Opinión

La pólvora del rey

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Rajoy pretende demostrar que se puede gobernar sin apoyos y sin presupuestos, como en la anterior legislatura demostró que también puede hacerlo sin Parlamento, recurriendo únicamente a los decretos ley. No estaba previsto, pero lo cierto es que se puede. Sin embargo, tiene unos costes que quizá no nos podamos permitir. El año pasado, sacar los Presupuestos del Estado adelante nos costó más de 3.000 millones de euros para el País Vasco. Esta vez, como el pescado ya estaba vendido, no podía ponerlos en subasta, pero lo ha intentado utilizando a los pensionistas y a los funcionarios: si no me apoyáis, ha venido a decir, se quedan sin subidas.

Es el precio que estamos pagando por la debilidad de un Gobierno. El analista hispanobritánico Tom Burns señalaba hace unas semanas en el Ateneo de Santander que todos los movimientos independentistas que se han producido en España en el último siglo utilizaron los momentos en los que el Estado dio sensación de una extrema debilidad: la crisis del 98, la irrupción de la República, la revolución del 34, los preludios y la Guerra Civil… y 2017. Afortunadamente, el Estado no es tan débil como en esos otros momentos, pero sí que paga la factura, y más aún si se acercan las elecciones.

Lo que ha ocurrido en el último mes es un ejemplo. A poco que han presionado los funcionarios, el Gobierno les ha concedido hasta un 8,8% de subida salarial en tres años, un día después de que otros colegas del ministro Montoro considerasen estrambótica la propuesta del PSOE de volver a vincular la subida de las pensiones al IPC. La subida funcionarial, que aunque no esté vinculada al IPC se parece mucho, va acompañada de una reducción de jornada, para volver a las 35 horas, la reposición de todos los empleos que se pierdan en cualquiera de las administraciones públicas y un 5% de horas para conciliación familiar.

A falta de mayorías, el Gobierno emplea la chequera. Un año con el PNV, otro con los grandes colectivos que cobran del erario

El ministro Montoro no ha dudado en echar mano a la chequera con un colectivo muy influyente de cara a las elecciones, sin tener en cuenta que el país, después de cuatro años de crecimiento, sigue sin generar recursos suficientes como para pagar lo que consume su sector público. Ni siquiera creciendo por encima del 3% dejamos de generar déficit, lo que lisa y llanamente quiere decir que no podemos pagar la Administración que tenemos. Y a partir de ahora, menos.

Con la misma generosidad, el Gobierno ha aceptado subir a policías y guardias civiles entre 500 y 700 euros al mes, para equipararles con fuerzas autonómicas que ganan más. Es cierto que sus salarios dejan mucho que desear pero, ¿por qué no se van a equiparar los maestros de Extremadura con los de Cataluña, o los policías locales de un pueblo cántabro con los de Barcelona? La medida no solo es muy costosa sino que puede desencadenar un problema descomunal, ya que desigualdades hay por toda España y nadie va a querer igualarse con los de abajo sino con los de arriba. ¿Lo ha pensado nuestro ministro de Interior, al que el traslado de Sevilla le ha quedado un poco grande?

Cuando ya parecía que se había cerrado el grifo, el Gobierno ha tenido otra condescendencia más, esta vez con los pensionistas, en los que se ha encontrado un colectivo más aguerrido de lo que se suponía. Y es que en España están más sindicalizados los abuelos que los nietos, de forma que los colectivos que están entrando en la edad de jubilación tienen tras de sí una larga experiencia de lucha por sus derechos, una cultura que no desaparece el día que pasan a cobrar una pensión pública.

Rajoy, que hizo sangre con la decisión de Zapatero de no subir las pensiones en su último año de mandato, se ha limitado a subir un 0,25% desde que llegó al cargo, solamente para que a él no le acusen de lo mismo, y a pesar de eso se ha gastado los 67.000 millones de euros de hucha que dejó su antecesor. Es obvio que cualquier subida complicará aún más las cosas, porque ahora ya no hay de donde tirar y el sistema sigue generando déficit, pero la presión empieza a serle insoportable, y ya ha cedido, al subir un 3% las pensiones más bajas y las de viudedad. El PP no puede permitirse perder también el colectivo de pensionistas, el único en el que sigue encabezando las encuestas.

A falta de mayorías, el Gobierno emplea la chequera. Un año con el PNV y los canarios, otro con los grandes colectivos que cobran del erario público… ¿Cómo sobrevivirá el año que viene? Eso ya se verá el año que viene. Rajoy no necesita anticiparse a los problemas para sobrevivir, porque ha comprobado que algunos se arreglan solos. Otros, sencillamente, no tienen arreglo. Y aún quedan los aplazables, los que puede solucionar con promesas económicas, que tendrán que pagar los que vengan detrás, si es que pueden.

El presidente vuelve a disparar con la pólvora del rey para cazar los votos que necesita, y no es cierto que los ingresos ya lo permitan. Si lo permitiesen, ¿qué sentido tendría que España siga intervenida ¡por décimo año consecutivo! por las autoridades comunitarias por déficit excesivo? ¿No sería mejor quitarnos de una vez este sambenito que condiciona nuestra soberanía, o es que ya nos hemos acostumbrado a vivir así?


Casi nada sobre lo que decidir

Nadie lo dice, pero va a llegar el día en que el ministro de Economía no tenga que elaborar los presupuestos, porque todo ese ingente mamotreto de documentos solo recogerá los gastos recurrentes y no habrá nada que decidir. Algo de eso hubiese pasado este año de no haber recurrido a pequeñas trampas que hacen parecer que hay más de lo que hay. Una de ellas es reducir la partida del desempleo, que cada vez da cobertura a menos parados, pero no porque encuentren un trabajo si no porque de esa forma le trasladan ese gasto a los gobiernos regionales, que acaban pagando con sus salarios sociales las situaciones de desamparo que produce la política restrictiva del subsidio de desempleo. Otra es enmascarar el déficit de las pensiones con préstamos a devolver que la Seguridad Social nunca podrá devolverse.

Todo ello no impide que más del 54% de los Presupuestos que acaba de presentar Montoro se los coman ya las pensiones, el paro y la deuda pública. Eso quiere decir que el ministro solo puede disponer (y es un decir) del 46% de esas cantidades que presenta tan ufano y el porcentaje se quedaría en una fracción ridícula si le restamos el coste del personal público, donde también tiene muy poco margen de maniobra.

Eso da lugar a otra de las truculencias de los Presupuestos que se acaban de presentar, aceptar que la economía española se va a desacelerar y solo va a crecer este año un 2,6% y, al mismo tiempo presupuestar que la recaudación del Estado crecerá un 4,6%, casi el doble. Un milagro que solo Montoro sabrá cómo conseguir porque a estas alturas, la teoría tantas veces manoseada de que se va a obtener más dinero con una gestión fiscal más eficaz ya no nos la creemos. Y basta remitirse a lo que ha venido ocurriendo tanto en el Estado como en las autonomías, dieciocho administraciones –entre las que se supone que habrá alguna razonablemente eficiente– y que solo consiguen mejoras mínimas.


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