Generosidad forzada

Los partidos políticos españoles no se sostienen por sus propios medios, y por eso recurrieron a la financiación ilegal, lo que ya les está pasando factura en los tribunales, y a la financiación pública. Pero tampoco se sostienen los sindicatos, ni las patronales, ni siquiera la Iglesia o las ONGs. En España no se sostiene nada que sea colectivo, para qué vamos a engañarnos. Ni siquiera los toros o muchos clubes de fútbol, que tanto fervor multitudinario suscitan y que tuvieron que ser rescatados. Todos acaban llamando a las puertas de los respectivos entes públicos, que ya lo tienen perfectamente asumido.

Con ese punto de partida, es fácil entender por qué en nuestro país no hay benefactores, esa figura que en otros lugares empuja a algunas personas a entregar parte de su dinero al resto y que consiguen de esta forma el reconocimiento de sus conciudadanos. Aquí nadie da nada, por la sencilla razón de que los benefactores somos todos, y forzados. Todo se paga con cargo a los presupuestos públicos, es decir, con nuestro dinero. Lo que se debía pagar y lo que no. Y como partimos de esa base, nadie se siente obligado a dar más.

El problema es más serio de lo que parece, porque ha creado la sensación de que el sector público podía con todo, y que aún puede con casi todo. Siempre que hay un problema colectivo, ya sea una estafa financiera, el cierre de una fábrica o un vendaval damos por sentado que las autoridades están obligadas a hacerse cargo de los daños, como si todos nosotros tuviéramos contratado un seguro universal contra cualquier tipo de riesgo, por el hecho de ser contribuyentes.

En España, el sector público es el responsable último de todo sin hacernos a la idea de que pagamos nosotros

Esta idea de que el procomún corra con todos los gastos la ha desarrollado la izquierda y la ha asumido con mucha disciplina la derecha. En esto no hay diferencias ideológicas. Si los tribunales deciden que el almacén Castor, en el que ACS iba a almacenar una ingente cantidad de gas natural, representa un riesgo, porque la presión genera pequeños terremotos en la costa más próxima, los alcaldes y vecinos de la zona se lanzan alborozados a la calle para festejar la victoria. Están en su derecho, pero ni ellos ni el resto del país, que lo ve con indiferencia, parecen muy preocupados por el hecho de que esta victoria ciudadana nos cueste a los consumidores españoles de energía 1.600 millones de euros a través de recargos en cada recibo mensual, puesto que Florentino Pérez y sus socios, reclaman lo que han invertido a quien les dio la licencia para el gigantesco almacén submarino, el Estado. Una  cantidad con la que podría vivir la comunidad autónoma de Cantabria todo un año.

Ese desentendimiento de lo colectivo lleva a eludir cualquier tipo de responsabilidad. Podemos vivir despreocupados porque el Estado debe ser el garante permanente de casi todo: de que aprueben los escolares, de que aparezcan empresas y empleos, y de que no nos estafen. Y esa idea está tan extendida por todas las ideologías y clases sociales que los propios notarios reclamaron el dinero invertido por su colegio profesional en derivados, un producto cuyo funcionamiento dijeron no entender, cuando se basa en los mismos principios que cientos de miles de los contratos financieros e hipotecarios en los que intervienen profesionalmente.

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