Por qué no habrá más nucleares en España

España consumió el pasado año 59,6 millones de toneladas de petróleo. Es una enorme cantidad, pero dos décadas atrás el país necesitaba casi 70 millones de toneladas para funcionar. Eso significa que cada vez somos menos dependientes del crudo importado. También del carbón y del gas. El carbón, que en 2010 generaba el 20% de la energía que consumimos, ha quedado reducido a poco más de un 1%, tras el cierre de la mayoría de las centrales térmicas.

La realidad es que, con una economía cada vez mayor y más electrificada, el consumo de combustibles fósiles va a la baja, quizá no tanto como sería deseable, pero de una forma inequívoca. A pesar de esa electrificación de nuestra vida y del sensible aumento de población, la demanda eléctrica en España no es muy distinta a la que había hace diez o veinte años, lo que indica que la energía se aprovecha de una forma cada vez más eficiente y nuestras empresas y hogares le sacan mayor rendimiento a cada kilovatio.

Sin embargo, desde el apagón se ha creado la sensación de que no hay energía bastante, de que todas las instalaciones existentes son pocas y que el país padece una situación de debilidad energética, lo que resulta absolutamente injustificado, porque incluso después de los cierres de las nucleares más antiguas y de las térmicas de carbón, España tiene una potencia instalada de 130.000 MW y la demanda máxima diaria apenas requiere 30.000 MW, lo que ofrece un amplio margen de seguridad. La polémica no es casual y responde a los intereses de las enormes empresas del sector que han aprovechado el apagón para iniciar una gran campaña, a través de los medios de comunicación que financian, y que no deja de estar llena de contradicciones, porque dentro del sector también hay intereses contrapuestos.

La primera contradicción es la de aquellos que suponen que, por seguridad en el suministro, España debería poner un tope a la aportación de la energía renovable en las subastas que cubren la demanda nacional en cada franja horaria del día, aunque eso encarezca la factura, para preservar la cuota de las nucleares, de las pocas centrales de carbón que quedan y de los ciclos combinados de gas. Es una idea perfectamente defendible, pero antes deberían pronunciarse sobre qué hacer con los cientos de proyectos de nuevos parques de aerogeneradores o de plantas fotovoltaicas que están sobre la mesa del Ministerio y de las comunidades autónomas. Si se limita la aportación de las renovables, sobraría con la potencia que ya tienen instalada, con la paradoja de que, en muchos horarios, esa energía renovable a coste prácticamente cero debería desecharse, por ejemplo, durante toda la noche, cuando las solares no funcionan pero los aerogeneradores sí. 

¿Tiene sentido que el Gobierno de Cantabria, o cualquier otro, siga dando licencias para aerogeneradores hasta llegar a los 700 MW previstos si luego tendrían pocas oportunidades de generar porque eólicas y solares no pueden superar, por ejemplo, el 40% del mix energético? ¿Qué deberían hacer todas las demás autonomías que están aprobando centenares de nuevos parques, ya que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé tener instalados 50,3 GW de potencia eólica terrestre, 76 de fotovoltaica y unos 3 GW de eólica marina para 2030? ¿Pedirán una indemnización los empresarios ya instalados o los que están haciendo esas inversiones si ven limitado su derecho a producir, aunque sus propuestas en la subasta diaria sean más baratas que las de las centrales que utilizan combustibles fósiles o las nucleares?

Es natural que cada uno de los lobbies eléctricos trate de dar una versión de los hechos conforme a sus intereses, pero no se puede olvidar que algunos de los que ahora reclaman el alargamiento de la vida útil de las nucleares son los mismos, que dejaron a Rajoy con el culo al aire cuando revocó la orden de cierre de Santa María de Garoña que había dado Zapatero tras llegar la central al final de su vida útil y de agotar una prórroga. Después de batallar por esa autorización de reapertura, las dos empresas propietarias se lo repensaron y decidieron que no les interesaba continuar, despreciando todos los esfuerzos para torcer la ley que vio obligado a hacer el Gobierno del PP para satisfacer su interés anterior.

Es cierto que Garoña era una central pequeña y con una tecnología arcaica (la misma que Fukushima) pero esas circunstancias ya se daban cuando las propietarias solicitaban ardorosamente su ampliación.

Para los dueños de las centrales es tentador seguir produciendo cuando la instalación ya se encuentra amortizada, porque los rendimientos son mucho más altos, pero cuando esa prolongación requiere (como es habitual) una readecuación que puede costar 1.500 o 2.000 millones de euros, las cuentas no salen.

El problema es aún mayor cuando se trata de construir una central nueva. La Sociedad Nuclear Española estimaba en 2022 que el coste oscilaría entre 4.000 y 5.000 millones de euros y calculaba en 30 años el periodo mínimo de amortización. Sin embargo, los ejemplos recientes más próximos apuntan a cifras muy superiores. La planta Hinkley Point C que la francesa EDF está construyendo en el Reino Unido (la primera en veinte años, y con tanques de presión fabricados en Maliaño por ENSA) va a costar, si no hay nuevos recálculos, 46.000 millones de libras esterlinas (55.000 millones de euros) y ya nadie habla de concluirla en junio de 2027, como estaba previsto, sino en 2030. El gobierno de Starmer, no obstante, ha anunciado otra inversión de 14.200 millones de libras (16.864 millones de euros) para la construcción de Sizewell C, que sustituirá otra existente y ya desfasada, lo que no ha evitado una polémica popular en este lugar del Este de Inglaterra. Por cierto que la que va a cerrar, Sizewell B, con 30 años de actividad, es siete años más joven que la más moderna de las centrales españolas.

El problema no es ideológico sino económico: la inversión hoy por hoy no es rentable y el sector lo que quiere es una tarifa fija que asegure los beneficios

La central nuclear francesa más reciente es la de Flamanville 3, que entró en funcionamiento el pasado 21 de diciembre y tiene 1.650 MW (es el reactor nuclear más potente de Francia). Su coste se ha disparado a 13.200 millones de euros y la construcción ha llevado nada menos que 17 años. Tanto el precio como el tiempo han sido muy superiores a los previstos (cuando se puso la primera piedra se anunció que estaría concluida en 2012) y su explotación no será fácil, porque cada kilovatio de potencia instalada ha supuesto un desembolso de 8.250 euros, mientras que los parques fotovoltaicos modernos en campo abierto son muy rápidos de poner en funcionamiento y cuestan menos de 600 euros por kW. Si bien es cierto que la fotovoltaica solo funciona cuando hay luz solar, en términos de producción anual la inversión sigue siendo mucho más ventajosa y el coste social y político mucho menor. Si instalar un aerogenerador es toda una aventura administrativa y requiere un larguísimo periodo de convicción en la comunidad donde se instalar (basta ver lo que ocurre en Cantabria), sacar adelante el proyecto de una nueva central nuclear es toda una heroicidad de muy improbable éxito. En cambio, la solar apenas ha tenido contestación hasta ahora.

En España las centrales nucleares existentes están prácticamente amortizadas, lo que no evita que un coste de producción superior a 45 euros el megavatio, (hay que tener en cuenta que 10,36 euros ya los consume la imputación del coste de desmantelamiento), un umbral muy alto cuando las subastas diarias del mercado eléctrico están desde hace tiempo por debajo de estos precios. En abril el precio medio ha sido de 26,8 euros y, por ejemplo, en la jornada anterior al apagón hubo varias horas con el precio en negativo, es decir que las compañías eléctricas no solo no cobraron por producir sino que tuvieron que pagar por hacerlo.

Es muy difícil que con este gobierno o con el que le suceda se construyan más centrales nucleares en España, al menos de las que hemos conocido hasta ahora. Solo–y con muchas dudas– tienen alguna oportunidad de superar estos obstáculos las nuevas minicentrales nucleares.

Si levantar un aerogenerador es toda una aventura, sacar adelante una nuclear en un heroicidad de muy improbable éxito

La primera razón es política, ya que habría una enorme contestación en la zona escogida para el emplazamiento y ningún partido quiere perder las elecciones. Por muy lejos de las poblaciones que se sitúen, será un casus belli en la provincia elegida, como ya se ha comprobado con el almacén nuclear de El Cabril, que no ha salido adelante ni con el PP ni con el PSOE. Pero, sobre todo, no se harán por razones económicas. Ninguna compañía española está en condiciones de arriesgar tanto dinero a un plazo tan largo para obtener unos rendimientos inciertos o incluso negativos. Por eso, lo que realmente está debajo de la mesa en toda esta polémica no es la construcción de nuevas nucleares sino la pretensión de las compañías propietarias de las actuales de que el Gobierno les garantice una continuidad rentable (una tarifa fija de al menos 60 euros/megavatio) pase lo que pase. Esta es la parte del debate que no aparece en los periódicos ni en el discurso de los ardorosos defensores que han encontrado las compañías en este terreno, pero ya sabemos que medias verdades son también medias mentiras.

Es fácil trasladar a la ciudadanía la idea de que es mejor tener muchas fuentes energéticas distintas para evitar cualquier riesgo de apagón, pero es muy difícil decirle que su recibo mensual le va a resultar bastante más caro, tanto por la menor aportación de las renovables como por el sobreprecio que piden las nucleares por respaldar la seguridad del sistema. Que haya luz no quiere decir que haya transparencia y en este debate está habiendo muy poca.

El Gobierno cederá a una prórroga en el funcionamiento de las centrales nucleares que están agotando su vida útil si las empresas se olvidan de su pretensión de contar con una tarifa fija para pague los costes de actualización y garantice los beneficios. Hasta ahí. Lo otro, la construcción de nuevas centrales es una hipótesis muy poco realista, porque no hay inversores ni ganas bastante para acometerlas, y las seguridades que pide el sector para construirlas son demasiado caras en dinero y votos para cualquier gobierno. El tiempo lo demostrará.