La máquina de quemar dinero

Cuando Hormaechea volvió a la presidencia de Cantabria, en 1991, comenzó a denostar la planta incineradora que el Gobierno de Gestión aprobó construir en Meruelo y a denominarla ‘la máquina de quemar basuras’. El hecho de que la planta fuese una idea de su propio consejero de Medio Ambiente, José Luis Gil, era un indicio de que aquella relación no podía durar. Efectivamente, Gil salió pronto del Gobierno PP-UPCA, con varios consejeros más del PP, pero volvió a él con Martínez Sieso y, diez años más tarde, consiguió sacar su proyecto adelante.
La incineradora se construyó y empezó a funcionar en 2006. Ya nadie la recuerda como la máquina de quemar basuras, pero ha pasado a convertirse en la máquina de quemar dinero. Si el Gobierno de Cantabria no consigue renegociar el contrato que lo vincula por 35 años con Urbaser, constructora y gestora de la planta, tendrá que pagar en ese plazo alrededor de 700 millones de euros por su uso, o 900 si el cálculo se hace según la interpretación de Urbaser.
El Gobierno de Cantabria intenta renegociar con la empresa del grupo Dragados unas condiciones que permitan reducir el canon que cobra por la selección, compostaje e incineración de las basuras, que en la actualidad es de 50 euros por tonelada. Si se añaden el transporte hasta la planta y la gestión de los residuos finales que se envían al vertedero, el coste total para la autonomía es de 93 euros, un precio disparatado en opinión de algunos miembros del Gobierno, que lo comparan con los de otras regiones, hasta tres veces más barato. Pero la comparación no es sencilla, porque en la mayoría de ellas no hay plantas incineradoras y, aunque en teoría, están diseñadas para rentabilizar aún más las basuras, obteniendo energía eléctrica a través de la combustión de aquellos residuos que no tienen mejor aprovechamiento, en la práctica encarecen muy notablemente la gestión.

Asumir la propiedad

Las expectativas de renegociar las condiciones, tal como pretende el Gobierno son escasas, dado que Urbaser tiene en su mano un contrato, pero la filial de Dragados podría acceder, al menos, a transferir a la autonomía la propiedad de la planta –en realidad, el endeudamiento asumido para construirla–, convirtiéndose en una mera gestora.
El contrato final con Urbaser se firmó en 2002, con el Partido Popular en el poder y sobre un pliego de condiciones redactado por la Dirección General de Medio Ambiente, de la que era titular el actual presidente del PP, Ignacio Diego. El acuerdo introducía en Cantabria el sistema de financiación estructurada en el que tanta confianza ha puesto el Gobierno actual, “pero mal realizado”, en opinión del consejero de Economía, Angel Agudo, que lo considera “leonino”.
La planta tenía un costo de 42,6 millones de euros, de los cuales Urbaser sufragaba el 75% y el 25% restante lo ponía el Gobierno regional, con financiación de la Unión Europea. La empresa del grupo Dragados obtenía los derechos de explotación durante 35 años y la autonomía le pagaría un canon anual que la resarcía del coste financiero de la operación, el de gestión de las basuras y el de amortización de la planta.
El actual Gobierno cree que la financiación es mucho más barata ahora de lo que en su día la obtuvo el grupo Dragados y, por tanto, si la compañía constructora y gestora le cede el crédito –lo que resultaría neutro para sus intereses– calcula poder rebajar el coste final hasta en un 10%, tanto por el descenso en el tipo de interés como por la desaparición de la amortización.
El tercer concepto que engloba el canon pagado a Urbaser (unos 10 millones de euros al año) es la gestión propiamente dicha, pero tampoco en este caso el Gobierno está satisfecho con los términos que se pactaron.
“El contrato está tan mal hecho, que se paga por toneladas de basura entradas a la planta (antes del triaje). De esta forma, si se enviasen directamente desde los muelles de entrada al vertedero, sin valorizar, tendríamos que pagar exactamente lo mismo”, se queja el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín.
La Consejería no duda de la buena voluntad de la concesionaria en este sentido, pero insiste en que la filosofía del contrato es la de minimizar los residuos que no se tratan y, en cambio, en el contrato no solo no hay incentivo para conseguirlo, sino que lo más beneficioso para la adjudicataria sería hacer exactamente lo contrario.

Imposible equiparar las tasas a los costes

El elevado costo de la planta de Meruelo ya se convirtió en una preocupación del anterior Gobierno, que después de refinanciar la Empresa de Residuos para evitar su quiebra se encontró con un segundo problema más grave aún tras la puesta en marcha de la incineradora. El contrato firmado por José Luis Gil con Urbaser volvía a colocar sistemáticamente en quiebra a la Empresa de Residuos de Cantabria, refundada por el Gobierno PSOE-PRC con el nombre de Mare, ya que echaba sobre los hombros de la empresa pública la responsabilidad de los pagos, sin habilitar los recursos económicos para poder hacerlo. Aunque Mare hubiese percibido, como parecía lógico, las tasas que pagan los ayuntamientos al Gobierno por la gestión de las basuras, la cantidad a abonar era disparatadamente superior.
El problema afloró públicamente al denunciar el presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, la subida de la tasa sobre residuos sólidos urbanos para este año en un 20%. Agudo salió inmediatamente al paso y aseguró que si se descontaran las condiciones «nefastas, firmadas, negociadas y acordadas por el anterior Gobierno», el coste por la prestación de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sería de 41 euros por tonelada. Una cifra «muy cercana» al canon establecido en la Ley de Presupuestos.
El problema para el Gobierno regional no sólo es económico. La Unión Europea establece que en el año 2010 el pago por los ciudadanos de los servicios de recogida de residuos tiene que ser equivalente al coste que tiene para la Administración. «Nos hemos visto obligados a subir esta tasa de manera significativa año a año, y podíamos estar muy cercanos ya al coste real del tratamiento de esta basura”, lamenta el responsable de Economía.
La tasa de basuras que cobra el Gobierno se sitúa en 31,81 euros por tonelada, muy por encima de los 17,57 euros que impuso el PP en su último año de Gobierno (2003) pero aún a una distancia abismal del precio real, y las posibilidades de equiparamiento a corto, medio o largo plazo son nulas.

Cambio tecnológico

Durante los diez años que el proyecto de Urbaser estuvo en un cajón cambiaron muchas cosas, entre ellas la propia idea de la planta. A pesar de que en su día tanto la adjudicataria como el consejero Gil ponderaron la eficacia del horno de lecho fluido para la incineración, frente a las críticas de los ecologistas, la realidad es que la planta que finalmente se construyó se olvidó del lecho fluido y utiliza parrillas.
Si el tiempo sirvió para cambiar el concepto tecnológico, no se aprovechó, en cambio, para ajustar las previsiones sobre las necesidades de tratamiento y cuando se abrió la planta ya se quedaba corta para hacer frente a los periodos en los que se genera más basura, como el verano, lo que obliga a enviar parte de ellas desde el triaje, directamente, al vertedero de cola, al igual que ocurre durante el mes que la incineradora deja de funcionar, cada año, para mantenimiento. Esto provoca un sobrecoste añadido de 2,5 millones de euros en la gestión del vertedero de cola, que realiza otra empresa, y reduce el horizonte temporal de este depósito. Si en su día se estimó que después de la selección de las basuras y de la incineración de las no recuperables, apenas llegarían al vertedero un 20% de las basuras que entran en Meruelo, la realidad es que se depositan 100.000 de las 253.000 recepcionadas, un 40%.
Además del canon que cobra al Gobierno, Urbaser se queda con las utilidades de la energía eléctrica producida por la planta, de 10 Mw de potencia, que vende a la red, con unos ingresos muy significativos. No obstante, la evolución de las tarifas eléctricas no ha sido pareja a las expectativas del contrato y la empresa no sólo no parece dispuesta a renegociar a la baja las condiciones pactadas, sino que pide una revisión al alza para compensar la diferencia en los ingresos eléctricos.
En estas condiciones, la Consejería de Economía ha calculado que “si no somos capaces de renegociarlo, este contrato le va a costar a los ciudadanos de Cantabria 900 millones de euros en los próximos 35 años». Una cifra que un ex alto cargo de Medio Ambiente no dudó en calificar como “la ruina de la autonomía” cuando fue conocedor de ella.