La Gran Renuncia llega a España

Un par de años atrás se puso de moda la expresión La Gran Renuncia, un extraño movimiento social que impulsa a un número relativamente elevado de trabajadores a abandonar sus empleos. Ocurría en EE UU, pero ni era nuevo ni era el único lugar del mundo donde pasaba algo parecido, aunque no con tanta intensidad. Por entonces, en España los efectos de la pandemia todavía estaban muy presentes y, con un 13% de paro, eran muy pocos los que se atrevían a autodespedirse, sabedores de que no era tan seguro encontrar otro empleo. En este periodo, todo ha evolucionado muy deprisa, y el pasado año ya hubo algo más de tres millones de trabajadores en España que decidieron dejar sus empleos, frente a los 1,4 millones de 2020. Aunque en las estadísticas están mezclados con los fijos discontinuos que acaban su periodo de actividad, y las cifras no pueden tomarse como una referencia exacta, eso no impide tratar de buscar los motivos de su alarmante aumento, con las consecuencias que puede tener.

En el mercado laboral español casi todo está por saber, pero no parece que nadie tenga mucho interés en averiguarlo. No tenemos una explicación para el hecho de que ni siquiera en el periodo de mayor crecimiento económico hayamos conseguido bajar las tasas de paro del 8% cuando en otros países se llega al 4% e incluso al 2%. Tampoco está muy claro el motivo que impide cubrir muchas vacantes en todo tipo de sectores y actividades con un paro del 10%. Quizá porque aceptamos con naturalidad que un nativo español tarde en hallar un empleo mientras que un inmigrante lo encuentra de un día para otro, sabedores de que el inmigrante no está en condiciones de escoger, al menos a su llegada al país, y acepta empleos que los españoles de cuna ya no quieren ocupar.

El año pasado más de 3 millones de trabajadores abandonaron voluntariamente sus empleos, el 70% indefinidos

Entre los muchos misterios laborales por resolver, uno de ellos es el motivo por el cual este abandono masivo no  provoca una especial tensión en los salarios, al contrario de lo que ocurrió en EE UU, donde los empresarios tuvieron que mejorar sensiblemente los incentivos para tratar de retener a esos dimisionarios o para conseguir reemplazarlos.

Es llamativo, también que las renuncias los empleos, que en España se concentraban en los trabajadores con contratos temporales, se den ahora, en más de un 70%, en trabajadores fijos, si bien hay que tener en cuenta que la reforma laboral ha aumentado muy sensiblemente la proporción de los contratos indefinidos. Dado que gran parte de abandono voluntario se concentra en los trabajadores más jóvenes, cabe atribuirlo a que les resulta más fácil que nunca encontrar otro empleo y a que pierden poco, porque sus derechos acumulados de indemnización por despido son relativamente bajos.

Lo que es innegable es que el mercado laboral está cambiando muy deprisa, porque cambian las circunstancias sociales, y muchos trabajadores jóvenes, con hijos menores pueden dar más valor a la conciliación familiar que al empleo, o piensan que no les merece la pena trabajar si para ello tienen que contratar a un cuidador para sus hijos, cuando aquello a lo que renuncian son empleos poco remunerados o poco decisivos para su carrera profesional.

Las altísimas cifras de absentismo que se dan en España por razones de tipo psicosocial es indudable que también están relacionadas con este fenómeno, y todo ello demuestra una falta de encaje entre las expectativas laborales o personales y la realidad. Si no se estudian conjuntamente ambos fenómenos, probablemente no lleguemos a ninguna conclusión válida, y ese desajuste, además de causar un malestar social evidente (todo el mundo parece enfadado, incómodo o insatisfecho) nos resta cada año puntos de PIB.

España es, por otra parte, un país muy burocratizado, donde a un profesional le cuesta saltar de una provincia a otra, aunque le ofrezcan un empleo mejor, si tiene que buscar un nuevo colegio para sus hijos (mucho más si es a mediados de curso), su pareja también ha de encontrar otro trabajo y ha de conseguir una vivienda digna a un precio razonable. Demasiados condicionantes como para achacarle todas las culpas al supuesto inmovilismo de los trabajadores españoles.

Esos factores siempre han resultado un lastre para el movimiento profesional interno y siguen penalizando el mercado laboral aunque vaya desapareciendo poco a poco esa mentalidad de que solo se pueden aceptar empleos que no obliguen a cambiar de residencia. Hay más de una empresa cántabra que, después de haber conseguido fichar trabajadores en otras regiones o en otros países, han tenido que renunciar a ellos ante la imposibilidad de encontrarles viviendas en el entorno a un precio que pudiera encajar con sus salarios. No es nuevo. Fábricas como Sniace o la también desaparecida Ferronor, de Mataporquera, no hubiesen podido empezar a funcionar de no haber preparado un plan sistemático de construcción de viviendas para atraer al personal que necesitaban. Ahora, ese paternalismo ya es inviable, y han de ser las instituciones o el propio mercado los que afronten estas necesidades pero la evidencia es que no lo hacen ni unos ni otro.

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