La insostenible presión fiscal sobre la vivienda

El pacto del Gobierno cántabro con Ciudadanos que ha permitido aprobar los presupuestos de 2019 representa ese modelo de política en la que todo se hace por el pueblo pero sin el pueblo. Supuestamente, consigue que todos paguemos menos impuestos, pero en la práctica, solo va a beneficiar a quienes tengan unas herencias bastante cuantiosas, que son los únicos que estaban sometidos al impuesto de Sucesiones cuando la relación entre el fallecido y el heredero es de primer grado. Tendrían que explicar Ciudadanos por qué es tan importante para ellos este colectivo y no lo es, en cambio, el de los compradores de vivienda, que pagan el mayor tipo de Impuesto de Transmisiones del país, el 10%, lo que supone que el comprador de una casa relativamente modesta, de 150.000 euros, tiene que disponer, también, de otros 15.000 euros para entregarle al Gobierno de Cantabria nada más firmar la operación.

Si tenemos en cuenta que la mayor parte de los jóvenes que desean independizarse y adquirir una vivienda no tienen una cantidad ahorrada para la entrada, y que, con la crisis, las hipotecas que cubrían el 100% del valor de la vivienda pasaron a la historia, ya podemos imaginar los poquísimos que pueden disponer, además, de esa cuantía para pagar el impuesto.

Mantener el mayor tipo del país en el Impuesto sobre Transmisiones desanima la compra de viviendas y afecta a muchos más ciudadanos

Esta es una de las razones principales de que no se vendan viviendas nuevas. Y el Gobierno, con esa fiscalidad tan alta se da un tiro en el pie, porque en lugar de recaudar más, consigue todo lo contrario. La vivienda es uno de los motores de la economía y es una de las principales fuentes de ingresos para las Administraciones públicas, que la han colocado en su diana tributaria, porque es muy fácil de fiscalizar. Olvidan que con esa política contravienen sus propios intereses y el espíritu de la Constitución, que exige facilitar el acceso a una vivienda.

Un Impuesto de Transmisiones tan elevado o un IBI disparatado, como el que se ha venido aplicando en los últimos años, han sido la puntilla para un sector, el de la construcción, que cuando el mercado se mueve puede llenar la hucha de ayuntamientos y gobiernos por otras vías indirectas, ya que genera mucho empleo con poca inversión, lo que se traduce en más cotizantes por IRPF y menos prestaciones de desempleo; y paga otros muchos impuestos, como el IVA de los aprovisionamientos o el de Actos Jurídicos Documentados en un sinnúmero de operaciones, que van desde los préstamos a la constructora a la compraventa de la finca a construir, la división horizontal, la venta a los clientes finales, las hipotecas que estos suscriben…

Ciudadanos, y el propio Gobierno, deberían entender que reducir los tipos del Impuesto de Transmisiones, al menos hasta donde estaban antes de la crisis, no solo mejoraría sensiblemente la posibilidad de muchos jóvenes y familias modestas de adquirir una vivienda, sino que contribuiría a desatascar un sector que ahora apenas aporta nada al crecimiento de la región. Y, desde luego, resultaría mucho más eficaz en la redistribución de las rentas.