Una herramienta más para luchar contra el desempleo

Encontrar empleo se ha convertido en una necesidad acuciante, más aún cuando el desfase entre oferta y demanda de trabajo es tan abismal como el que hay en España, con 5,2 millones de parados.
En su búsqueda de soluciones para aumentar las posibilidades de contratación, el Gobierno de Zapatero ya le abrió a las agencias privadas de colocación un territorio que era monopolio de los servicios públicos de empleo, el de la intermediación en el mercado laboral. Pero con la reciente reforma del mercado de trabajo, el Partido Popular ha dado un paso más en la incorporación de la iniciativa privada a los procesos de gestión del empleo. Desde el pasado mes de febrero, las empresas de trabajo temporal ya no tienen que constituirse como agencias para intermediar en el mercado laboral sino que pueden, como tales ETT’s, ejercer también como Agencias Privadas de Colocación. Se abre así la puerta a un nuevo actor en los procesos de selección, recolocación y orientación laboral.
Unos servicios públicos desbordados

La magnitud del problema, ante una escalada del paro sin precedentes, situaba a la administración pública ante una disyuntiva: o dotaba de más medios a estos servicios públicos o se apoyaban en la iniciativa privada, en línea con lo que ocurre en otros países europeos.
La opción elegida fue buscar nuevos agentes de intermediación y el primer paso lo dio el PSOE en diciembre de 2010, con un Real Decreto que permitía la creación de agencias privadas de colocación como entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo. Su aportación a la recolocación de los desempleados sería financiada con dinero público, del Estado o de las comunidades autónomas.
La acogida que tuvo esta iniciativa fue tan positiva que más de 160 entidades llegaron a ser autorizadas por el Ministerio de Trabajo y las autonomías que tienen transferidas las políticas activas de empleo. Sin embargo, la colaboración no llegó a cuajar ya que no se firmaron los convenios con las servicios públicos de empleo, ante la falta de recursos de la Administración. Tampoco se precisaron las tareas que se querían externalizar. Esta incertidumbre llevó a la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) a marcar un compás de espera antes de solicitar los permisos pertinentes para constituirse como agencias privadas de colocación. En cualquier caso, las ETT’s, salvo alguna excepción, preferían utilizar sus estructuras ya existentes para colaborar con los servicios públicos de empleo, sin tener que constituirse en agencias.
Esa opción es la que ha venido a reconocer el Partido Popular, que ha profundizado en la privatización de esos servicios, aprovechando su polémica reforma laboral.
Desde su irrupción en España y hasta la reforma laboral, las ETT’s solo podían poner a disposición de una tercera empresa, y con carácter temporal, a trabajadores que ellas habían contratado previamente. Ahora, los servicios públicos pueden subcontratar para las búsquedas de empleo a las agencias de colocación de las ETT’s, que a partir de este Decreto-Ley no necesitan crear una entidad ad hoc.
A favor de una mayor participación de agentes privados en la recolocación de los desempleados se esgrime su mayor eficacia en esta búsqueda. Según los datos ofrecidos por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal, en España hubo 14,5 millones de colocaciones el año pasado, de las que sólo 359.000 fueron realizadas por los Servicios Públicos de Empleo (el 2,5% del total). Por contra, las ETT’s alcanzaron los dos millones de contratos, el 14% del total.
Estos datos son matizados por los sindicatos que advierten que dos millones de contratos no significan dos millones de puestos de trabajo, puesto que un mismo empleado puede tener varios contratos en solo un mes. Apuntan también a que las ofertas que llegan al INEM son en la inmensa mayoría de los casos marginales, ya que no exigen ninguna cualificación. Las cualificadas suelen canalizarse a través de colegios profesionales o de anuncios en prensa o es la propia empresa demandante la que gestiona esa búsqueda.

Una decisión controvertida

Las razones para cambiar el sistema de intermediación laboral, rompiendo el monopolio del sector público, se sintetizan en el preámbulo del Real Decreto Ley de febrero. Por un lado, se argumenta la insuficiencia de los servicios públicos de empleo y el hecho de que en otros países europeos no es infrecuente que las ETT’s actúen como agencias de colocación. Por otro, se subraya el papel dinamizador del empleo que tienen estas entidades.
Aunque todas esas razones sean ciertas, es evidente que si la eficacia de los servicios públicos de empleo es cuestionable, sobre todo en una situación con cifras históricas de paro, siempre cabe la opción de reforzarlos. Según los sindicatos, estos servicios parten de un déficit notable en recursos humanos que los sitúa a la cola de Europa. Tampoco creen que esté demostrado que la actuación de agencias privadas vaya a contribuir a dinamizar el empleo o a disminuir la precariedad de las contrataciones laborales.
Algún experto en Derecho del Trabajo apunta que, en la medida en que nuevas entidades intervengan en las labores de intermediación laboral, se complica el control para que no se vulneren principios básicos de esa actuación, como el respeto a la intimidad del trabajador o la no discriminación. De ahí la importancia de la fiscalización que los servicios públicos hagan de las tareas que se encomienden a estos colaboradores privados.

Esperando la regulación

Al margen de estas matizaciones, lo cierto es que, como dice Luisa Reguero, directora de Nexian en Cantabria, “con esta nueva regulación se potencia la colaboración entre el sector público y el sector privado en la lucha contra el desempleo, aunque todavía quedan flecos, como las limitaciones que no permiten trabajar en todas las áreas”. De hecho, aunque la gestión de las ETT’s en España está completamente afianzada, todavía no pueden actuar en determinados sectores, como la construcción, la sanidad o la Administración pública.
Con esta nueva normativa se reconoce también a las ETT’s un mayor protagonismo en las labores de reorientación y recolocación de empleados (outplacement). Las empresas de trabajo temporal ocuparán así un rol social ante los trabajadores que se queden en paro tras estar mucho tiempo en la misma empresa. Tras la reforma laboral podrán aconsejarles, plantearles acciones formativas, trabajar con ellos en el curriculum vitae o preparar su entrevista de trabajo.
Abierta la puerta a la intervención de las empresas de trabajo temporal en las labores de intermediación, falta por establecer el marco que regule cómo se va a llevar a cabo esta tarea. Una concreción de la que dependerá el éxito de esta iniciativa en un momento en que todos los medios para luchar contra el desempleo son pocos.
Jesús Polvorinos