también deberán priorizar la donación de alimentos aptos para el consumo humano y, si no es posible, destinarlos a piensos, compostaje o reciclaje, siguiendo un orden jerárquico de aprovechamiento.
Además, será necesario registrar las cantidades y motivos del desperdicio, ya que el incumplimiento de estas medidas podrá conllevar sanciones económicas según la gravedad de la infracción.
Impacto de la ley en los distintos sectores
La Ley de desperdicio alimentario no afecta por igual a todos los sectores, pero sí obliga a todos a replantear su forma de gestionar los alimentos. Para la industria agroalimentaria, supone un control más estricto sobre la producción y el almacenamiento, lo que implica un registro más exhaustivo de las mermas y adoptar sistemas que reduzcan las pérdidas.
En el caso de los supermercados y distribuidores, la norma impulsa una planificación más ajustada del stock, acuerdos de colaboración con bancos de alimentos y descuentos en productos próximos a su fecha de caducidad.
En los restaurantes y empresas de hostelería se requiere formación específica del personal y la aplicación de prácticas como ofrecer raciones adaptadas, promover el aprovechamiento de alimentos no consumidos o mejorar la trazabilidad de los ingredientes.
Para los productores y cooperativas agrarias, la ley plantea la necesidad de aprovechar los excedentes de cosechas o transformarlos en otros productos antes de que se pierdan.
En conjunto, esta normativa implica para las empresas de la industria alimentaria la revisión de procesos, la reducción del desperdicio y la adopción de compromisos verificables en materia de sostenibilidad.
Importancia de la correcta aplicación de la normativa
La correcta aplicación de la Ley de desperdicio alimentario no solo evita sanciones: también aporta ventajas tangibles a las empresas. Implementar buenas prácticas de aprovechamiento permite ahorrar costes, optimizar procesos y reducir las pérdidas derivadas del exceso de producción o del mal almacenamiento.
Además, las compañías que aplican la ley de forma proactiva mejoran su reputación corporativa. Los consumidores valoran cada vez más a las marcas comprometidas con la sostenibilidad y la responsabilidad social, lo que se traduce en una ventaja competitiva en un mercado cada vez más exigente.
La reducción del desperdicio alimentario contribuye a la sostenibilidad ambiental y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), cada vez más relevantes para el acceso a financiación o contratos públicos.
Preparación del sector para el cumplimiento de la ley
Adaptarse a la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario requiere planificación y compromiso. El proceso de adaptación incluye la elaboración de un plan de prevención, donde se analicen las causas del desperdicio y se definan medidas concretas para reducirlo: control de inventarios, mejoras logísticas o acuerdos con entidades sociales.
También es clave la formación del personal, especialmente en sectores como la hostelería, y la industria alimentaria. Se requiere que el personal disponga del conocimiento necesario para conservar correctamente los alimentos, evitar mermas y aplicar las nuevas prácticas de reaprovechamiento.
Las empresas pueden apoyarse en herramientas que faciliten la medición y el seguimiento de los excedentes. Estas soluciones permiten tomar decisiones basadas en datos y evaluar el impacto de las acciones emprendidas.
Por último, la colaboración con bancos de alimentos o fundaciones locales constituye una vía reconocida dentro del marco normativo y no solo ayuda a cumplir la normativa, sino que refuerza la responsabilidad social y el vínculo con la comunidad.
El modelo alimentario avanza hacia un enfoque cada vez más sostenible
La Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario marca un punto de inflexión en la forma en que España gestiona sus recursos alimentarios. Más allá de su carácter obligatorio, la norma establece un marco orientado a la evolución hacia un sistema alimentario más racional, eficiente y alineado con los objetivos de sostenibilidad.
La correcta aplicación de la normativa contribuye en el impacto ambiental y social del desperdicio, si no que también mejora la competitividad y reputación de las empresas que se adelantan a su aplicación. La transición hacia un modelo alimentario sostenible exige planificación, formación y colaboración entre todos los actores de la cadena.
La prevención y el aprovechamiento de los alimentos se consolidan como factores clave en la evolución hacia un modelo en el que la sostenibilidad y la responsabilidad forman parte del crecimiento empresarial y del bienestar colectivo.
