Las preocupaciones de Caja Cantabria:

Desde el primer consejo de administración de la nueva Caja Cantabria, el centro de atención no ha estado en las condiciones de la fusión con otras entidades, ni en las gestiones de Liberbank para encontrar nuevos aliados ante las mayores exigencias de tamaño del Banco de España; lo realmente importante parece ser quién debe ocupar el puesto que tiene la Caja en el consejo de Liberbank, un cargo que, paradójicamente, va a desaparecer con la nueva fusión.
La llegada del exsecretario general de CC OO en Cantabria Javier Puente al consejo de administración de la Caja a propuesta del PP ha agitado las aguas de la entidad, donde el pacto a tres bandas PP-PSOE-PRC había garantizado más de una década de sosiego. Puente, nombrado secretario general del consejo, se ha convertido en el ariete del grupo que controlan los populares, más o menos la mitad del consejo, y ha asumido el protagonismo en las reuniones, muy por encima del nuevo presidente, Eduardo Zúñiga. Y desde el primer consejo ha polarizado los órdenes del día en una dirección muy concreta: la sustitución de Enrique Ambrosio Orizaola como presidente de la Caja primero y, más tarde, como vicepresidente de Liberbank.
El hecho de que Ambrosio esté nombrado para un periodo de seis años crea serias dudas sobre la posibilidad de removerle en el cargo, y las partes enfrentadas han acudido a sendos informes legales que, como suele ser habitual, han dado la razón, en cada caso, a quien lo encargó. En el pacto de fusión con Caja Astur y Caja Extremadura en Liberbank se establecía que el servicio jurídico del banco podría ser utilizado por los socios, por lo que, ante las contradictorias versiones, se buscó esta nueva vía para aclarar si Ambrosio podía ser sustituido por la Caja cántabra, en lugar de tener que buscar la preceptiva mayoría en la junta general de Liberbank. Los juristas del Banco se han limitado a responder “no”, pero esta decisión no la supieron los consejeros de la Caja de forma directa, sino a través de una filtración periodística, lo que ha provocado un importante malestar entre sus integrantes, dado que la respuesta sólo la conocían dos miembros de su entidad, el presidente y el secretario general.
A pesar de que del informe de Liberbank se deduce que la pérdida de confianza –el argumento esgrimido por Puente y Zúñiga– no figura en las cláusulas de fusión como motivo para la remoción de un consejero de Liberbank y de que el último consejo de la Caja de nuevo fue incapaz de dar una solución al polémico asunto, el sector próximo al PP ha decidido volver a tratarlo en el próximo consejo y llevarlo, incluso, a la junta de Liberbank, donde no tiene posibilidades reales de conseguir su propósito.
No obstante, el banco tiene otros motivos de preocupación de bastante más peso que lo que ocurra en Cantabria. La fusión con Ibercaja y Caja3, anunciada para el 29 de septiembre, ha tenido que ser aplazada, ya que hasta ese mismo día no se han conocido los resultados de los decisivos test de estrés que ha realizado la consultora Oliver Wyman a la banca española. Y los resultados, aunque no son muy distintos de los esperados, dejan muchas dudas sobre la fusión a tres bandas que estaba planteada, ya que la entidad resultante, Iberbanco, necesitaría 2.108 millones de euros de ayuda pública para garantizar su solvencia en el escenario económico más adverso.
Fuentes cercanas a la operación ya advertían, antes de conocer las conclusiones, que probablemente no sería posible la fusión a tres bandas, pero sí a dos, dando por hecho que el grupo Caja3 tiene una situación más delicada que los otros dos socios. No obstante, aún no se puede dar por perdida, ya que el Ministerio de Economía va a hacer todo lo posible por evitar que más entidades pasen al sector público (el destino inevitable en ese caso para Caja 3 y quizá para Liberbank) y parece dispuesta a admitir una operación previa de saneamiento individual para que vuelvan después a la fusión prevista.
Mientras se construye este complejo puzzle, los consejeros de Caja Cantabria no parecían especialmente preocupados por lo que pueda ocurrir con sus acciones en Liberbank, que según Wyman necesita por sí solo 1.198 millones de euros, buena parte de ellos por la situación previa de Caja Cantabria, que era la entidad más débil de las tres asociadas. Incluso en el caso de que continúe la fusión con Ibercaja, lo probable es que esta entidad aragonesa, que no necesita recapitalización, obligue a reformular el reparto de acciones, ahora que sabe que sus futuros socios están peor de lo que decían y la entidad cántabra tendría que olvidarse de tener el 6,37% previsto del banco resultante (Iberbanco), un porcentaje muy generoso para su aportación real, según se deduce de los nuevos datos.
Frente a esta preocupante realidad o el brusco descenso de los beneficios de su nuevo grupo, el consejo de Caja Cantabria concentra su atención en debatir si debe ser Ambrosio el representante en Liberbank o si son legales las dietas que cobra como vicepresidente del banco (unos 78.000 euros brutos al año). Un debate doblemente paradójico, puesto que la Caja dejará de tener representación en el consejo una vez se produzca la fusión, lo que en teoría debe producirse en unos meses, y por la cuantía de las dietas. En Liberbak se han impuesto los criterios de remuneración de Cajastur, muy morigerados en comparación con el resto de la banca y con la propia Caja Cantabria. El presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, por ejemplo, sólo cobra el 40% de los 420.000 euros que cobró el último año Javier Eraso, el último director general de la caja cántabra.
El permanente debate en torno al cargo de Ambrosio empieza a crear una sensación incómoda en la mayoría de los consejeros y uno de ellos, el representante de UGT, ha anunciado públicamente su decisión de abandonarlo, al considerar que el rumbo que ha tomado con el PP es muy poco profesional. Una decisión que sin embargo reforzará la mayoría de este partido, ahora precaria, dado que sólo podía imponerse cuando sumaba el voto del representante de CC OO, Vicente Arce, que en este asunto ha venido secundando las propuestas de Javier Puente.
El consejo de la Caja apenas tiene competencias desde que la entidad traspasó su negocio financiero a Liberbank y su único papel es administrar el rendimiento de sus acciones en este banco y canalizarlo hacia la Obra Social. Una actividad para la que no hace falta un consejo tan numeroso, ni mucho menos una Comisión de Control –cuyo papel ahora es muy difícil de entender– ni una asamblea general de cien miembros.
Caja Cantabria es ahora una mera marca comercial, la que emplea Liberbank en la región, y como entidad jurídica está reducida a la Obra Social, que pasa por momentos financieros delicados y acaba de despedir a 23 trabajadores, más de la mitad de su plantilla, compuesta por 44 personas.