La trampa de la quita

Dado que en la política hace tiempo que los hechos han dejado paso a los relatos y gana el que es capaz de contarlo mejor, aunque lo invente, todo aquello que se diga o apruebe está cargado de malévolas intenciones. El PP ha venido llevando a los parlamentos regionales y ayuntamientos asuntos como la amnistía con la intención de socavar las bases del PSOE, obligadas a digerir el mismo sapo una y otra vez, y Sánchez, a su vez, lanza cargas de profundidad mucho más sutiles, como la quita de la deuda autonómica. Una propuesta que es fácil rechazar en genérico, como se apresuró a hacer Feijóo en nombre de todas sus autonomías que obviamente no se atrevieron a contradecirle, pero que no será tan fácil de despreciar en el momento crítico. Aunque el menú sea del gusto de Cataluña, quienes no lo acepten se quedarán sin comer, ya que exige una aceptación expresa de cada autonomía para aprovecharse de la quita, y eso duele. 

Cantabria tiene todo el derecho del mundo a rechazarlo, porque la deuda por habitante que se mutualiza es bastante menor que la media, pero no nos engañemos, aunque fuese superior se comportaría igual. La prueba está en las autonomías del PP que sobrepasan la percepción media también lo rechazan, incluso algunas tan beneficiadas como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana.

El sistema está diseñado para enfrentar a cada autonomía del PP con sus ciudadanos, puesto los ciudadanos de las comunidades que no reclamen la condonación de esa parte de la deuda, soportarán sobre sus hombros la que ya tenían, además de la recrecida del Estado tras haber asumido parte de las que acepten la quita. Se encontrarían con una situación tan disparatada como lo que tácitamente quiere imponer Trump en Ucrania, que las indemnizaciones de guerra no las pague el agresor sino el agredido.

Los costes tanto de no aceptar la quita como de desdecirse y aceptarla son muy altos para las autonomías del PP

Aceptar la quita, por otra parte, les obligará a desdecirse, lo que resulta muy incómodo para cada una de ellas y mucho más para Feijóo como mentor de una posición que no respaldan sus autonomías.  

Cualquier fórmula que se elija para esta quita es discutible, como discutible va a ser la de la nueva financiación autonómica, y no porque unos salgan ganando y otros perdiendo. El auténtico problema para un político es que a otros les vaya mejor. Lo dijo Puyol cuando era Muy Honorable en La Magdalena: “Nosotros nos hubiésemos conformado con las competencias que teníamos, pero no podemos admitir que se las hayan dado a otros”, lo que le obligó a reclamar una que no quería nadie, la de prisiones, solo por diferenciarse, y a pedir la Seguridad Social, donde se tuvo que quedar con las ganas.

Ocurra lo que ocurra en la próxima negociación del reparto de los fondos del Estado a Cantabria, el mayor trago político va a ser la vuelta a casa porque difícilmente se podrá conservar el estatus de región mejor financiada por habitante. Hay muchos agraviados por el reparto anterior que quieren resarcirse (la quita de deuda lo hace a medias) y muchos otros que no están dispuestos a seguir siendo los generosos financiadores del resto, aunque sean más ricos.

A la vista de lo ocurrido con la quita, se puede anticipar que no es posible articular un nuevo sistema de financiación, porque los intereses de las autonomías son contradictorios. En un juego de suma cero, lo que una gana es porque otra lo pierde, pero conociendo a Sánchez nunca se puede descartar una maniobra inesperada que acabe por encajar las piezas autonómicas, porque de otros callejones ha salido. Su política en este tema, no obstante, es bastante previsible: enfrentar a las comunidades del PP entre sí o con sus contradicciones, lo cual no es difícil.

En el mismo acto en el que rechazó tajantemente la quita, la presidenta cántabra exigía la actualización de las entregas a cuenta que a lo largo del año hace el Estado a las autonomías, para que vayan recibiendo el dinero que les corresponde en el reparto. Las entregas a cuenta están calculadas sobre la recaudación del Estado en 2023, y eso obligar a las autonomías a buscarse la vida para recabar la cuantía restante que, por supuesto, conlleva intereses.

A pesar de las críticas por el hecho de que el Estado no deflacte lo impuestos, las autonomías y los entes locales son directamente beneficiarios de esa situación y no le hacen ascos a ese sobreingreso, sino que por el contrario, lo reclaman. Igual de incongruente que, para 2025, ni una sola de las comunidades autónomas haya utilizado su capacidad normativa para deflactar las tarifas que aplican en el IRPF. Es cierto que rebajaron los tipos el pasado año, pero es una cuestión de coherencia. Si la filosofía es que el contribuyente no puede estar sometido a un carga fiscal mayor cuando no tiene más capacidad de compra, eso debe valer para todos y en todo momento.