Ocurrió en solo 24 horas
Pocas veces, quizá nunca, había concentrado nuestro país una catarata judicial tan intensa y transversal en apenas 24 horas como en solo un día del pasado mes de mayo: El registro policial en la sede federal del PSOE, el inicio del juicio al hermano de Pedro Sánchez, la declaración ante el juez del exministro Jorge Fernández Díaz por la operación Kitchen, nuevos detalles sobre el llamado caso Zapatero e incluso la revisión judicial de la absolución de Ana Duato y la imputación del hijo de Isaac Andic por un posible homicidio de su padre, uno de los mayores magnates de España. Solo un día de los muchos que han multiplicado la sensación de vivir en un país donde todo pasa por los banquillos.
¿Podemos sobrevivir a un tiempo en el que cada jornada parece el preludio del apocalipsis? Aunque parezca imposible, ya lo hicimos. España atravesó una situación muy parecida entre 1991 y 1996, en los últimos años del Gobierno de Felipe González, cuando la acumulación de escándalos parecía anunciar un desplome electoral inmediato que nunca llegó a producirse con la contundencia que muchos pronosticaban.
La comparación resulta inevitable. Entonces, como ahora, la conversación pública estaba monopolizada por los escándalos y los procesos judiciales. Los casos Filesa, Roldán, Ibercorp o los GAL se sucedían sin descanso mientras la oposición hablaba de agotamiento institucional y de fin de ciclo. Los informativos abrían diariamente con novedades judiciales y la ciudadanía asistía a una crisis política permanente.
Sin embargo, cuando llegaron las elecciones generales de 1993, Felipe González volvió a ganar. Perdió apoyos respecto a anteriores mayorías absolutas, pero consiguió mantenerse en el poder. Aquella victoria demostró que existe una diferencia considerable entre el clima mediático y el comportamiento electoral real.
La acumulación de escándalos ha curtido la piel del electorado, que parece asumir con resignación que medio país esté en el banquillo o al borde
Uno de los factores que explican esa contradicción es la saturación informativa. Cuando los casos judiciales se multiplican durante meses o años, su impacto acaba perdiendo intensidad. El escándalo pasa a formar parte del paisaje cotidiano y la ciudadanía desarrolla una cierta inmunidad frente a la avalancha de titulares.
Eso fue exactamente lo que ocurrió en la España de mediados de los noventa. La exposición continua a casos de corrupción produjo un fenómeno paradójico: cuanto mayor era la acumulación de informaciones judiciales, menor parecía ser su capacidad para alterar decisivamente el comportamiento electoral. Muchos ciudadanos mantenían críticas severas hacia el Gobierno, pero relativizaban cada nuevo episodio en un país instalado en una crisis política continua.
Otro factor decisivo fue la polarización. Aunque hoy se presenta como un fenómeno nuevo, España ya vivía entonces una intensa confrontación partidista. La derecha consideraba el felipismo agotado y veía inevitable una derrota histórica del PSOE, mientras buena parte del electorado progresista interpretaba muchas investigaciones como parte de una ofensiva para desalojar a los socialistas del poder.
Ese clima favoreció un efecto defensivo en amplios sectores de la izquierda. Muchos votantes podían sentirse decepcionados con los escándalos, pero seguían considerando preferible mantener al PSOE en el Gobierno que facilitar la llegada de la derecha. La lógica del mal menor.
También influyó el hecho de que los votantes rara vez deciden exclusivamente en función de los casos judiciales. La economía, el empleo, las pensiones o la percepción general sobre el futuro del país suelen pesar tanto o más que la sucesión de escándalos.
La situación actual presenta evidentes paralelismos. La política española atraviesa una etapa de judicialización extrema en la que prácticamente cada semana aparece un nuevo frente legal para el Gobierno capaz de monopolizar el debate público. La oposición interpreta esta acumulación de casos como una prueba definitiva de su desgaste, mientras el Ejecutivo trata de defenderse denunciando una estrategia de acoso político y mediático.
La atmósfera pútrida recuerda a la de aquellos años noventa, pero la experiencia histórica aconseja prudencia a la hora de convertir el clima judicial en una predicción electoral automática y no solo porque la sobreexposición termine reduciendo el impacto de cada caso. España es hoy muy distinta a la de los años 90 y buena parte de ella ha desconectado de los medios de comunicación tradicionales e, incluso, de la información política. En un país que roza los 50 millones de ciudadanos, son poco más de 9 los que siguen alguno de los informativos diarios de la Tv.
Eso no significa que los escándalos carezcan de consecuencias. El felipismo acabó perdiendo el poder en 1996 y el desgaste acumulado fue determinante. Pero la victoria del Partido Popular de José María Aznar se produjo por un margen muy estrecho. Aquella experiencia dejó otra enseñanza: los electorados tienden a castigar más la sensación de agotamiento político que los casos judiciales y Núñez Feijóo, capaz de acorralar al Gobierno en los tribunales y en los medios, debiera ser consciente de que también ha de presentar un proyecto ilusionante capaz de romper definitivamente un techo electoral que, con la que está cayendo sobre el Gobierno, solo le ofrece una expectativa de 144 escaños. Serán suficientes para gobernar con Vox, pero no para sentirse satisfecho.
