Más dependientes de lo público cada año
España es un país con una gran plasticidad, y por eso ha conseguido una enorme transformación en los 50 años que han transcurrido desde la muerte de Franco. Tanta que ni siquiera tenemos una idea muy clara de cómo será dentro de un par de décadas. Lo único seguro es que estará prácticamente estatalizado. No es un augurio retrógrado ante el espantajo del comunismo ni una consideración ideológica, es una mera apreciación estadística.
Gota a gota, cada presupuesto del Estado, de la comunidad autónoma o de los ayuntamientos se eleva cada año por encima del crecimiento económico y del IPC. Y cada presidente o cada alcalde lo anuncia con euforia: para el año que viene, vamos a gastar más, mucho más. Todo lo que se pueda. Da lo mismo su filiación política o su forma de pensar porque, en un mundo que se pone retos numéricos constantemente, lo único importante es la cifra, igual que un deportista, además de pensar en ganar, se ve impelido a mejorar los récords de tiempo, de puntos o de goles.
Esa entronización de los números que se ha producido tras la llegada de la tecnocracia, nos ha hecho evolucionar más deprisa que nunca pero también ha causado catástrofes evitables, como el hundimiento del Titanic, cuando dos compañías competían por hacer la travesía del Atlántico en menos tiempo sin importar los riesgos ni el carbón consumido. Con los presupuestos pasa algo parecido, solo nos fijamos en la parte positiva, en que hay más dinero para gastar y eso suscita el aplauso popular. Nunca se hace hincapié en la negativa: eso obliga a recaudar más. Por mucho que se disimule bajo la argumentación de que una parte del dinero llega del Estado o de Europa, esa ecuación exacta entre el gasto y los ingresos no hay prestidigitador que la evite y, como la manta siempre es corta, para que encaje requiere un comodín, el endeudamiento.
El ejemplo más reciente es el de presidenta cántabra, ufana de llevar al Parlamento unos Presupuestos para 2026 que crecían un 7%, mucho más de lo que crecerá la economía de Cantabria ese año (en torno al 2,6% si se cumplen las mejores previsiones) y más, también, del efecto acumulado de los precios. No se lo han aprobado, pero por otras razones. Y Pedro Sánchez haría lo mismo si tuviese la mayoría suficiente. Puede parecer que aumentar el gasto público regional uno o dos puntos por encima de lo que crecen la economía y la inflación y que en el estatal ocurra otro tanto no es tan grave, pero supone que el gasto público le ganará casi dos puntos a la economía privada en un solo ejercicio.
Cuando este desequilibrio se produce un año tras otro, la economía pasa a estar cada vez más en manos públicas, y no importa si gobierna la izquierda o gobierna la derecha, que teóricamente defiende que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Desde hace muchos años, el dinero acaba cada vez más en los bolsillos de la Administración, con muy pocas excepciones, como la que vivimos tras la gran crisis de 2008, cuando se produjo una larga travesía de austeridad, después de que el sector público tratase de reemplazar la caída de la inversión privada y de evitar (sin éxito) que la economía se parase.
Si los presupuestos públicos crecen cada año por encima del PIB+IPC, la parte de la economía privada será cada vez menor
En los casi 50 años de democracia, esas décimas o esos puntos enteros que el sector público le gana cada año al privado nos están llevando a un modelo inconscientemente estatalizado, con la aquiescencia general. Ningún partido ha planteado batalla contra el enorme crecimiento del número de funcionarios, sobre todo en las autonomías, ni por el endeudamiento público. Las protestas, si las hay, se centran en la extensión de algunas prestaciones sociales a los inmigrantes o en el número de asesores y cargos políticos, conceptos que unidos no suman el 1% del gasto total, cuando nadie se plantea, por ejemplo, las subvenciones a coches eléctricos fabricados en otros países que compiten con los fabricados aquí, sean o no eléctricos.
El problema no es lo público, que ha traído una sociedad más moderna, solidaria y mejor formada, sino su desmesura por ganarse el voto de unos electores que supuestamente piden pavimentos de granito o mármol en las calles, trenes AVE por doquier y puentes de Calatrava, aunque cuesten tres veces más que los meramente funcionales.
En el fondo, esta evolución silenciosa hacia lo público (da igual que sea con gestión privada, porque todo sale de los mismos bolsillos) es producto de una concepción casi patológica de que las Administraciones son las responsable finales de resolverlo y proveerlo casi todo, desde la salud o la educación a los empleos y de la enorme debilidad de la economía privada española, un problema con el que ya se enfrentaban los monarcas desde el siglo XVII cuando tenían que recurrir a endeudarse en el extranjero para financiar sus guerras, a pesar de atesorar en exclusiva la explotación del oro y la plata de las Indias.
Una economía pequeña requiere para sobrevivir muchas obras y contratos públicos, pero esa dependencia no puede mantenerse indefinidamente. Si se mantiene es porque le conviene a los que viven enchufados a esos contratos o a las subvenciones; pero también a los políticos de todos los colores, a los que ese reparto da mucho poder, y al número cada vez mayor de personas que trabajan para la Administración. Lo que no está claro es que le convenga al país, porque lo pagamos todos y porque genera una demanda infinita de servicios que nunca podrá atenderse por completo y eso crea frustración.
