QUITA AUTONÓMICA: Demasiado tentador para decir no

Cantabria ha dicho no a la propuesta de quita de la deuda ofrecida por el Ministerio de Economía pero le costará mantener esta postura el día en que haya de tomar la decisión final. No se trata solo del alivio que supone ver reducida la deuda en 809 millones. Va a liberar de los presupuestos una parte de los 60 millones de euros que paga anualmente en intereses y a reducir en un 20% los alrededor de 200 millones que dedica a amortizar deuda. Solicitarlo es un sapo muy incómodo de tragar cuando la posición del partido está fijada en el ‘no’ rotundo, pero ofrece unas posibilidades económicas inesperadas de cara a la segunda mitad de la legislatura por lo que no será fácil resistirse.

La gran crisis económica de 2008 tardó en notarse en España, pero cuando llegó se llevó la mitad del sistema financiero por delante y dejó muy tocadas a las administraciones públicas, tanto por la brusca reducción de ingresos que produjo como por la multiplicación de los gastos sociales que provocó. Dado que las autonomías tenían problemas para financiarse, o se veían obligadas a aceptar tipos de interés muy onerosos, el Estado decidió ser él quien acudiese a los mercados, ya que a pesar de la fortísima subida de la prima de riesgo podía conseguir mejores condiciones y prestarle ese dinero más barato a las autonomías a través de los que se llamó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Solo la Comunidad de Madrid renunció a utilizarlo. Cantabria, en cambio, prácticamente trasladó todo su endeudamiento bancario al FLA.

Desde entonces ya se sobreentendía que el Estado nunca llegaría a recuperar toda esa deuda, como nunca va a recuperar toda la que empleó para salvar lo que quedaba del sistema financiero o la mayor parte de los créditos ICO que se lanzaron en socorro de las empresas privadas. Pero ha tenido que transcurrir una década para que se materialice esa quita de la deuda, establecida en algo más de 83.000 millones de euros, una cuantía superior a la inicialmente prevista y ese es el motivo por el cual Cantabria podría desprenderse de una losa de 809 millones de euros en lugar de los 600 estimados  cuando el Estado avanzó su intención de extender a todas las demás autonomías la oferta que le había hecho a Cataluña. También se lo ha ofrecido a Madrid, aunque no tenga deuda con el FLA, lo que implicará entregarle el dinero en mano, si lo acepta.

La quita de deuda ha sido rechazado tajantemente por las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que se ausentaron del Consejo de Política Fiscal para hacer más explícito su desacuerdo, pero al Gobierno le bastaba con el voto de Cataluña para alcanzar la mayoría en ese órgano y todo el mundo era consciente de que esa puesta en escena era intranscendente. También tendrá mayoría para aprobar la Ley sin los votos del PP, de forma que los focos se desplazan al momento en que cada autonomía tenga que decir sí o no a descontar esas cantidades, y no hay ninguna seguridad de que las gobernadas por el PP vayan a seguir las instrucciones de Génova. De hecho, Aragón tardó muy poco en manifestar que estudiará a fondo las condiciones, lo que invita a pensar que el ‘no’ tajante empieza a debilitarse.

El caramelo es demasiado atractivo para todas las comunidades. Solo con firmar, Cantabria vería reducido su deuda en 809 millones de euros y tendría capacidad para asumir nuevo endeudamiento sin aumentar su tasa.

Aunque la directora de la Airef ya ha dejado claro, durante una estancia en Santader, que no aceptará que las comunidades aprovechen esa quita para volver a endeudarse en la misma proporción, hay otras muchas ventajas. La comunidad dedica cada año unos 200 millones de euros a amortizar la deuda y otros 60 a pagar intereses y en ambos casos podría reducirlos en una quinta parte. Se trata de cantidades muy relevantes y, de aceptar, el Gobierno de Sáenz de Buruaga se encontraría con unas condiciones de liquidez inesperadamente buenas para acometer proyectos de gran envergadura, para reducir aún más la deuda o para presentar una nueva rebaja fiscal de cara al fin de la legislatura. Tres escenarios con los que no contaba.

El PP sostiene que todos los españoles verán incrementada su deuda al mutualizar una parte de la de Cataluña, y justifica de esta forma su rechazo. No obstante, la mutualización es general: también los catalanes asumen más deuda estatal, y sobre los hombros de todos los ciudadanos del país recaerán también  parte de las deudas de los castellanomanchegos, de los andaluces y de los residentes en todas las comunidades que reciben más que la media. Pero lo que va a resultar más decisorio es que los habitantes de las autonomías que no acepten la quita se van a ver igualmente obligados a asumir parte de esa deuda de otras, sin ninguna contrapartida.

Ante este escenario tan incómodo, que obliga a asumir una mayor deuda nacional, hagan lo que hagan, Buruaga, como los otros presidentes regionales del PP, se van a ver abocados a aceptar la quita, y tendrán que empezar a preparar el terreno para justificarlo. Lo ocurrido con la Ley Ómnibus, en la que los populares cambiaron de posición unos pocos días para desconcierto de sus votantes, invita a pensar que esta vez la maniobra de giro se hará con mucha antelación, pero eso, a día de hoy, es una mera conjetura.