Una crisis por explicar
Las reglas de la política no siempre son entendidas por la ciudadanía, a veces porque se mueven en un terreno de sutilezas que solo está al alcance de los más enterados y otras, simplemente, porque son incomprensibles. Bien sea por una o por otra razón, las decisiones de la nueva dirección del PSOE cántabro no son fáciles de comprender, salvo que se basen en una teoría tan simple como la de “no nos gustan estos y vamos a poner a otros”. Es el derecho del ganador, según defienden los partidarios. La misma razón por la que el nuevo propietario de una compañía puede destituir a quienes están al frente, tanto si lo estaban haciendo bien como si lo estaban haciendo mal; pero en el caso de los cargos públicos cabe la duda de que pueda aplicarse sin más explicación.
Dejando al margen los méritos o deméritos del consejero de Educación, que al menos se ha ganado el respeto de los docentes y de sus compañeros de Gobierno, son más fácilmente valorables los del consejero delegado de Sodercan y la directora de Mare, Rosa Inés García, que por primera vez ha conseguido que la empresa pública de residuos cierre un ejercicio con beneficios, algo que todos dábamos por casi imposible en un servicio de este tipo. Mare ganó el año pasado 3,3 millones de euros, después de que García renegociase los aprovisionamientos y aplicase una política de recortes, y este año la proyección a septiembre hace presumir que acabará con un beneficio de nueve millones de euros, ya que a los ahorros consolidados se les van a sumar los ingresos extraordinarios obtenidos por autorizar a Guipúzcoa a verter sus residuos en Meruelo para resolver una grave situación coyuntural. Mare le hizo el favor, pero no se lo ha cobrado barato, a 85 euros la tonelada.
Salvador Blanco, consejero delegado de Sodercan, siempre ha tenido en su contra el hablar claro, con lo que se ha hecho bastantes enemigos, y pese a las sombras que extendió el Tribunal de Cuentas sobre algunas operaciones discutibles de 2008 a 2011 habrá que reconocerle que nada más llegar a Sodercan se atrevió a cortar el grifo del dinero público que sostenía GFB, a sabiendas de que a partir de ese momento la empresa se derrumbaría y la polémica caería sobre sus espaldas. Otro hubiese dejado las cosas como estaban, tratando de pasar la pelota al siguiente. En cualquier caso, fiascos ha habido siempre y hay que recordar que inmediatamente después y con otro gobierno se produjo el de Nestor Martin.
Repuesto en 2015, en estos dos años Blanco ha impulsado el reflotamiento de Greyco, después de muchos intentos fallidos, y la reapertura de Sniace, que en los corrillos se daba por muerta; ha evitado el cierre de Forjas de Reinosa y ha conseguido soslayar el de la planta de Sidenor, que hubiese hecho caer la economía de toda la comarca. Su operación, desde luego, es arriesgada: si la fábrica quiebra, el Gobierno de Cantabria habrá perdido 15 millones de euros, pero si se mantiene (y hay muchas razones para pensarlo) no solo habrá evitado una catástrofe en Campoo sino que habrá revalorizado la inversión y Cantabria ingresará cada año varios millones de euros por el IVA aplicado a las ventas de la empresa, que hasta ahora se devengaba en el País Vasco.
Si los que vengan lo hacen mejor, no habrá nada que discutir, pero no deja de resultar paradójico que tanto Mare como Sodercan quedasen totalmente al margen de las polémicas en la pasada legislatura, con unas direcciones que en un caso puede calificarse de discutible y en el otro de simplemente desastrosa, y ahora que habían entrado en la normalidad, el PSOE no solo no saque pecho sino que se convierta en el primer censor de su propia gestión.
