Tomadura de pelo presupuestaria
Una de las muchas batallas que libró el exministro De la Serna en el año y medio que estuvo en el cargo fue la de intentar convencernos a todos de que era él quien estaba tirando de la economía cántabra, ante la indolencia o el no saber del Gobierno regional, al que acusaba de dedicarse poco más que a vender libros para su propio pecunio. Y es cierto que con sus reiteradísimas comparecencias públicas llenó los periódicos de proyectos pero, ahora que se conoce el informe de ejecución del año pasado es evidente que la realidad es mucho más parecida a la que refutaba Revilla (“yo no veo máquinas de Fomento en ninguna carretera de Cantabria”) que a lo que insistía en hacernos ver el ministro.
La realidad es que Cantabria le estaba saliendo realmente barata a Rajoy. Tanto que, de los 200 millones de euros que el Estado consignó para la región en los Presupuestos de 2017, solo gastó el 44%, el porcentaje más bajo de todo el país, y Fomento no fue una excepción en esa tendencia general. Disponía de 86 millones y de ellos únicamente empleó 37,6.
Como en España estamos tan poco acostumbrados a juzgar las políticas por lo realmente ejecutado, que solo aparece en el Boletín del Estado en letra pequeña, los ministros no demuestran mayor temor en insistir una y otra vez en lo presupuestado, que es simplemente una declaración de intenciones. Lo que resulta aún más decepcionante es que De la Serna siguiese haciendo esas declaraciones triunfalistas hace solo unas semanas, cuando ya era plenamente consciente de que había sido incapaz de ejecutar la mitad de lo que presupuestó para Cantabria el año anterior.
Y así como hay que reconocerle a la innegable dinamización del Ministerio, en lo que tiene que ver con las inversiones en la región no valen paños calientes. Si cuando se hicieron los presupuestos ya se sabía que no había proyectos lo suficientemente avanzados como para sacarlos a licitación a lo largo del ejercicio, el Estado tenía una forma bastante sencilla para compensar a Cantabria: consignar los 22 millones anuales que había prometido para el pago de la obra de Valdecilla, o 44, si incluía lo no abonado de un ejercicio anterior. Solo con esto ya hubiese alcanzado una ejecución del 66%, que tampoco hubiese dado motivos para tirar cohetes, pero al menos hubiese servido para que esta autonomía no sienta la humillación de ser la única en la que el Estado ni siquiera gastó la mitad de lo que había presupuestado, que por cierto, ya era menos que el año anterior. ¿Se imagina alguien que Cataluña o el País Vasco recibiese ese mismo trato?
Ni siquiera valen las excusas, porque en todos los departamentos ministeriales y en todas las partidas se produjo la misma mala gestión. En alta velocidad solo se había consignado dinero para hacer un estudio, y no se empleó. Mal comienzo para un proyecto en el que, según el ministro, se iban a emplear entre 436 y 460 millones de euros. Pero es que tampoco se utilizó la mitad de la partida disponible para las actuaciones en los otros tendidos de ferrocarril (se quedó en el 47,2%); en el puerto, de los 23,1 millones estipulados tan solo se emplearon 2,8, y en el aeropuerto se gastaron 661.000 euros de los 1,8 que había disponibles para inversiones.
El Ministerio de Agricultura apenas ejecutó un 25,8% de los 17,3 millones que pensaba gastar; el de Interior se lo ahorró prácticamente todo, porque tenía algo más de 60 millones de euros para Cantabria y solo empleó 448.000.
Solo el Ministerio de Educación rebasó lo previsto, pero como prácticamente no tiene competencias, todo lo que empleó a lo largo del año fueron 44.000 euros.
Con estas cifras en la mano, no es fácil fiarse de que los 272 millones de euros consignados para la región en los Presupuestos del Estado que Rajoy ha dejado en herencia para este año vayan a ejecutarse, entre otras cosas, porque se han aprobado con medio ejercicio vencido. Mucho tendrá que hacer el nuevo Gobierno en poco tiempo para llegar a gastar una parte significativa.
La ejecución de 2018 va a ser inevitablemente baja, pero cuando esto se añade al 44% del 2017 y que en 2016 el Gobierno de Rajoy únicamente empleó en la región el 14,7% de lo presupuestado, estamos ante una auténtica catástrofe económica, una detracción de recursos estatales que puede superar los 300 millones de euros en un solo trienio.
Si alguien presume de que con los menos de 18 millones que invirtió el Estado en Cantabria en 2016 y con los 37,6 de 2017 se impulsa la economía de una región cuyo PIB supera los 13.000 millones, es que lo desconoce todo sobre ella. El Estado siempre ha invertido en la región más que la propia autonomía, y antes de la crisis llegó a pasar de los 400 millones de euros. Sacar pecho de la gestión, como hacía el ministro De la Serna, conociendo estas cifras solo puede significar que está convencido de que, en política, la propaganda puede volver blanco lo que es negro, porque siempre hay gente dispuesta a creerlo, en su buena fe o por proximidad ideológica.
Cantabria tiene la obligación de reclamar al nuevo Gobierno algún tipo de compensación por los ninguneos de los últimos años, porque solo con haber contado con los más de 200 millones de euros que se quedaron en el cajón de Montoro en 2016 y 2017, la economía regional llevaría al menos año y medio creciendo por encima del 3% y hace tiempo que muchas familias habrían dejado atrás la época de penurias.
